Caciques y sus gatilleros toman la alcaldía de Quetzaltepec-Mixe

El 11 de junio, Gregorio Ramírez Aguilar y un grupo de seguidores tomaron con lujo de violencia el palacio municipal de San Miguel Quetzaltepec-Mixe, en el noreste de Oaxaca, dejando un saldo de diez heridos, varios de ellos de gravedad. Al filo de las 6 de la tarde, treinta hombres se instalaron con armas de fuego en el palacio municipal y otros lugares céntricos como el templo católico, las escuelas secundaria y primaria, el centro de educación preescolar, el mercado y los contornos del auditorio. Se destruyeron aparatos de sonido, se quemaron los papeles del ayuntamiento, se robaron los instrumentos de trabajo de la sindicatura y desmantelaron la cárcel municipal. Se cuenta que el grupo armado tiraba piedras sobre el techado de las casas provocando que saliera la gente para tirotearla.

Aunque desde 1998 las instituciones comunitarias y los comuneros y comuneras del municipio de Quetzaltepec sufren una serie de atropellos, el episodio descrito comenzó con la imposición de Gregorio Ramírez Aguilar como presidente municipal en las elecciones de noviembre de 2001. Pese a las irregularidades en la elección, el Instituto Estatal Electoral le extendió constancia de mayoría, que fue avalada por el Congreso de Oaxaca y en cambio, Filomeno Rojas Espinoza, el candidato triunfante electo en asamblea por aplastante mayoría, fue desconocido por las instancias electorales oaxaqueñas.

El descontento popular fue tan grande, que se integró de inmediato un cabildo en resistencia encabezado por Filomeno Rojas Espinoza que mantuvo el palacio municipal como sede de sus funciones de gestión.

Gregorio Ramírez Aguilar tomó posesión en casa de Gabino Sánchez Vásquez, el presidente municipal saliente, y ahí "despachó" desde noviembre de 2001 hasta el día de la toma violenta del palacio, sin que esto signifique que haya gobernado. No obstante, ha recibido los recursos municipales que el estado de Oaxaca asigna vía el Ramo 33 y el Ramo 28, sin que estos recursos se hayan transferido a las agencias de San Juan Bosco Chuxnaban y Santa Cruz Condoy, y sin que la población reciba beneficio alguno de éstos.

El cabildo en resistencia ha gobernado en los hechos, a pesar del desconocimiento estatal, y ha hecho sus gestiones con la sola aportación de los comuneros y comuneras.

Lo cierto es que la toma del palacio municipal rompió el frágil equilibrio. Las escuelas no pueden funcionar, pese a estar por terminar el ciclo escolar 2001-2002, y la amenaza de la violencia pende sobre Quetzaltepec.

Ante el riesgo de la confrontación, y "dado que para caminar hacia una verdadera distensión se requiere una forma de representación política y legal mínima, tal como lo establece la Ley Orgánica Municipal" la asamblea en resistencia propuso, como última alternativa, la integración y reconocimiento de un Concejo de Colaboración Municipal. Para este grupo, mayoritario en Quetzaltepec, "en una comunidad dividida y confrontada, es preciso crear los canales políticos y legales a fin de construir poco a poco una solución integral a través del diálogo y la reconciliación", y la distensión de los grupos confrontados, al tiempo de buscar los mecanismos para lograr "un contexto de normalidad" y atender las necesidades y de servicio a la ciudadanía mejorando "los servicios comunitarios, fortaleciendo el tequio, el servicio comunitario y la filosofía y pensamiento comunal". Además han interpuesto una demanda a las autoridades de Oaxaca, quejándose deque "no haya la capacidad ni la voluntad desde las instancias estatales competentes para poner un alto a las actitudes de violencia, despotismo y autoritarismo generados por Gregorio Ramírez Aguilar y Gabino Sánchez Vásquez".
 

Una historia de imposiciones

Los problemas político-electorales comenzaron en noviembre de 1998 cuando se "disolvió" la asamblea y con recursos del programa de empleo temporal se respaldó la candidatura de Gabino Sánchez Vásquez, que resultó electo como presidente municipal en forma ilegal e ilegítima en diciembre de ese año. Sánchez Vásquez implementó de inmediato una política de confrontación y división comunitaria pues minó las estructuras de la comunidad, destituyó al Comisariado de Bienes Comunales, e integró a escondidas una averiguación previa contra el ex alcalde Celso Pérez Vásquez por el presunto delito de homicidio. Éste fue aprehendido y pese a que la comunidad juntó fondos para lograr su liberación, mismos que le entregaron al nuevo presidente para que agilizara los trámites, éstos no se llevaron a cabo.

Al confirmarse que él mismo, junto con el delegado de gobierno en el Distrito Mixe (Floriberto Vásquez) había promovido el encarcelamiento del ex alcalde, la comunidad lo acusó de robo y malversación de fondos, la situación hizo crisis y lo desconocieron. Pese a lo anterior fue impuesto de nuevo desde las estructuras de la diputación priísta en Oaxaca y comenzó una era de persecución (entre 1999 y 2001) en contra de muchos comuneros y de maestros de educación indígena. Hubo numerosos enfrentamientos que dejaron un muerto y cinco heridos de bala. Sánchez Vásquez siguió rompiendo el sistema de cargos al asignar salarios a sus topiles, a los mayores y a todo su cabildo sin la consulta a la comunidad. Engañó y dividió a las agencias municipales y emprendió confrontaciones con los colindantes municipales de Quetzaltepec. Varios de sus topiles y mayores cometieron delitos graves contra comuneros y comuneras como asaltos, violaciones y lesiones sin que se haya investigado nada. Uno de sus últimos atropellos, a decir de la población, fue imponer como presidente municipal a Gregorio Ramírez, con las consecuencias antes señaladas.
 
 

Todo sigue en suspenso

A mediados de julio se había logrado el reconocimiento del Concejo de Colaboración Municipal, pero su labor conciliatoria no será posible sin la intervención decidida del gobierno del estado, que por un lado se lamenta de la explosividad de los conflictos comunitarios y por otro, no parece prestar atención ante una situación de ilegalidad y violencia cobijada desde algunas instancias de su gobierno.

Según información proporcionada por la Red Mexicana de Plantas Medicinales y Aromáticas y la Red Iberoamericana para el Comercio Justo de Plantas Medicinales, existe la intención, por parte de las transnacionales de la industria farmacéutica, de presionar a nivel nacional e internacional para homologar el registro de productos herbolarios en Latinoamerica en relación a los criterios vigentes en Estados Unidos y Europa. Se trataría, afirman estas redes, de eliminar la posibilidad de acceder al registro basándose en el conocimiento tradicional o popular como ocurre actualmente en varios países, incluyendo México, de tal manera que sólo existan dos categorías: medicamentos herbolarios y suplementos o complementos alimenticios.

De llegarse a aprobar esto entonces se generará un gran impacto en la industria nacional de productos herbolarios y la posibilidad de persecución a médicos tradicionales, promotores de salud y tiendas naturistas que actualmente usan o venden derivados de plantas medicinales basados en el conocimiento tradicional.

Lo que se pretende, afirma Miguel Ángel Gutiérrez, coordinador de ambas redes, "es que sólo sean válidos los datos o la información generada por la investigación científica de Universidades, Institutos y centros de investigación principalmente extranjeros". En este sentido, sería muy importante defender el actual reglamento de insumos de salud (decretado en 1998) que considera los "remedios herbolarios" como una categoria factible de usar para el registro de productos derivados de plantas medicinales.

En una situación de prohibición o restricción de 85 plantas medicinales en México, parece probable que la homologación se extienda también a la práctica médica misma, lo que acarrearía graves consecuencias en la atención a la salud en vastas zonas del país y en la pérdida o deterioro de los saberes asociados a múltiples plantas.

Movimiento contra la privatización de la vida y el saber tradicional
 

Desde hace varios años el saber tradicional que sobre la madre Tierra, la agricultura y el uso curativo de plantas y animales han construido a lo largo de milenios las comunidades indígenas de todo el mundo, es cuidadosamente rastreado, registrado y aprovechado en forma privada por universidades y empresas multinacionales, principalmente por aquellas abocadas a la producción de granos, fertilizantes y farmacéuticos.

Los ingresos por la obtención subrepticia o encubierta de dichos saberes son inmensos y son las grandes compañías farmacéuticas las que mayores ganancias han acumulado en los últimos lustros. A las órdenes de empresas como Pfizer, Glaxo, Syngenta, DuPont y otras más, varios Estados han aprobado legislaciones que permiten patentar códigos genéticos y variedades biológicas a nombre de dichas empresas o universidades.

La biopiratería, el robo de la biodiversidad y del conocimiento tradicional ligado a las comunidades indígenas, su apropiación privada mediante los sistemas de patentes, constituye una preocupación mayúscula de los movimientos indígenas americanos. En México, tal situación, más la introducción de maíces transgénicos que amenazan la diversidad de semillas nativas, genera alarma en numerosas comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y de la sociedad civil.

El Decreto que prohíbe o restringe la utilización de 85 plantas medicinales de consumo cotidiano y con importantes propiedades curativas, emitido por el Ejecutivo Federal hace más de dos años, aglutinó en los últimos meses a gran número de comunidades indias y organizaciones de médicos tradicionales, de manera horizontal y sin mucho formalismo. En los últimos días de abril, realizaron un primer encuentro En Defensa de la Medicina Tradicional en la comunidad purhépecha de Cherán y después otro más en la comunidad, también purhépecha, de Caltzontzin, cuya Declaración se reproduce líneas abajo.

En sólo dos meses se han sumado comunidades y organizaciones que en su discusión y en sus demandas incorporan cuestiones de naturaleza común: defensa de la madre tierra, protección de los territorios comunales, exigencia de reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indios, rechazo contundente a la biopiratería, a la introducción de maíces transgénicos y a las políticas oficiales que prohíben el uso de plantas o reducen arbitrariamente el ejercicio de la medicina tradicional con el claro fin de favorecer a empresas transnacionales.

Es la gestación de un movimiento con múltiples caras, político pero apartidista, que se esparce por muchas geografías y que, sumado a otros movimientos, es expresión de una resistencia colectiva e individual, invisible todavía.

Convocados y reunidos en la comunidad purhépecha de Caltzontzin, mujeres y hombres pertenecientes a pueblos, comunidades indígenas y organizaciones de médicos tradicionales, y de la sociedad civil.

Preocupados ante las políticas y leyes del Estado mexicano que empujan a la destrucción de las comunidades indígenas del país, de sus derechos, de su cultura, saber tradicional, territorios y recursos naturales.

Resueltos a frenar la bioprospección y la biopiratería en tierras y territorios indígenas, la introducción de maíces transgénicos, la aplicación de planes como el Puebla-Panamá (abocados al saqueo de los recursos de la Nación), las políticas neoliberales que se traducen en mayor pobreza para los que de por sí somos pobres.

Firmes en la lucha porque se reconozcan la personalidad y derechos fundamentales de los pueblos indígenas del país en la Constitución federal como punto central para establecer una nueva relación con el Estado mexicano.

Denunciando que el gobierno federal aplica políticas tendientes a debilitar el ejercicio de la medicina tradicional, tales como el Acuerdo del 7 de diciembre de 1999 que prohíbe el uso de 85 plantas medicinales, con el fin de favorecer a un reducido número de empresas farmacéuticas que, al cobijo del Estado mexicano, se enriquecen a nuestra costa.

Reafirmando que seguiremos ejerciendo nuestra autonomía y libertad fundamental como comunidades indígenas, organizaciones e individuos para practicar la medicina tradicional y cualquier otra práctica médica y curativa, con independencia del mercado e intereses de las grandes empresas farmacéuticas, hemos acordado una segunda declaración en defensa de la medicina tradicional.
 

Uno. Nos oponemos a todas las políticas de gobierno arriba enunciadas, a la prohibición decretada por el gobierno federal el 7 de diciembre de 1999 y a cualquier otra prohibición en el uso de nuestras plantas medicinales y en el ejercicio libre de la medicina tradicional por parte del pueblo de México.

Dos. Los firmantes nos declaramos en justa y legítima rebeldía contra todas las prohibiciones existentes o que en lo futuro se decreten en el uso de nuestras plantas medicinales y en el ejercicio libre de la medicina tradicional.

Tres. Hemos decidido realizar el Foro Nacional en Defensa de la Medicina Tradicional que tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2002 en la comunidad ñahñu de San Pedro Atlapulco, municipio deOcoyoacac, estado de México, convocando a los pueblos y comunidades indígenas, organizaciones de médicos tradicionales, grupos de salud y de la sociedad civil de todo el país.

Cuatro. Denunciamos la ilegal negativa del Instituto Nacional de Migración para la internación a nuestro país de cinco delegados del Movimiento Indígena Tawantinsuyu del Perú con el fin de participar en este Segundo Encuentro y preguntamos a la sociedad civil nacional e internacional si realmente existe una transición democrática en este país.