En el reclamo de los derechos de los pueblos indígenas de México los territorios ocupan un lugar especial. La tierra y sus recursos naturales, la relación simbólica que guardan con ella, sus lugares sagrados e históricos y los mitos de origen constituyen el espacio concreto donde los pueblos indígenas existen y crean sus estructuras sociales, políticas, económicas y culturales, dándoles identidad y diferenciándolos del resto de la sociedad. El control de sus territorios constituye la posibilidad de mantenerse y desarrollarse sin dejar de ser lo que son. Por eso, cuando se ven amenazados por agentes externos, responden de manera unitaria, olvidando conflictos internos, construyendo argumentos que se apoyan en la posesión histórica, títulos primordiales, resoluciones presidenciales, sentencias de los tribunales agrarios.

Desde el gobierno se adoptan varias posiciones. Una pretende minimizar los problemas reduciendo los reclamos de control territorial a un asunto agrario por la tenencia de la tierra, lo que de principio reduce toda posibilidad de arreglo constructivo, y genera problemas más complejos; otra los ubica como conflictos intercomunitarios, donde las comunidades mantienen añejas disputas por espacios improductivos "porque les gusta pelear" y "así son por naturaleza". Estas posturas, además de racistas, son equivocadas porque atienden a la superficialidad del problema y no al fondo. Cuando las comunidades indígenas luchan por sus espacios territoriales no pelean sólo un espacio de tierra donde sembrar o colocar una casa para vivir. Defienden sobre todo su derecho a ser, a vivir como colectivo humano, a mantener el control sobre su vida comunitaria y, en un sentido más amplio, a decidir su futuro. Pelean por su autonomía.

Contra estos propósitos se mezclan intereses gubernamentales que buscan controlarlos. Si las comunidades logran su propósito debilitan las bases corporativas sobre las que descansa el poder. Por eso cada que pueden, los gobiernos ignoran o esquivan el problema. Cuando esto no es posible ponen a pelear a las comunidades entre ellas, generándoles problemas. Entre éstos, los agrarios. La negativa a que las comunidades controlen su vida interna y su futuro muchas veces no viene sólo del gobierno. También algunas organizaciones independientes consideran que al fortalecerse las estructuras comunitarias perderán clientela y espacios de negociación frente al gobierno, por eso pocos esfuerzos reales hacen por la solución de los problemas.

Un caso específico es el territorio mixteco, unos 40 mil kilómetros cuadrados repartidos entre Guerrero, Puebla y Oaxaca, de los cuales a este último corresponden 18 759 km². Administrativamente el territorio mixteco se divide en 179 municipios, de los cuales trece se ubican en el oriente de Guerrero, diez en Puebla y 156 en el oeste de Oaxaca.

En la Mixteca oaxaqueña, si tomamos como base los siete distritos con más población indígena --Coixtlahuaca, Huajuapam, Juxtlahuaca, Nochixtlán, Silacayoapan, Teposcolula y Tlaxiaco-- encontraremos que de los 156 municipios concentrados en estos distritos 139 tienen propiedad social (el 89.26%). La tierra de estos municipios se divide en 288 núcleos agrarios, 53 ejidos y 235 comunidades agrarias. Lo anterior nos dice que la identidad comunitaria es muy fuerte y más en relación con la tierra.

En este espacio se localizan 167 de los 656 conflictos agrarios registrados por el sector agrario en Oaxaca y siete de los denominados por el gobierno como "de atención especial". Si para que exista conflicto entre comunidades agrarias deben estar enfrentadas al menos dos de ellas, entonces los conflictos mencionados involucran al menos a 332 comunidades indígenas repartidas en 130 municipios de los 156 que componen el territorio. En conjunto estas comunidades se disputan alrededor de 97 909 hectáreas del territorio mixteco. La situación no es halagüeña, pues alrededor del 52% del territorio mixteco vive en constante inestabilidad social debido a la disputa por los espacios territoriales, que involucran al 22% de las comunidades que lo integran.

Los datos oficiales revelan que la mayoría de conflictos llevan unos 40 años de existencia (el de menos tiempo tiene 5 años y el más antiguo unos doscientos años, con algunas excepciones que remontan sus orígenes a antes de la llegada de los españoles, como Santiago Amoltepec y sus vecinos, en el Distrito de Sola de Vega; o durante los primeros años de la independencia, como el de San Miguel Cuevas y Santa Catarina Noltepec, o las comunidades triquis contra pequeños propietarios y comunidades mestizas, en los distritos de Tlaxiaco, Putla y Juxtlahuaca).

Siete conflictos de los denominados por el gobierno como de atención especial se ubican en territorio mixteco: San Miguel Tecomatlán contra San Francisco Jaltepetongo, y Santa Cruz Mitlatongo contra Santiago Mitlatongo en el distrito de Nochixtlán; las comunidades del municipio de Tlaxiaco contra sus colindantes --Magdalena Peñasco, San Miguel el Grande, Santa Cruz Nundaco, San Juan Mixtepec y Santa María Cuquila--, Chalcatongo contra Santo Domingo Ixhuatán, San Pedro Yosotato y San Sebastián Nopalera pertenecientes a los distritos de Tlaxiaco y Putla, respectivamente; San Juan Copala en la región triqui contra comunidades mixtecas y pequeños propietarios, San Miguel Cuevas contra Santa Catarina Noltepec, en Juxtlahuaca; Santiago Amoltepec contra sus vecinos en Sola de Vega. En todos estos casos la tierra ha sido regada con sangre sin que exista una certeza de cuando dejará de correr.

Una característica de estos conflictos es que en su mayoría cuentan con una situación jurídica solucionada, que no admite más recurso legal y por lo mismo deberían estar resueltos. No lo están porque los órganos encargados de ejecutar las resoluciones no lo han hecho, contribuyendo con ello a la inseguridad jurídica y la inestabilidad política; es el caso de Santa Catarina Yosonotú contra Santa Lucía Monteverde, San Pedro Yosotatu contra San Sebastián Nopalera y San Miguel Cuevas contra Santa Catarina Noltepec. Otros tienen como origen límites de tierras, despojos o invasión. Se trata de conflictos añejos, algunos con siglos de existencia, derivados de causas sociales, como el aumento de la población y la demanda de espacios para asentamiento, pero también por causas culturales ligadas a la relación simbólica entre la tierra y los pueblos que no se tomaron en cuenta a la hora de la titulación.

Hay también intereses políticos de diversa índole. Algunas autoridades de los tres niveles de gobierno tienden a manejar los conflictos en lugar de solucionarlos porque les permite negociar con sus opositores. Hay organizaciones políticas, oficiales y oficiosas, que tienden a mantener un conflicto para asegurarse seguidores. Hay la perseverancia de las comunidades por preservar su autonomía. Entre las organizaciones encontramos oficiales y oficiosas, como la Organización de Autoridades Municipales y de Pueblos Indígenas de la Mixteca; de "izquierda", como la Unión Campesina Democrática (UCD), ligada al Partido de la Revolución Democrática, o independientes como el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). Las luchas por la tierra en la Mixteca oaxaqueña como en la mayor parte del territorio, también son luchas por el territorio y el poder.

La situación de los conflictos agrarios debería llevar al Estado a dejar de ver el asunto como otro cualquiera y a asumir una estrategia que desactive su explosividad atacando las causas de fondo que los provocan. Esa es su responsabilidad y no puede abdicar de ella dejando que los campesinos tomen justicia por propia mano.

Algunos pensarán que ganan echándole la culpa a otros, o a la pobreza ancestral. Ambas son posiciones que pueden desviar la atención y las culpas, pero no solucionan los problemas. Esos siguen ahí y si no se atienden la sangre puede seguir corriendo. Aunque ahora sólo salpique a algunos puede llegar el momento que nos manche a todos. Entonces podría ser demasiado tarde.