Ramón Vera Herrera. Valle del Anáhuac. En dos comunicados sucesivos, las representaciones agrarias y tradicionales de las comunidades indígenas del Distrito Federal y regiones aledañas, agrupadas en la Alianza de Pueblos Indígenas, Ejidos y Comunidades del Anáhuac, fijaron su postura ante lo que consideran una serie de atropellos a sus derechos colectivos, en el nivel nacional y a nivel regional y local. Esta toma de postura permite valorar la relación que guarda la aprobación de la llamada Ley Bartlett-Cevallos-Ortega (que no corresponde con los anhelos de las comunidades y organizaciones indígenas del país) con los embates que amenazan la estabilidad en una zona que con frágiles equilibrios resiste ante la ciudad más grande del mundo. En el nivel nacional, la Alianza de Pueblos Indígenas, Ejidos y Comunidades del Anáhuac puntualiza:
 

[...] Resulta evidente que la Ley Bartlett-Cevallos-Ortega sí es ilegal porque nunca se consultó para su creación y aprobación, en los términos que establece el artículo seis del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a nuestros pueblos y comunidades. [...] Dicha Ley formaliza la discriminación, el tutelaje y el saqueo de nuestras comunidades, anula derechos fundamentales conquistados por el movimiento indígena nacional y deroga prácticamente el Convenio 169 de la oit, contradice en lo sustancial el espíritu de los Acuerdos de San Andrés y es el mayor obstáculo para la paz justa y digna que todos buscamos.

[...] La Suprema Corte debe fallar favorablemente a los pueblos, municipios y comunidades indígenas, declarando anticonstitucional la Ley del 28 de abril de 2001 y ordenando la reposición del procedimiento de creación de la misma. Exigimos de este máximo tribunal una conducta a la altura de las actuales circunstancias políticas y sociales de la nación, exigimos que se pronuncie a favor del derecho y de nuestros pueblos.

La Alianza enfatiza la necesidad de un nuevo marco constitucional y legal, acorde a la Ley Cocopa y analiza la región en la que tiene su asiento social:
 

La región del Anáhuac no es ajena a la gran conflictividad agraria y de recursos naturales que viven las comunidades indígenas de todo el país, como tampoco es ajena a las erráticas políticas de gobierno, a las decisiones tomadas por jueces y magistrados venales, y al saqueo de las tierras y recursos naturales de carácter comunal.

Simplemente en la zona rural del Distrito Federal existen, sin involucrar expropiaciones y restituciones pendientes de ejecutar o resolver, trece conflictos por límites entre comunidades, que atañen a doce núcleos agrarios del Distrito Federal (once comunidades y un ejido), dos del estado de México (San Pedro Atlapulco y Xalatlaco) y una de Morelos (San Juan Tlacotenco, perteneciente a los bienes comunales de Tepoztlán).

La mayoría de estos conflictos fueron impuestos por el Gobierno Colonial Español y perpetuados hasta hoy por el Estado mexicano como táctica para debilitar la unidad política de las comunidades indígenas y favorecer el despojo de sus tierras y recursos naturales.

Los conflictos por límites en el Distrito Federal implican más de quince mil hectáreas (casi el 10% del territorio perteneciente a la entidad) e importantes terrenos de bosques de encino, pino y oyamel, donde existen importantes nacimientos de agua y una rica biodiversidad. Son terrenos con gran valor ambiental, apetecibles a los ojos de gobernantes corruptos, fraccionadores urbanos, invasores ilegales y capitales inmobiliarios.

En el Distrito Federal existen dos zonas de alta conflictividad: la Sierra Chichinautzin --las comunidades de Milpa Alta, San Salvador Cuauhtenco, San Francisco Tlalnepantla, Topilejo y San Juan Tlacotenco, y cerca de diez mil hectáreas de terrenos boscosos y agrícolas-- y la Sierra de las Cruces --San Nicolás Totolapan, Magdalena Contreras, San Mateo Tlaltenango, Santa Rosa Xochiac, Acopilco y San Pedro Atlapulco.

En La Marquesa, en el estado de México, existen fuertes conflictos por límites entre la Comunidad de Santa María Tepexoyuca y su anexo San Jerónimo Acazulco, y de éste último con la Comunidad de San Pedro Atlapulco. Dichos conflictos son muy antiguos y en ellos Acazulco nunca ha demostrado derecho alguno, y sin embargo el Poder Judicial sigue dando entrada a todos los juicios que periódicamente inicia y siempre pierde.

[...] Nuestras comunidades exigen la pronta resolución de todos los conflictos agrarios entre comunidades, anteponiendo la conciliación de intereses entre los núcleos en litigio.

La anterior situación se ha visto reforzada por la deficiente actuación que en materia forestal ha tenido el gobierno federal. Específicamente la subdelegada de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Distrito Federal, Norma Ruz, se ha abocado a tramitar e incluso a otorgar permisos forestales en tierras que se encuentran en conflicto o que no pertenecen a los núcleos que son titulares de permisos forestales. Tal es el caso del permiso expedido el año pasado a favor de la comunidad de Magdalena Contreras. Con la Norma Oficial Mexicana, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado cuatro de abril, se abre la posibilidad de otorgar permisos forestales sobre tierras que actualmente se encuentran en disputa.
 

No obstante que son escasas o nulas las políticas en materias de desarrollo rural y de pueblos indígenas originarios, por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador, hasta el día de hoy no ha querido escuchar a quienes tenemos la representación legal de gran parte de las comunidades indígenas del Distrito Federal, y sí en cambio sostiene frecuentes reuniones con los flamantes grupos empresariales (como Carso) que siempre han especulado con las tierras comunales de nuestros pueblos.

[...] Las políticas rurales impulsadas por la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenader) no han hecho sino afianzar los arcaicos métodos productivos que siguen degradando las zonas rurales; los dineros se canalizan con criterios políticos y se refuerzan, mediante apoyos gubernamentales, los viejos cacicazgos corporativos de corte priísta que tanto han dañado a nuestros pueblos.

No existe el menor avance en el tan cacareado pago de servicios ambientales, mientras que los mantos freáticos y manantiales superficiales localizados en terrenos comunales son sobreexplotados y siguen sin atenderse las puntuales demandas que, con relación al pago de servicios ambientales, han hecho las representaciones legales de San Pedro Atlapulco y los pueblos comuneros de Milpa Alta.

El desmedido crecimiento de asentamientos irregulares en Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Contreras, Tlalpan y Xochimilco, sin que las delegaciones, el gobierno federal o la Corenader hagan algo, suena a complicidad, a indolencia, a despreocupación por el futuro de la gran ciudad.

En acatamiento a su declaración de bienes comunales y autonomía del 6 de agosto de 2001, la Alianza hace "un llamado a las comunidades del Anáhuac, a las comunidades de todo el país y al Congreso Nacional Indígena, para romper con la lógica perversa del poder, buscar la resolución amigable de nuestros viejos conflictos agrarios y luchar por un marco constitucional apegado al espíritu de los Acuerdos de San Andrés, que reconozca nuestros derechos y erradique las causas políticas y sociales de sucesos como el ocurrido en Xochiltepec, Oaxaca".