Aseguran 10 ex presidentes de juntas especiales que los despidió sin justificación

Demandan al titular de Conciliación y Arbitraje

ELIZABETH VELASCO C.

Un nuevo juicio legal se promueve contra el titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), Virgilio Mena, ahora por ex presidentes de juntas especiales de ese organismo, que aseguran fueron "violentados sus derechos laborales" tras ser despedidos "injustificadamente" por el funcionario.

Los afectados exigen que se "enjuicie políticamente" al secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Carlos Abascal Carranza.

Eleuterio Ríos Espinoza, removido como presidente de la Junta Especial Seis, informó que Mena Becerra despidió en forma "arbitraria e injustificada" a 10 presidentes de la JFCA, pues "jamás justificó" causal alguna para quitarlos de su puesto.

"Un presidente de junta especial permanece en el cargo seis años, y para despedirlo deben comprobársele irregularidades o comenzar un juicio para determinar las causas de éste, situación que en estos casos no ocurrió", argumentó. Ríos Espinoza aseguró que el propósito es "despedir a los presidentes de las juntas especiales para posteriormente imponer a inexpertos que solapen la aplicación de una política laboral entreguista".

Por segunda ocasión en la historia reciente de ese tribunal, los trabajadores de éste interponen demandas penales contra el titular de la STPS, el presidente de la JFCA y los auxiliares de este último. Los casos se ventilan en el décimo tribunal colegiado en materia administrativa del Distrito Federal, en el segundo tribunal colegiado en materia laboral y en un tribunal federal de Puebla. Tras su despido, en noviembre pasado, los servidores públicos se ampararon en el juzgado de distrito en materia administrativa.

Los afectados denunciaron que Mena "descuida su cargo por atender negocios personales en Monterrey y dedicarse al juego, pese a que bajo su responsabilidad están 70 juntas especiales". Por ello están rezagados más de 100 juicios laborales, aseguró Ríos.

Las imputaciones hacia Mena coinciden con otras presentadas en diferentes momentos contra él por organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la JFCA; la Unión Nacional de Trabajadores (UNT); la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) -cuyos abogados fueron golpeados en abril pasado, en la sede del tribunal, cuando disputaban la titularidad contractual a un sindicato fantasma- y los gremios minero y azucarero. Los azucareros han solicitado al Congreso que se enjuicie políticamente a Abascal Carranza.

También han presentado denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acusando a Abascal y a Mena de no respetar el derecho de libre sindicalización, suscrito y ratificado por el gobierno mexicano.

Respecto a la conducta de funcionarios, Ríos Espinoza manifestó que "la jurisdicción laboral requiere leyes y reglas claras para que los servidores públicos estén preparados y aplicados a ejercer sus funciones con un alto sentido de responsabilidad, con personal capaz y suficiente para hacer posible la existencia de una justicia laboral pronta, completa, gratuita y, sobre todo, imparcial".

Cabe destacar que en noviembre de 2001 varios presidentes especiales de la JFCA fueron requeridos por auxiliares de Virgilio Mena para solicitarles su "renuncia voluntaria", con el argumento de que el tribunal debía nutrirse de gente joven. Según Ríos, "tras negarse, se obligó física y moralmente a los servidores públicos a entregar su responsabilidad, y para legitimar esa acción arbitraria e ilegal Abascal Carranza envió a nuestros domicilios (el 11 de diciembre de 2001) el cese correspondiente en un oficio sin número y fechado el 30 de noviembre del mismo año".