Pretendía justificar una expropiación de terrenos inexistente, dice asesor de campesinos afectados

La SCT alteró ejemplar de Diario Oficial para justificar obra carretera

Un juez dictaminó en favor de cinco labriegos que resultaron despojados de más de 30 hectáreas

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

San Cristobal de las Casas, Chis., 14 de julio. En su sentencia respecto a un conflicto con campesinos de Tecpatán, Chiapas, el juez sexto de distrito, Rodolfo Pedraza Longi, concluyó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) "alteró" un ejemplar del Diario Oficial de la Federación y un acta administrativa con el propósito de construir el tramo Las Chuapas-Raudales, de la carretera Tuxtla Gutiérrez-México, sin que hubiera autorización de expropiación de algunos terrenos.

Con esta maniobra, la SCT -que apeló la sentencia del juez y está en espera de la resolución de parte del Tribunal Unitario de Circuito- "pretendía quedarse con cerca de 23 millones de pesos", además de que logró encarcelar injustamente a cinco personas, informó Jorge Motolinia Sánchez, asesor de los campesinos y uno de los arrestados, quienes posteriormente obtuvieron su libertad bajo fianza.

De acuerdo con la documentación incluida en la sentencia emitida por el juez, integrada por 19 hojas, en febrero del año pasado decenas de campesinos pertenecientes al Fideicomiso Agrario Kilómetro 60, municipio de Tecpatán, bloquearon los trabajos de construcción de la carretera, a cargo de la empresa Triturados Basálticos, Sociedad Anónima (Tribasa).

Tras lo anterior, la SCT interpuso demanda penal contra la directiva del fideicomiso: Evangelina Gómez Alcázar, Vicente Franco de la Fuente y Hernández López Cancino, representante legal, secretario y tesorero, respectivamente. Además, contra Norberto Franco Benavides, padre del tesorero, y de Jorge Motolinia Sánchez, quien defendía al grupo en su calidad de secretario de asuntos agrarios del Partido de la Revolución Democrática en Chiapas.

El 6 de junio de 2001, Motolinia Sánchez fue detenido y liberado algunas horas despúes; el 21 de ese mes los cinco coacusados comparecieron ante el juzgado donde se les dictó formal prisión por el delito de oposición a que se ejecutaran obras públicas. Sin embargo, con el pago de una fianza individual de 15 mil pesos todos obtuvieron su libertad provisional.

La demanda penal fue interpuesta por Margarita Isabel Pacheco Gonzaga, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro de la SCT, pues según el dictamen del 13 de febrero del 2001, la dependencia resultó afectada por el bloqueo del tramo en construcción, por la cantidad de 22 millones 801 mil pesos, trabajos que estaban a cargo de Tribasa.

Durante el juicio, la SCT, cuyo delegado en Chiapas es Lino Palacios Peralta, presentó sus pruebas para demostrar la culpabilidad de los representantes del fideicomiso, agrupado en el Frente Campesino, Democrático y Popular.

Como parte de dichas pruebas presentó la copia "alterada" del Diario Oficial de la Federación del 18 de octubre de 2000. En el original, las fracciones 1,2, 3, 4 y 5 aparecen en blanco y en la copia se agrega, respectivamente: Col. Esperanza, Fideicomiso KM. 54, Fideicomiso KM 54, C. Ulises Domínguez Romero, y Kideicomiso (sic) KM 60. Además, presentó la copia de un acta administrativa levantada ante el agente del Ministerio Público del fuero común, la cual fue "alterada con supresión de texto".

En su sentencia, el juez Pedraza Longi asentó que la obra que la SCT asegura fue obstruida "no cumplió con los requisitos legales (...) circunstancia que en el presente caso se actualiza, en virtud de consta fehacientemente que no fue autorizada la expropiación de los subterrenos 132 más 060 y 134 más 945", del tramo carretero mencionado, que según Jorge Motolinia afecta a 40 familias que resultan despojadas de más de 30 hectáreas.

La sentencia establece que la copia del Diario Oficial citado "sí presenta alteración por adicción al texto original precisamente en la página 59". Aparte, agrega, "debe destacarse que de las constancias de estudio no se desprende que los integrantes del Fideicomiso Kilómetro 60, ahora coacusados, hayan sido legalmente notificados, pues aun así se hubiesen expropiado los multicitados tramos carreteros, también lo es que ellos no fueron indemnizados por la SCT para poder tomar posesión de la fracción de tierras en disputa.

Por tanto, asienta la sentencia del juez, "debe concluirse que ante la marcada insuficiencia de pruebas no se acredita el cuerpo del delito de mérito y en consecuencia lo procedente es dictar una sentencia absolutoria" a favor de los cinco coacusados, quienes "no son penalmente responsables" del delito de que la SCT los acusa.

Después de conocer la sentencia, Motolinia Sánchez concluye que "el fondo del asunto es que la SCT pretende quedarse con los cerca de 23 millones de pesos que argumenta perdió por el bloqueo, haciendo creer que se los pagó a Tribasa y para ello no dudó en acusar y mandar a la cárcel a los cuatro campesinos y a mí".