Magdalena Gómez

Hoy por Digna, mañana por nosotros

Con la presentación de la propuesta de Margarita Guerra como titular de la fiscalía especial para el caso Digna Ochoa cumplimos la misión doña Rosario Ibarra de Piedra, Miguel Angel Granados Chapa y quien esto escribe. Cuando aceptamos la invitación del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, fuimos conscientes de la responsabilidad que implicaba; sin embargo, pesó más el interés de colaborar para que la investigación sobre la muerte de la defensora de derechos humanos arribe a buen puerto. En última instancia, no creo equivocarme al afirmar que los tres creímos en la buena fe y el genuino interés de quien nos invitó por encontrar en la fiscalía el espacio necesario para reorientar y fortalecer la referida investigación, que a nueve meses dista mucho de ser óptima.

Procuramos mantenernos en el ámbito de la encomienda aceptada, por ello no dialogamos con quienes han estado a cargo de la investigación. No tenía sentido. A nuestro juicio, si algo significaba la comisión que asumimos es el cuestionamiento a la prevalencia unilateral de la hipótesis o casi conclusión del suicidio, porque sesgó la investigación al punto de que las otras líneas que conducen al homicidio se desdibujaron y en los hechos se ocasionó a Digna Ochoa un daño moral post mortem. Cabe aclarar que no se trata de rechazar a toda costa la idea del suicidio ni que lo único aceptable sea el homicidio. Habría que insistir en la necesidad de retomar el conjunto de las líneas de investigación.

Para cumplir la encomienda dialogamos con sectores, organismos de derechos humanos oficiales y no gubernamentales, así como con abogados. Habría que agradecerles la franqueza para expresarnos su confianza y señalarnos que nuestra participación corría el riesgo de cargar con responsabilidades que no nos corresponden. Encontramos personas y organizaciones agraviadas por el manejo que se dio a la hipótesis del suicidio, en especial por la ausencia de investigación sobre filtraciones a ciertos medios. Con insistencia señalaron que se deben deslindar responsabilidades. Aquí habría que distinguir entre la necesidad de informar con transparencia sobre el curso de una investigación y el manejo sesgado y discrecional de elementos de la misma. En última instancia está en juego el concepto de rendición de cuentas.

Pese a la ausencia de credibilidad que ha generado el rumbo de la investigación referida al escepticismo en torno a las fiscalías especiales, algunos sugirieron nombres, pero otros se negaron explícitamente: es el caso de la familia y abogados de Digna y del Centro Pro.

Los más bordaron sobre el perfil del fiscal o la fiscala. Parecía relativamente sencillo definir el perfil a cubrir; sin embargo, en el camino encontramos que había quienes señalaban otros criterios. No bastaban la probada honestidad y capacidad técnica, también se anotaba que no tuviera interés partidario o vínculo con grupos religiosos ni que estuviera actualmente en la Procuraduría. También se tenía que definir si debía exigirse a un Ministerio Público la imparcialidad que se requiere en un juez. Ello nos abría la disyuntiva de pensar o no en una persona con interés cercano al trabajo y trayectoria de Digna. Hacerlo significaba asegurar la fuerza interna y convicción para escudriñar en la última piedra y encontrar elementos que conduzcan al esclarecimiento de los hechos que derivaron en su muerte. Sin embargo, algunos posibles candidatos con este perfil consideraron que precisamente su cercanía a Digna no garantizaba la suficiente distancia y equilibrio de ánimo para enfrentar la tarea de la fiscalía, por lo que declinaron la propuesta.

Por nuestra agenda circularon nombres que tocaban los diversos criterios que no menciono para dejar en libertad de que ellos y ellas lo hagan, si así lo deciden. Habría que decir que hubo quien no aceptó la sola posibilidad de ser propuesto al considerar que se han perdido muchas evidencias valiosas para desentrañar el caso. Si bien no fue fácil tomar la decisión, también habría que señalar con satisfacción que la dificultad no fue por falta de candidatos, sino por el cuidado que tuvimos para sopesar las características de cada uno y de escuchar sus argumentos. Finalmente decidimos proponer a la magistrada, ahora con licencia, Margarita Guerra, quien es consciente de la complejidad de la tarea que asumirá y comparte la importancia de esclarecer la muerte de Digna. Para ello cuenta con experiencia, conocimiento, sensibilidad, honradez y valentía para retomar todas las hipótesis con el interés de alejar la amenaza de impunidad que se cierne sobre el caso. Tiene una trayectoria consolidada, construida con la ardua y paciente labor de muchos años, lo cual le permite concentrarse en el caso por lo que de fondo implica. Que sea mujer también tiene significación. Seguramente tendrá otra mirada frente a muchos de los comentarios que sobre Digna se han hecho desde el equipo de investigación (la relación con el novio, las interpretaciones de sus opiniones sobre sus relaciones, entre otras).

Muchos factores intervendrán para el éxito o fracaso de la fiscalía especial. Confiamos en que el gobierno de la ciudad cumplirá la promesa de otorgar recursos y suficiente autonomía, así como mantener el contacto y estrecha colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en especial en lo referido a los peritajes. De no hacerlo la credibilidad se perderá en un punto sin retorno.

Termina así nuestra participación, dejamos como corresponde la propuesta en el curso institucional de la fiscalía. Seguiremos formando parte del observatorio ciudadano que sigue el desarrollo de esta investigación. Ojalá se logre arribar a una verdad jurídica que vaya de la mano con la verdad histórica. De este tamaño es el reto de la abogada Guerra, que rebasa con mucho nuestra modesta contribución, de la cual hoy damos cuenta en el más elemental espíritu de reciprocidad.