Piden a Fox no oír a quienes demandan mano dura y aplazar las obras del nuevo aeropuerto
Exigen legisladores que el conflicto de Atenco se resuelva mediante el diálogo y la negociación
Con matices, legisladores de PRI, PAN y PRD exigieron ayer que en la solución al conflicto de San Salvador Atenco se recurra a la negociación, al diálogo y a la ley. Mientras tanto, organizaciones sindicales y de profesionistas lamentaron que el gobierno del estado de México use un lenguaje que invita a la represión.
Por su parte, el presidente de la Comisión de la Reforma Agraria, el diputado petista Félix Castellanos, sostuvo que es necesaria la intervención del Congreso de la Unión para buscar soluciones, y propuso que se integre en San Lázaro una mesa de diálogo en la que estén presentes los gobiernos federal y del estado de México, así como ejidatarios y legisladores.
En la vieja casona de Xicoténcatl, senadores priístas y perredistas demandaron también que el gobierno federal resuelva con justicia el problema, pues, dijeron, es inconcebible que a los ejidatarios se les quiera pagar a siete pesos el metro cuadrado de sus predios, mientras el Poder Judicial aprobó una indemnización a los clientes de Diego Fernández de Cevallos por casi 4 mil pesos el metro cuadrado de terreno.
Se debe evitar la tentación de aplicar mano dura, como lo están solicitando empresarios y otros sectores, advirtió el senador del PRD Jesús Ortega. "Que recuerden (los integrantes del gobierno) qué daño le hizo al país la mano dura de Díaz Ordaz y de Echeverría. El instrumento debe ser la política y el diálogo, no la represión", puntualizó.
Asimismo, el priísta Erick Rubio y el perredista Juan Moisés Castro, secretarios de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, pidieron al presidente Fox que, en aras de frenar la violencia y la confrontación, se posterguen los trabajos de construcción del nuevo aeropuerto, previstos para iniciarse en agosto próximo.
Necesario, que Fox revalore sus estrategias, afirman Madrid Tovilla y Jesús Ortega
La legisladora del PRI Arely Madrid Tovilla y el coordinador de los senadores del PRD, Jesús Ortega, recalcaron que el problema de San Salvador Atenco obliga a una revaloración de la estrategia del gobierno foxista de pretender indemnizar a los campesinos a los que se les expropia la tierra con recursos miserables, mientras que a particulares se les otorgan cifras millonarias. "Es un insulto a los ejidatarios los más de mil 214 millones de pesos que el Poder Judicial otorgó a los herederos de Gabriel Ramos Millán en el cuestionado caso que lleva el despacho de Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia", subrayaron.
Con la aplicación de estos parámetros se evidencia que hay dos varas para aplicar la justicia, puntualizaron, y estimaron que ese tipo de actuación lo único que provocará son estallidos sociales.
"Yo le pregunto al gobernador del estado de México, al secretario de Gobernación y al presidente Fox dónde escondieron la política como instrumento fundamental de su quehacer como autoridades, porque parece que dejaron la política en el archivo muerto", señaló Ortega.
Resaltó que Fox, Santiago Creel y el gobernador Arturo Montiel están actuando con gran irresponsabilidad, porque dejaron crecer el problema de San Salvador Atenco y que llegara a la situación actual, "con el argumento tonto y pueril del supuesto principio de autoridad".
Sobre el tema, la coordinadora de los priístas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, María de los Angeles Moreno, dijo que hay preocupación por el estallido de violencia en Atenco y que espera una solución producto "del diálogo, la negociación y la tolerancia, pero también de acato a la ley".
En términos similares se expresó el diputado federal priísta José Elías Romero Apis, quien lamentó que aún haya ciudadanos que consideran que los asuntos de justicia y legalidad "se resuelven a machetazos".
Pidió recurrir al diálogo para resolver la problemática -particularmente la de los rehenes-, pero si los "rebeldes" no ceden en su posición la autoridad tiene los instrumentos legales para proceder con toda energía en su contra. Los campesinos tienen gente secuestrada y ese es un delito sumamente grave, de acuerdo con la ley, puntualizó.
Por su lado, Armando Salinas Torre, diputado del PAN, señaló que el conflicto se debe resolver mediante la ley y la negociación, no por medio de la acción de tomar ciudadanos como rehenes, como si "estuviéramos en un escenario de toma y daca; en una guerrilla".
Lamentó los hechos de violencia que se suscitaron el jueves y estimó, sin embargo, que la actitud de los ejidatarios representa un reto para el estado de derecho. "Frente a ello debe aplicarse la ley, la cual comprende el uso de la fuerza pública, aunque por supuesto es un instrumento nunca deseable de utilizar. Yo espero que no se llegue a ese extremo", manifestó.
Por el PRD habló en San Lázaro el diputado Miguel Barbosa, quien se pronunció en contra de una salida judicial al problema. Según el perredista, los responsables de la violencia no sólo fueron las autoridades federales y del estado de México, sino también los campesinos de Atenco. Los primeros porque están empeñados de manera irracional en ejecutar la obra en un lugar y no en otro, y los segundos porque han recurrido a acciones que generan violencia.
Demandó que se analicen las causas de los hechos registrados y que se libere a los presos, pero anteponiendo la ley. Mientras tanto, la diputada perredista Petra Santos lamentó que a los ejidatarios se les haga pasar como culpables del enfrentamiento. "Hay causas y razones que los llevaron a protestar", agregó.
A su vez, la Unión Nacional de Trabajadores advirtió que el enfrentamiento en Atenco puede desencadenar conflictos mayores en otras zonas del país, ante la falta de sensibilidad del gobierno del presidente Vicente Fox.
Jesús Torres Nuño, dirigente de los trabajadores de Euzkadi, dijo por su parte que enviará de inmediato una comisión al lugar para apoyar a los campesinos. Añadió que el gobierno siempre argumenta la intromisión de agentes externos para desvirtuar las luchas sociales legítimas. "Pero somos pueblo y estamos hermanados en la lucha proletaria. Los trabajadores de Euzkadi han participado en los actos de protesta de los ejidatarios y los seguirán apoyando", aseveró.
Ramón Pacheco, del Sindicato Mexicano de Electricistas, manifestó su preocupación por las declaraciones del secretario de Gobierno del estado de México, Manuel Cadena, en el sentido de que son grupos radicales los que tratan de desestabilizar a México. "Son las mismas palabras que utilizó el gobierno en 1968 para reprimir y asesinar. Ese lenguaje vergonzoso es una invitación a la violencia."
La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) hizo un llamado al presidente Fox para que busque una salida política al problema, mediante el retiro de los policías y la liberación de los detenidos. La presidenta de la organización, Ernestina Godoy, hizo votos por que el Ejecutivo tenga "el tamaño de un estadista" para solucionar el conflicto y no para empeorarlo con el uso de la fuerza pública. (ANDREA BECERRIL, GEORGINA SALDIERNA, FABIOLA MARTINEZ Y CLAUDIA HERRERA)
