Cerró la investigación al considerar que con el cese de funcionarios era suficiente

Martínez Domínguez, culpable de la matanza del 71, afirma Echeverría

Hubo errores más que impunidad, sostiene; afirma que él actuó bien y no teme ir a la cárcel

RENATO DAVALOS

El ex presidente Luis Echeverría Alvarez culpó a Alfonso Martínez Domínguez de la matanza del 10 de junio de 1971 y aceptó que cerró la investigación porque con los ceses de los funcionarios involucrados "consideré que las medidas fueron suficientes". Del 68, dijo que hay una "corresponsabilidad muy grande"; el Ejército intervino por "ciertas circunstancias" del presidente (Díaz Ordaz), que es el "comandante supremo de las fuerzas armadas".

Evasivo, contradictorio y con "amnesias temporales" casi cínicas, Echeverría abrió las puertas de su mansión en San Jerónimo para admitir: "puede ser que haya una deuda con la justicia y para eso está investigando el fiscal". Debe sancionarse a los culpables de acuerdo con su "nivel de responsabilidad". Hubo "errores" más que impunidad. "Yo actué bien", se defendió. No tengo miedo de ir a la cárcel porque "no me paso ni un alto de tránsito", aunque "cada quien diga lo que se le pegue la gana".

Había aceptado que al salir de su segunda comparecencia ante el fiscal Ignacio Carrillo Prieto se rió, "pero del tumulto", no de los del Comité Ciudadano del 68. Bajé porque "quería saludarlos a ustedes (prensa)". Sentí lo mismo que hace una semana: "nada". Tengo la conciencia tranquila.

Un presidente no puede estar enterado de todo lo que sucede, pues hay una "distribución de responsabilidades". Sí, se combatió a la guerrilla en mi gobierno, se ordenó, pero "no se puede estar ordenando todos los días, es una acción permanente". La única ocasión en que lo hice fue cuando "le pedí al secretario de la Defensa que localizaran al ingeniero Rubén Figueroa; ojalá le encuentren, le dije".

-ƑQuiénes fueron los responsables del 68 y del 71?

-Hay una corresponsabilidad muy grande, cosas más complejas. El presidente Díaz Ordaz, en su informe ante el Congreso de la Unión, lo dijo, ahí está la versión, les recomiendo que la vean. El Ejército intervino por instrucciones... y por ciertas circunstancias del presidente, que es el comandante supremo de las fuerzas armadas.

-ƑUsted dio alguna orden?

-No, ni me hubieran hecho caso.

-ƑCuál es su parte de responsabilidad en esa historia?

-Ninguna, estoy tranquilo.

-ƑEntonces, quiénes son los responsables en el proceso por el que ahora se le instruye?

-A mí no se me instruye un proceso, se está iniciando una investigación.

Echeverría decidió que entraran los representantes de los medios en tres grupos, a los que repitió prácticamente algo que fue casi un guión.

-ƑEs inocente de esas matanzas?

-Vamos a ver. Yo les he dicho que el presidente dio informes al Congreso. Lo más fácil es siempre echarle la culpa a uno o a otro, pero creo que es una amplísima corresponsabilidad.

Cuando le preguntaron cuál fue la historia del 68 y del 71, prefirió irse por el camino de la guerra fría, de los muchachos que se "entusiasmaron" con Castro y el Che y pensaron que esa era la solución. Fue un factor muy importante "del que no se ha hablado".

Y de quienes lo culpan, señaló a los "cinco o seis resentidos" que compitieron por la candidatura a la Presidencia, que quedaron fuera cuando nombró como su sucesor a José López Portillo.

Sin pudor, dijo que no ordenó investigar el 68 porque "ya lo había definido Díaz Ordaz" y entonces dio por cerrado el asunto. "Tenía otras tareas que realizar. No, no me siento culpable de los muertos", reiteró.

Tampoco se siente responsable porque ninguno de los señalados haya sido procesado. Habría que investigar quién disparó y había centenares. "Era muy difícil" la indagatoria. El 68 y el 71 fueron hechos "muy dolorosos que deseamos que no se repitan".

-ƑDeben ser castigados los responsables?

-Si se dice que los hubo, sí.

El 2 de octubre "no hablé con Díaz Ordaz". Lo hice tres o cuatro días después, pero "ya no me acuerdo". Hablamos de que era una cosa "muy lamentable y que debían restañarse heridas".

-ƑA su juicio, no hay impunidad ni en el 68 ni en el 71?

-Hubo confluencia de muchos errores. puntos de vista encontrados.

-ƑCuáles errores?

-Hay corresponsabilidad general.

-ƑEntonces, el país es responsable?

-Bueno, no. Digo que hay mucha responsabilidad y que tiene que haber conciencia de la historia y no sentirnos con una gran pureza intelectual y moral y una gran experiencia y echarle la culpa siempre a alguien, debe haber una autocrítica.

-ƑPero usted habla de errores?

-šUff! Muchos, pero de todos los sectores.

-ƑY uno de Echeverría?

-Yo he cometido muchos y cometo muchos errores todos los días.

-ƑAlguno en especial del cual se lamente?

-ƑSe refiere usted al 68 y al 71? En ninguno de los dos.

-ƑActuó usted bien?

-Absolutamente.

-ƑCon qué testimonios va a defender su inocencia?

-Si no estoy defendiendo mi inocencia, estoy escuchando puntos de vista.

-ƑTendría usted que pedir perdón a alguien?

-No le pediría perdón a nadie porque no siento por qué hacerlo.

-Por los errores cometidos.

-Pero en esos dos casos no fueron por mí, estoy seguro.

-ƑComo secretario de Gobernación, conoció del Batallón Olimpia?

-No, hasta después. No me rindieron ningún informe de su actividad.

-ƑEntonces, de quién surgió la orden de que dispararan?

-Hubo un tiro que le pegó a la espalda del que iba al frente y así se generalizó la balacera.

Halcones, creación diazordacista

Con más desparpajo, sostuvo que Los Halcones fueron creación del gobierno diazordacista para situaciones de emergencia.

-Martínez Domínguez lo culpó a usted del 71...

-Después se dicen muchas cosas. Pero no creo que lo haya dicho, porque él sabe cómo estuvieron las cosas. No es cierto que mandé quemar los muertos.

Del número de decesos, dijo que "no se ha precisado, en honor a la verdad; vimos una lista con el fiscal y hay gran diferencia; pueden ser entre cuatro y 20, por ahí va la cosa".

-ƑQuién ordenó lo del 71 cuando usted era presidente?

-Corresponde al gobierno del Distrito Federal. No sé. Era un grupo parapoliciaco que de repente salió. No me avisaron. Supuse que con la separación de los funcionarios había sido suficiente.

-ƑEntonces usted responsabiliza a Martínez Domínguez?

-Le pedí su renuncia, le dije que fue un gran error no haber previsto lo que estaba pasando, pero hasta ahí, nada más...

-ƑEntonces, fue culpable?

-Bueno, si le pido la renuncia sí. Pero no se puede simplificar.

-ƑSe puede pensar que con una renuncia se salvan 33 crímenes?

-No, no, no. Eso es un cambio de política. Circunstancias que no se pueden señalar, que el jefe de la policía en un encuentro con delincuentes saca la pistola eso no lo hace responsable.

-ƑTendría un careo con Martínez Domínguez?

-Sí.

-ƑEntonces, nunca le entregaron las conclusiones de la investigación de la PGR?

-No. Ya no pedí los informes porque consideré que el asunto estaba sancionado.

-ƑSe cometió entonces un error?

-Entonces no. Ahora pienso que es una experiencia que va a ser muy útil.

También negó haber hablado recientemente con Vicente Fox y rechazó sentirse perseguido político de su gobierno o chivo expiatorio. Y de las protestas en su contra, afirmó: "Alguien levanta la mano y grita šasesino, asesino!, no son razones".

-ƑUsted dice que no tuvo ninguna responsabilidad, pero, no es el presidente el jefe de las fuerzas armadas?

-De las fuerzas armadas sí, pero están muy diversificadas. Sí es el comandante supremo.

"ƑLa brigada blanca? Se creó al final de mi gobierno o principio del otro", respondió.

Echeverría desestimó que vaya a huir del país y confirmó que Juan Velázquez será uno de sus abogados. "Ni me va a cobrar", dijo con cinismo.

Su presencia provocó empujones y golpes a las puertas de la fiscalía especial

En plena calle y frente a sus acusadores, Echeverría pretendió hablar con la prensa

Compareció para declarar por el 10 de junio; solicitó 40 días para hacerlo por escrito

JESUS ARANDA Y BLANCHE PETRICH

El ex presidente Luis Echeverría compareció por segunda ocasión en calidad de indiciado -la primera fue el pasado 2 de julio- ante la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, acusado de ser el principal responsable de la matanza del 10 de junio de 1971. Como en la ocasión anterior, se negó a responder a las tres denuncias en su contra y solicitó hacerlo por escrito en un plazo de 40 días, que contará a partir de que conteste por escrito al primer interrogatorio.

Sin embargo, su negativa a responder a las 159 preguntas del Ministerio Público Federal contrastó con una decisión que sorprendió a propios y extraños. Al término de la audiencia salió a la calle solo, sin su escolta del Estado Mayor Presidencial que lo sigue desde hace 32 años, y ahí esperó el encuentro con los reporteros, que al verlo se abalanzaron hacia él junto con fotógrafos y camarógrafos, pero el grito de ''šasesino!, šasesino!, šgenocida!'' de integrantes del Comité 1968-1998, impidió que declarara.

Esta situación, a diferencia de la semana pasada en que salió de la fiscalía a bordo de su camioneta, sin que hubiera oportunidad de hablar con él, fue interpretada por algunos de los denunciantes como un acto de provocación, y señalaron que su objetivo era que al salir a la calle lo agredieran quienes hacían guardia, para después argumentar que no había condiciones de seguridad para continuar los interrogatorios y entorpecer así la acción de la justicia.

Desorden total

El desorden fue total; entre empujones de los comunicadores y los gritos de quienes habían sido agredidos cuando fue secretario de Gobernación (1968) y presidente (1971), Echeverría fue copado y quedó en medio de una vorágine de golpes y empujones entre los representantes de los medios y los guardaespaldas, que reaccionaron tardíamente e intentaban sacarlo de ahí.

Además de gritarle ''šasesino!'', le llovían improperios como ''šcínico!, šdesfachatado!'' y ''š2 de octubre no se olvida!''

Pero ninguno de los manifestantes agredió físicamente al ex mandatario; se mantuvieron a distancia del enjambre que rodeó a Echeverría, quien sólo atinó a decir que había salido a ''saludar'' a los reporteros, negó que su presencia en la calle fuera un acto de provocación para los miembros del comité y denunciantes en su contra y aseguró que se siente ''lejos de la cárcel''.

La confusión parecía interminable, pero con todo y que se negó a declarar ante la nube de micrófonos y grabadoras, ''porque no se oía nada'', el ex presidente parecía ''zombi'', como dijo una reportera, porque se dejaba llevar entre empujones de un lado a otro, sin que se notara enojo de su parte; al contrario, llegó a sonreír al decir que se sentía ''muy apretado''. Incluso, se negó a entrar de nuevo al edificio de la fiscalía, por lo que uno de sus escoltas le ordenó a otro: ''šMételo!'' Pero ''no quiere'', respondió el subalterno. Entonces vono una orden más drástica: ''Mételo a chingadazos, pero mételo''.

En ese momento arreciaron los empujones y hubo algunos golpes (al aire) entre comunicadores y escoltas -quienes fueron apoyados por elementos de la Agencia Federal de Investigación adscritos a la fiscalía-, hasta que lograron que Echeverría entrara nuevamente. Después, uno de sus ayudantes salió para decirle a los periodistas que la intención del ex mandatario era hablar con la prensa, pero como no se pudo, los citaba en su casa de San Jerónimo por la tarde.

Madrugador

Al igual que en la ocasión anterior, Echeverría llegó a la fiscalía antes de la hora fijada. Incluso, arribó una hora antes que el fiscal Ignacio Carrillo Prieto. La audiencia se realizó a las 9, pero el ex presidente entró con su vehículo al edificio al filo de las 6:50 de la mañana.

Los directivos de la fiscalía especial dispusieron algunos cambios en la sala donde se desarrolló la audiencia. La mesa que ocuparon el acusado y sus abogados, el fiscal y el agente del Ministerio Público fue colocada en posición de escuadra, con las sillas dispuestas para los equipos de abogados de la parte acusadora y la defensa, y para los querellantes. Una bandera y un busto de Morelos completaban la decoración.

Nuevo abogado

De esta forma, Echeverría Alvarez tenía a la vista a sus acusadores y con cierta frecuencia se inclinaba para poder ver mejor al grupo del Comité 68, que fue acomodado en las últimas hileras.

Llamó lo atención que llegara acompañado del abogado Juan Velázquez (defensor de los hermanos Salinas de Gortari, José López Portillo y de Arturo Durazo), quien asumió al parecer la titularidad de la defensa de Luis Echeverría, la cual ostentó Antonio Cuéllar Salas en la primera comparecencia.

Durante una hora, el ex mandatario escuchó las tres denuncias en su contra: la primera presentada por Raúl Alvarez Garín, en representación del Comité 1968-1998, en la que se le imputa genocidio por la matanza del 10 de junio, además de que argumenta que hay una relación implícita no sólo con la matanza del 2 de octubre de 1968, sino entre los funcionarios que, como Echeverría, están involucrados en ambos sucesos.

Las otras dos, que fueron presentadas por el ex diputado perredista Jesús Martín del Campo y por Oscar Luis Argüelles Méndez, quienes denuncian el asesinato de sus respectivos hermanos el jueves de Corpus, durante la realización de la marcha estudiantil.

Después se dio paso a las preguntas de la fiscalía, en total 159, y al final de las mismas el ex presidente se negó a responder y pidió un plazo de 40 días para hacerlo por escrito. Aunque estos días comenzarán a correr después de que cumpla con la entrega de sus respuestas relacionadas con el 2 de octubre. Velázquez pidió a la fiscalía una copia fotostática de las tres denuncias y del interrogatorio, pero le fueron negadas con el argumento de que tendrán acceso a éstas en el momento procesal que establece la ley.

Echeverría ''fue retador todo el tiempo'', comentó Ana Ignacia Rodríguez, abogada y demandante. También conocida como La Nacha, fue integrante del Consejo Nacional de Huelga y una de las tres mujeres detenidas y sentenciadas por los hechos del 2 de octubre. ''En esa ocasión me echaron diez delitos, como a todos los demás. El único que me faltaba era el de guerrillera, que nos endilgaron ayer a todos en las declaraciones del abogado Cuéllar Salas'', dijo.

Por su parte, Salvador Martínez della Rocca, El Pino, y Mario Ramírez, miembros del comité ciudadano en apoyo a la Fiscalía, ofrecieron una conferencia de prensa en la que advirtieron sobre el acto de ''provocación'' del ex mandatario al salir del edificio, siendo que ''estaba todo arreglado'' para que abandonara el lugar sin contratiempos.

Cuéllar Salas, ''fascista'': Della Rocca

Martínez della Rocca respondió a las declaraciones del abogado de Echeverría, Antonio Cuéllar Salas, quien calificó a los denunciantes de ''delincuentes y guerrilleros''. Señaló de entrada que ese abogado es ''fascista'', que seguramente de haber vivido en la época revolucionaria habría calificado de la misma manera a Villa, Zapata, los hermanos Flores Magón y otros revolucionarios.

Los denunciantes adelantaron que solicitarán al fiscal Carrillo Prieto que, además de citar a comparecer el próximo 17 de julio a Alfonso Martínez Domínguez -quien era regente del DF cuando ocurrieron los hechos del 10 de junio-, demande que dadas las contradicciones públicas que han tenido Echeverría y Martínez Domínguez respecto a la autoría de los hechos, se les caree para dilucidar la verdad.

A su vez, Raúl Alvarez Garín dijo que el comité del que forma parte prepara una respuesta contundente al abogado del ex presidente, y no descartó la posibilidad de que se interponga una demanda en su contra.

Después de que terminó la audiencia, Echeverría Alvarez mandó a uno de sus ayudantes -de apellido Valenzuela- con Alvarez Garín para decirle que el ex presidente quería hablar con él. La respuesta fue inmediata: ''No tenemos de qué hablar''.

Los coacusados

Coacusados por delitos de genocidio, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad por los hechos del 2 de octubre de 1968:

- Presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz (fallecido).

- Secretario de Gobernación, Luis Echeverría Alvarez.

- Secretario de la Defensa Nacional, general Marcelino García Barragán (fallecido).

- Jefe del Estado Mayor Presidencial, general Luis Gutiérrez Oropeza.

- Jefe del Departamento del Distrito Federal, general Alfonso Corona del Rosal.

-Procurador general de la República, Julio Sánchez Vargas.

- Procurador general de Justicia del Distrito Federal, Gilberto Suárez Torres.

- Jefe de la Policía del Distrito Federal, general Luis Cueto Ramírez.

- General Crisóforo Mazón Pineda, comandante de la operación ''Tlatelolco'' (fallecido).

- General José Hernández Toledo, subcomandante de la misma operación (fallecido).

- General Raúl Mendiolea Cerecero.

- Coronel Ernesto Gómez Tagle, comandante del Batallón Olimpia.

- Director Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios (fallecido).

- Comandante de la Dirección Federal de Seguridad, Miguel Nassar Haro.

- Comandantes y agentes policiacos de la Dirección Federal de Seguridad y del Servicio Secreto del DDF.

Preguntas torales

Interrogatorio hecho por el Ministerio Público federal al ex presidente de la República Luis Echeverría Alvarez, sobre la matanza del jueves de Corpus en 1971.

- Cuando usted recibe la Presidencia de la República de manos de Gustavo Díaz Ordaz, ¿qué destino le dio a la documentación del periodo 1964 a 1970?

- ¿Usted, al inicio de su administración como presidente de México, nombró al jefe y al procurador del Departamento del Distrito Federal?

- ¿Como abogado que es tuvo usted conocimiento que los hechos del 10 de junio de 1971 constituían la comisión de ilícitos graves en perjuicio de civiles?

- ¿Qué instrucciones, como jefe de las fuerzas armadas, le dio al Ejército en relación al problema estudiantil?

- ¿Qué funciones encomendó al secretario de Gobernación, al procurador general de la República y al jefe del Departamento del Distrito Federal con motivo del conflicto estudiantil antes, durante y después de lo acontecido el 10 de junio de 1971?

- ¿Hubo algún interés o presión extranjeros para reprimir a los manifestantes en los actos del 2 de octubre del 68 y 10 de junio del 71?

- Narre qué fue lo que le informó el secretario de Gobernación en relación al movimiento estudiantil de 1971. ¿Le comunicaba informes la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales?

- ¿Qué información recibía del secretario de la Defensa, el jefe del Estado Mayor de esa secretaría y del jefe del Estado Mayor Presidencial en relación a los movimientos estudiantiles de esa época?

- ¿Quién nombró al titular de la Dirección Federal de Seguridad y al director general de Investigaciones Políticas y Sociales?

- ¿Qué significa la expresión contenida en su primer Informe de Gobierno de que, en la manifestación ocurrida el 10 de junio de 1971, ésta fue disuelta por grupos armados de choque? ¿Sabía qué tipo de grupos eran y qué nombre te-nían? ¿Quién se lo informó?

- De conformidad con la entrevista, que según el semanario Proceso, el ingeniero Heberto Castillo efectuó a Alfonso Martínez Domínguez, éste señala que al estar con usted en una reunión oficial le informaron sobre los acontecimientos que estaban ocurriendo el 10 de junio de 1971, de los que resultaban heridos y muertos, y que usted expresó: ''Que no tomen fotografías; a los heridos llévenlos al Hospital Militar y quemen a los muertos''. ¿Qué nos puede decir al respecto?

- ¿Tuvo conocimiento usted que el general Alfonso Corona del Rosal, como jefe del Departamento del Distrito Federal había formado el grupo paramilitar denominado Los Halcones y que Alfonso Martínez Domínguez mantuvo en nómina a ese grupo?

- ¿Tenía conocimiento que ese grupo estaba en nómina del Departamento del Distrito Federal y fue utilizado continuamente de 1968 a 1971?

- ¿Qué nos puede decir sobre el coronel Manuel Díaz Escobar, creador de Los Halcones, según se denuncia?

- ¿Qué lo motivó a presentar una iniciativa de ley de amnistía respecto de las personas que cometieron algún delito con motivo del conflicto estudiantil de 1968, en el punto 37 de su sexto Informe de Gobierno (1976)?

Prevén que Echeverría emplee una estrategia de alargamiento de trámites

El Comité 68 pide instalar varias mesas del MP

JESUS ARANDA Y BLANCHE PETRICH

La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado podría instalar cuatro o cinco mesas simultáneas del Ministerio Público para desahogar las actuaciones de la denuncia penal contra dos ex presidentes y medio centenar de altos funcionarios y oficiales del Ejército por las matanzas de estudiantes del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971.

Si el fiscal Ignacio Carrillo Prieto accede así a una propuesta de la parte acusadora, agrupada en el Comité 68, la etapa de las primeras declaraciones ministeriales del proceso podrían concluir en un plazo máximo de un mes. Según este escenario óptimo, para septiembre este proceso ya podría entrar a una fase sustantiva.

Sin embargo, hay indicios de que el equipo de defensores del ex presidente Luis Echeverría Alvarez -la figura más relevante de la lista de acusados- le apuesta a una estrategia de alargamiento de trámites y demora de los procedimientos.

"Quieren ganar tiempo -comenta Raúl Alvarez Garín, director de Corre la Voz y uno de los firmantes de la denuncia penal-, por eso pidieron 30 días para estudiar el primer y segundo interrogatorios, por eso pretenden que sean llamados, uno por uno el resto de los coacusados. Y sobre todo por eso enviaron al abogado Antonio Cuéllar Sales a descalificar a la parte acusadora y a afirmar que 'la verdad legal ya ha sido escrita' y que los hoy demandantes 'fueron sentenciados por el Poder Judicial Federal' en su momento. Ese alegato tiene un fondo tramposo. Quieren conducir este caso a la conclusión de que los hechos del 2 de octubre en Tlatelolco ya son cosa juzgada. Pretenden impedir la realización del proceso."

En 1968, de unos 3 mil detenidos la noche de la matanza, 86 de ellos -líderes estudiantiles en su mayoría- fueron consignados y sentenciados por diez delitos cada uno, incluyendo el de homicidio por la muerte de dos soldados en la Plaza de las Tres Culturas. El caso está consignado en el expediente 272/68. "Pero ese proceso -expresa el ex líder politécnico- no fue sobre todos los hechos ocurridos en la complejidad del movimiento de 1968 y su trágica culminación. Hay muchos otros aspectos que aún requieren esclarecimiento e investigación penal, juicio y castigo".

Alvarez Garín rebate el argumento de Cuéllar Sales: "nuestros procesos penales del 68 estuvieron basados en confesiones arrancadas bajo tortura y en evidencias apócrifas y fraudulentas. Según el Código Penal, nosotros, como víctimas de ese proceso, podríamos recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que emita una declaración de inocencia. Podríamos hacerlo, si fuera necesario". Pero, bromea, "ojo, de inocencia, no de ingenuidad".

De acuerdo con la segunda ampliación de la acusación, el Comité 68 demanda a las autoridades sustentar en la averiguación previa todos los elementos que permitan concluir que la operación en Tlatelolco "fue un verdadero crimen de Estado en el que estuvieron presentes la planeación, preparación, alevosía, sorpresa, engaño, uso abusivo de fuerzas y tergiversación completa de las funciones propias del gobierno".

Conforme a la metodología propuesta para el proceso, que debería investigar a todos los involucrados, empezando por los de más alta jerarquía y mayor responsabilidad en los hechos denunciados, los acusadores solicitan la comparecencia inmediata de una veintena de ex funcionarios, entre ellos y en primer término el ex regente y ex gobernador de Nuevo León Alfonso Martínez Domínguez -quien ya está citado para el 17 de junio- y el general Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial bajo las órdenes inmediatas del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Martínez Domínguez ha emplazado incluso a Luis Echeverría a un careo. Gutiérrez Oropeza, por su parte, es uno de los siete generales acusados por los hechos del 68. Oficiales del Estado Mayor Presidencial bajo sus órdenes actuaron como francotiradores contra la concentración estudiantil. A él se le señala como responsable por la participación de un regimiento de blindados bajo su mando en el cerco de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Se le señala como promotor directo de oficiales encubiertos que asaltaban las escuelas que participaban en el movimiento estudiantil. Pero sobre todo se le vincula con las principales acciones encubiertas del Batallón Olimpia, que operó bajo el mando del general Ernesto Gómez Tagle.

Además, se pide la comparecencia de seis generales más: Enrique Cervantes Aguirre, para que declare sobre su participación en el cuerpo de oficiales del Estado Mayor de Defensa y sus funciones como enlace entre las unidades operativas; general Alfonso Aguirre Ramos, jefe de la sección segunda de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa y autor de los informes relacionados con la Operación Galeana; general Gonzalo Castillo Ferrera, jefe de la sección tercera del Estado Mayor de la Defensa (Operaciones) y responsable de los planes de la Operación Galeana; general Ernesto Gómez Tagle, jefe del Batallón Olimpia.

También se requiere la presentación, para que aporten todos los elementos relacionados con los hechos del 68 que obren en su poder, a familiares de los siguientes involucrados ya fallecidos: familiares del ex presidente Díaz Ordaz; del general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa; del capitán Fernando Gutiérrez Barrios; de los generales Crisóforo Mazón, Mario Ballesteros y José Hernández Toledo.

Requerimientos a la Sedena

Además, la fiscalía debe presentar un "requerimiento inmediato" a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que aporte toda la documentación relacionada con la Operación Galeana, incluyendo documentos y minutas de reuniones de análisis previos a los hechos, los partes informativos y de novedades de todas y cada una de las unidades respecto a la ejecución de sus tareas.

Los denunciantes piden que se confirme ministerialmente lo informado por la prensa de aquella época, del 3 al 7 de octubre. Mientras la prensa nacional informaba sobre 37 muertos, la embajada estadunidense reportaba de 150 a 200 muertos y el diario inglés The Guardian daba cuenta de 300.

Para investigar sobre posible ocultamiento de información, los acusadores demandan llamar a declarar al general Javier Vásquez Félix, responsable de levantar los cuerpos de las víctimas de Tlatelolco, así como acciones indagatorias sobre posibles acciones del Ejército y utilización de sus medios e instalaciones para desaparecer los cuerpos de las víctimas incinerándolos o arrojándolos al mar.

También piden la declaración de Cuauhtémoc García Pineda, El Matador, quien según La Jornada habría filmado la matanza en la Plaza de Tlatelolco desde el piso 19 del edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores; de José Ramón Fernández y Gilberto Ibarra, directivos del Servicio Médico Forense, quienes en declaraciones a la prensa dijeron reconocer a personas fallecidas el 2 de octubre de 1968; de Daniel Soto, Bernardo Arredondo, Federico Tenorio, Mario Juárez y otros fotógrafos del diario El Universal, para que ratifiquen información publicada en ese diario sobre el ocultamiento y desaparición de cadáveres y la confiscación de rollos y negativos, e intimidación por parte de agentes de la Dirección Federal de Seguridad.