La situación se ve reflejada en la falta de apoyos a grupos vulnerables, afirma

Enfrentan ONG crisis de financiamiento: Culebro

Existe la falsa creencia de que ya no son necesarias en la transición democrática, dice

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

Las organizaciones no gubernamentales enfrentan una crisis de financiamiento, resultado de la falsa creencia de que en el proceso de transición democrática en que se encuentra el país ya no es tan necesario el fortalecimiento de la sociedad civil, advirtió Rocío Culebro, secretaria Técnica de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Esta situación, señaló, se ve reflejada en la falta de apoyos a grupos sociales como las trabajadoras sexuales, niños en situación de calle, indígenas migrantes, entre otros, cuya situación se ve cada vez más vulnerable ante la falta de apoyos.

Creer que la atención a dichos sectores es una tarea del Estado y que con un gobierno democrático se van a resolver sus problemas "es un análisis totalmente equivocado, erróneo, porque estamos en esa transición y no la hemos terminado de cuajar. Por ello, todavía se requiere de la participación activa de los ciudadanos, de las organizaciones civiles".

Se trata, además, de la experiencia acumulada que tienen las organizaciones "y una serie de propuestas alternativas de cómo mejorar, primero de entender las problemáticas en su contexto, de conocerlas y después de ver cómo atenderlas, y esa atención pasa también por una serie de propuestas y de acciones inmediatas, como por ejemplo las fundaciones, las ONG que tienen algunos albergues y que para el caso de la ciudad de México son muy limitados".

En este contexto, Culebro explicó la situación del Centro de Atención Integral y Servicios a trabajadoras sexuales (CAIS), que se fue quedando sin el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, pero también de las instituciones y dependencias públicas que iniciaron el proyecto en 1998, quedándose tan sólo con el trabajo de la CDHDF.

El martes de la semana pasada un grupo de mujeres acudió a la sede del ombudsman capitalino para tratar el tema, luego de rumores de que el organismo retiraría también su apoyo al CAIS. Por el contrario, explicó Rocío Culebro, a la CDHDF le interesa no sólo mantener el proyecto, sino darle mayor impulso, y ha comenzado a tocar puertas en distintas organizaciones para que realicen las funciones que desempeñaban las otras organizaciones.

Creado por iniciativa del ombudsman capitalino, con un proyecto de la entonces asesora Elsa Conde, el centro contó con la participación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la delegación Venustiano Carranza y la Junta de Asistencia Privada (JAP), al que se incorporó también la Asociación para el Desarrollo Integral (APAD), tenía el objetivo de apoyar la problemática de las trabajadoras y trabajadores sexuales proporcionándoles asistencia jurídica, médica, sicológica, capacitación, actividades lúdicas y talleres de derechos humanos, así como protección

"Esta atención integral estuvo funcionando, pero al final del año pasado fue terminándose, fueron retirándose esas instituciones de alguna manera, no porque ya no les interesara trabajar con las trabajadoras sexuales, sino por distintas razones", una de ellas fue la falta de financiamiento para darle continuidad al programa, como es la posibilidad de continuar pagando los servicios de los abogados, los médicos y la sicóloga.

Recordó que de acuerdo con la ley y el reglamento de la CDHDF, el organismo no tiene facultades ni está en posibilidad de proporcionar apoyos al CAIS más allá de lo que la misma normatividad le señala, y que son los talleres de derechos humanos y el inicio de quejas contra los abusos de alguna autoridad.

Principalmente, explicó, son las corporaciones policiacas, seguidas por los jueces cívicos y agentes del Ministerio Público, los que más abusan de los trabajadores sexuales, extorsionándolos, aplicándoles sanciones injustificadas o negándoles el derecho de acceder a la justicia.

Para Culebro, hace falta realizar un estudio más profundo sobre dicho grupo social, que ayude a entender mejor la problemática, definir con mayor precisión el tipo de políticas públicas y apoyos de las autoridades, que tengan mayor impacto, mayor repercusión y que no se les violenten sus garantías, puntualizó.