Se pretende "acusar a los indígenas de matarse entre sí", señalan observadores civiles

Autoridades autónomas denuncian en Chiapas acoso de paramilitares armados por el Ejército

"Hasta los priístas empiezan a tener miedo" de ser desalojados de Montes Azules

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis., 5 de julio. Por conducto del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (Capise), las autoridades del municipio autónomo Ricardo Flores Magón denunciaron que con la violencia de grupos paramilitares entrenados y armados por el Ejército federal, se pretende "acusar a los indígenas de matarse entre sí", así como desestabilizar las comunidades, sin que éstas puedan acusar al Ejército federal o al gobierno.

El día que el Capise visitó una comunidad fue visto un paramilitar con un arma de gran calibre. "Nos informaron que el arma provenía del Ejército federal", refieren los observadores civiles.

Las autoridades y las bases autónomas indican que los paramilitares pertenecen a la Organización para la Defensa Indígena y Campesina (Opdic), fundada en la comunidad de El Censo por Pedro Chulín, Pedro Girón y José Cruz Díaz, durante el gobierno de Roberto Albores Guillén.

La Opdic abarca seis regiones (Taniperla, San Jerónimo Tulijá, Ocosingo, Tila, Yajalón y Chilón) y podría estar vinculada con Paz y Justicia, así como con los Chinchulines. El presidente de la organización es el diputado local Pedro Chulín, señalado muchas veces como instigador o encubridor de acciones violentas. "Sus miembros se jactan continuamente de tener armas escondidas y reportan sus actividades e investigaciones directamente con el Ejército federal", destaca el informe.

El mal es para todos

En Nuevo Dolores los paramilitares han advertido a los pobladores "que vendrán a masacrarlos". El documento reporta la actuación de otras organizaciones paramilitares en la zona, como Chinchulines y MIRA.

El 15 de octubre de 1999 se formó un grupo más, que al parecer "no ha estado demasiado activo", si bien ya se involucró en una balacera por la que fue encarcelado Antonio Jiménez Encina, uno de sus miembros. "Una estrategia del gobierno es introducir civiles priístas en comunidades en resistencia con la finalidad de empeorar la situación". Las bases de apoyo zapatistas han intentado dialogar con los militantes priístas, pero éstos se niegan.

No obstante, "debido a los rumores de desalojo en Montes Azules, hasta los priístas empiezan a tener miedo; eso demuestra que el mal no es sólo para una organización, sino para todos".

Paramilitares y priístas amenazan con quemar la casa comunitaria y destruir los proyectos de café, ganadería, carpintería, cría de pollos y tiendas colectivas. A la vez, las autoridades de Flores Magón consideran que los lacandones (o caribes) son "manipulados por el gobierno contra sus hermanos indios" y responzabilizan a miembros del PRD en San Jerónimo Tulijá de golpear a las bases zapatistas e intentar imponer nuevas autoridades ejidales y penales, lo cual tiene también un efecto contrainsurgente. "Si nos remitimos a la mera existencia de grupos paramilitares, parapoliciacos o grupos armados, encontraremos que su presencia es, en términos concretos, una realidad", considera el Capise.

Con base en las vivencias cotidianas de las comunidades, ese no es un punto a discusión. Lo que sí representa un motivo de "fuertes discusiones" es la incapacidad (Ƒo complicidad?) de las autoridades.

Durante el periodo de Vicente Fox y Pablo Salazar, "sólo ha sido detenido un líder paramilitar, y se ha liberado a 11". El centro de análisis apunta: "Si monitoreamos la ubicación del Ejército federal y la de grupos armados y/o paramilitares, encontraremos que operan en las mismas zonas, sin ningún tipo de enfrentamiento o persecución". Al contrario, según los habitantes de las comunidades, los paramilitares ingresan a los campamentos militares "para entregar sus reportes".

El organismo señala la "ineficacia" del Ejército federal en las regiones indígenas de Chiapas desde 1995. Capise argumenta su empleo de conceptos como eficacia e ineficacia: las evidencias indican "intencionalidad del Ejército por no consignar a ningún paramilitar" en tanto se registra la aparición de nuevos grupos armados "ante la aparente impasibilidad de las fuerzas castrenses" que, no obstante su abrumadora presencia, "no han sido capaces de detener a ningún integrante o líder de grupo paramilitar".

El Capise plantea posibles "complicidades", debido a los numerosos testimonios sobre "la estrecha relación entre los paramilitares de la región y los campamentos militares". La actividad de inteligencia militar se ha incrementado considerablemente en la región de los Montes Azules con dos "objetivos primarios": Uno, "la identificación, ubicación y actividad de integrantes del EZLN, autoridades autónomas o bases de apoyo"; y dos, "que si bien las autoridades podrían argüir que no existe tal, la presencia de militares de civil representa la aplicación de una guerra sicológica de contrainsurgencia".

Los indígenas de la selva refieren que "los soldados traen prostitutas y enfermedades". Incluso "muchachas del lugar llegan hasta los campamentos para prostituirse". Con la excusa del narcotráfico, hay patrullajes continuos. Los soldados "muestran su fuerza" y hostigan sexualmente ("conquistan") a muchachas de secundaria y mujeres casadas, lo que ocasiona serios conflictos.

El centro de análisis efectuó una sistematización de operativos militares de las zonas Altos, norte y selva, con base en las denuncias por hostigamiento divulgadas por los municipios autónomos en meses recientes. De 288 operativos contabilizados, 33 por ciento sucedieron en el municipio Ricardo Flores Magón, "sin que el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía haya manifestado públicamente inconformidad alguna; de hecho, existen diversas denuncias sobre la complicidad de los cuerpos de seguridad pública".

En cuanto a las responsabilidades internacionales del Estado ante la ocupación militar en territorios indígenas, el Capise presenta un panorama general respecto de las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas por el hecho de haber sido despojados de territorios con fines militares, y con base en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la propia Constitución demuestra jurídicamente "la anticonstitucionalidad del proyecto de desplazamiento forzado" para Montes Azules.

Los pueblos indígenas tienen reconocido el territorio como derecho fundamental según el convenio 169 de la OIT, el cual, de acuerdo con el artículo 133 constitucional, forma parte del cuerpo jurídico, jerárquicamente por debajo de la Constitución, pero superior a las demás leyes federales. Ante esto, "el desplazamiento forzado a la población no sólo resulta improcedente y violatorio de los derechos universales", sino que además justifica "el retiro de la ocupación militar en territorios indígenas".