Imposible liquidar en efectivo, subraya Martínez Cue

Pagarían con terrenos la deuda con el bufete de Fernández de Cevallos

CAROLINA GOMEZ Y ANTONIO CASTELLANOS

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados señaló que el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es el que debe "definir la forma y mecánica" en que se deberá pagar al bufete jurídico del senador Diego Fernández de Cevallos el adeudo derivado de la pérdida del juicio de garantías 46/87 por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la cual debe pagar más de mil 214 millones de pesos.

Por su parte, la SHCP dio a conocer que junto con representantes del Congreso de la Unión revisa el proceso para determinar las fuentes de los recursos con que se cubrirá el adeudo de la SRA. Un informe interno de la dependencia señala que el documento fue turnado a la citada comisión del Poder Legislativo y no se tiene previsto un plazo para definir la indemnización a los representados por el bufete en que participa Fernández de Cevallos.

Según la dependencia, los legisladores analizarán la solicitud del Poder Ejecutivo y después se definirá en dónde existen recursos para pagar el adeudo de la SRA. En un escrito, fechado el 26 de junio de 2002 y dirigido a la presidenta de la mesa directiva de dicha cámara, Beatriz Paredes Rangel, los legisladores dejan en claro que es el Ejecutivo, el cual en virtud del artículo 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, el que debe hacer las adecuaciones presupuestarias, siempre con la "salvedad de no afectar el cumplimiento de los objetivos de los programas aprobados".

También debe observar -asienta el documento- "no rebasar el déficit público de 0.65 como porcentaje del PIB, durante el ejercicio en vigor". Asimismo, en virtud del artículo 11, los legisladores plantean que en torno a las "adecuaciones" hechas por la SHCP, ellos, si los cambios se enmarcan en los supuestos determinados en el citado artículo, tienen la facultad de "emitir la opinión correspondiente".

En este sentido, el diputado federal Fernando Martínez Cue, secretario de la mencionada comisión legislativa, adelantó a este diario que una de las posibilidades que se discuten es que ante la falta de dinero, y "las altísimas pretensiones (económicas) de los quejosos", la única posibilidad viable sería "resarcirlos con terrenos", porque es "imposible" pagar esas cantidades, ya que no hay de dónde obtenerlos.

En entrevista, el diputado del PAN, quien tiene suspendidos su derechos partidistas en el estado que representa -Morelos- comentó que todo el proceso "es muy cuestionable", porque "si bien estaría apegado a la propia ley", eso no explica que las "pretensiones" económicas sean "tan elevadas".

Al tiempo que las arcas federales carecen de recursos para hacer pagos no contemplados, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Juan Carlos Tamayo, informó en entrevista por separado que esta instancia enfrenta 50 juicios en materia fiscal, pero aclaró que no se puede precisar si hay otros casos defendidos por el senador panista. Son indistintos, "no miramos quiénes están detrás de los intereses de cada uno".

El 19 de junio se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su dictamen y despacho el oficio de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, en el que se "describe la necesidad de una ampliación de recursos para dar cumplimiento al pago de daños y perjuicios" al bufete de Diego Fernández de Cevallos.

Según el artículo 11, "cuando las adecuaciones a los montos presupuestarios ocasionen en su conjunto una variación mayor al 10 por ciento del presupuesto total de alguno de los ramos que comprende este presupuesto (...) se deberá solicitar opinión a la Cámara, la cual deberá emitir la misma en un plazo máximo de 10 días naturales, contados a partir de que el Ejecutivo remita la propuesta de adecuación a la Cámara".

Una vez que la instancia legislativa, por conducto de la Comisión de Presupuesto, analiza la composición de la propuesta, con el propósito de hacerle modificaciones, el Ejecutivo federal, habiendo tomado en cuenta las sugerencias, resolverá lo conducente. Si no hay opinión de la Cámara, en un plazo de 15 días hábiles, se llevará a cabo el proyecto del Ejecutivo.