Ya con asesoría del senador panista,
ganaron mil 214 millones por 33 hectáreas
Herederos de Ramos Millán obtuvieron en 97 una
indemnización de $11 millones por 25 hectáreas
A los campesinos de San Salvador Atenco se les pretende
pagar $8 por metro, en el caso de ejidos de Santa Ursula Coapa se brindaron
casi $4 millones, denuncian colonos
ANDREA BECERRIL
Los herederos de Gabriel Ramos Millán, que gracias
al despacho jurídico de Diego Fernández de Cevallos ganaron
un juicio a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) por más
de mil 214 millones de pesos como indemnización por un predio de
33 hectáreas en los ejidos de Santa Ursula Coapa, en 1997 fueron
beneficiados por otra resolución judicial, en una zona cercana,
pero con un pago muy por debajo del que les consiguió el actual
presidente de la mesa directiva del Senado.
Los mismos demandantes, Amando Bernal Estrada y la sucesión
de Gabriel Ramos Millán también ganaron el amparo 944/71,
en Los Pedregales de Santo Domingo, Coyoacán, por un terreno de
25 hectáreas, pero sólo recibieron como indemnización
un pago de 11 millones 106 mil 600 pesos, y luego de un convenio firmado
con el entonces Departamento del Distrito Federal (DDF), hace cinco años.
"Es que seguramente no los asesoró en esa ocasión
Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia, quienes en
el juicio contra la SRA obtuvieron una cifra cien veces superior", comentaron
Miguel Angel Salazar Leyva y Manuel Carranza Trejo, representantes vecinales
de las colonias Cantera Puente de Piedra, Pueblo Quieto y El Caracol, los
tres asentamientos conformados en las 33 hectáreas expropiadas en
1984, que reclamaron como suyas los herederos de Ramos Millán.
Precisaron que las más de mil familias que habitan
en el predio que estuvo en litigio desde 1987 exigen no ser afectadas como
habitantes de la zona -en otros casos similares se intentó volver
a escriturar-, pero sobre todo que no se les lesione como contribuyentes
del erario público, si se decide que la SRA cubra esa cifra "exorbitante"
a los clientes de Fernández de Cevallos.
Los colonos pidieron a los legisladores que tienen a su
cargo decidir sobre ese pago millonario que investiguen primero cómo
es que se logró una indemnización de esa naturaleza, toda
vez que ni en la actualidad, cuando el predio de 33 hectáreas en
lo que fue el ejido de Santa Ursula Coapa ha adquirido un valor superior
al que tenía en 1984, puede cotizarse tan alto.
El estar cerca del Periférico, atrás del
estadio Azteca, y con 18 años de trabajo y esfuerzo de los vecinos
para urbanizarlo, ha incremento su valor, pero no es ni remotamente cercano
a los 4 mil pesos el metro cuadrado -3 mil 679.31 pesos con exactitud-
lo que significó una indemnización de mil 214 millones 174
mil 40 pesos para los herederos de Ramos Millán.
¿De dónde se sacó ese precio por
metro cuadrado, si a los campesinos de San Salvador Atenco se les quiere
indemnizar con base en ocho pesos el metro cuadrado de sus tierras?, cuestionaron.
Esa pregunta y también la de cómo fue que
los Ramos Millán se hicieron de esas tierras y cuánto pagaron
por su adquisición "se las deben formular los diputados, antes de
autorizar pago alguno a los representados de Diego Fernández de
Cevallos y Lozano Gracia.
Otro dato que también salta en el expediente, dijeron,
es que de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte, los herederos
de Ramos Millán no fueron despojados de las 33 hectáreas,
porque no tenían la posesión física de los predios
al momento de la expropiación.
Un dato que permite valorar lo "exorbitante" de la cantidad
que el despacho jurídico de Fernández de Cevallos obtuvo
para los Ramos Millán es que los mismos demandantes, en otro juicio
cinco años antes, también lograron una indemnización,
pero muy por debajo a la que pretenden cobrar a la SRA.
Los detalles de aquel proceso
El ingeniero Armando Bernal Estrada y Gabriel Ramos Fernández
ganaron el amparo 994/71, por una superficie de 25 hectáreas en
los Pedregales de Santo Domingo, Coyoacán. Como el terreno no se
les podía devolver, firmaron un convenio con el entonces Departamento
del Distrito Federal, el primero de julio de 1997.
Por el DDF firmó ese convenio Gloria Solís
Pérez en su carácter de directora general de Regularización
Territorial. En el documento se establece, como primer punto, que "toda
vez que la resolución emitida por el Tribunal Unitario Agrario del
octavo distrito en el DF, con fecha 2 de mayo de 1997, ha negado la acción
de reconocimiento y titulación de los bienes comunales promovida
por la comunidad de Santo Domingo de los Reyes, delegación Coyoacán,
respecto de la superficie en la que se encuentran los predios de los señores
Gabriel Ramos Millán y Armando Bernal Estrada, los particulares
recibirán un pago por los daños derivados de la afectación
de dichos predios por el DF".
En el artículo segundo de ese convenio se precisa
que "como pago a lo pactado en la cláusula anterior, el DF cubre
este acto ante la fe del notario público del Distrito Federal a
favor de los particulares, la cantidad de 11 millones, 106 mil pesos".
Miguel Angel Salazar y Manuel Carranza Trejo señalaron
que estarán pendientes de la decisión que se tome en la Comisión
de Programación y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados,
no sólo por sus derechos como habitantes de las tres colonias edificadas
en las 33 hectáreas peleadas por los herederos de Ramos Millán,
sino por el riesgo de que se consume "un nuevo fraude a la nación".
Ambos coincidieron en la responsabilidad de los diputados para evitarlo.
