Concede suspensión provisional al encargado
de las finanzas de los Amigos de Fox
Frena juez intento por conocer los movimientos financieros
de Korrodi
En la demanda de amparo promovida por Carlota Robinson
se ordenó corregir inconsistencias
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores no
podrá dar cumplimiento al fallo del TEPJF
CAROLINA GOMEZ Y GUSTAVO CASTILLO
El Instituto Federal Electoral (IFE) no podrá -al
menos en los próximos meses- conocer los movimientos financieros
realizados por medio de las cuentas bancarias de la empresa Alta Tecnología
en Impresos, ligada al grupo Amigos de Fox, con las cuales presuntamente
se recibió financiamiento del exterior para la campaña presidencial
de Vicente Fox Quesada.
Lo anterior, debido a que la juez primero de distrito
en materia administrativa, María Ruiz Rodríguez, otorgó
una suspensión provisional a Lino Korrodi, quien fue el encargado
de las finanzas de esa organización y accionista mayoritario de
la empresa Alta Tecnología en Impresos, en tanto que la juez séptima
de distrito, María Díaz Barriga de Silva, determinó
que la demanda de amparo promovida por Carlota Robinson (presunta operadora
de las transferencias) tiene deficiencias y deben ser corregidas antes
de decidir si le concede o no la suspensión provisional y se entra
de lleno al juicio.
La
suspensión provisional constituye la primera fase de un amparo y
permite al demandante, en este caso Lino Korrodi y Carlota Robinson, no
ser afectado por una decisión de autoridad, pero esto no significa
que haya ganado el proceso.
En el caso de Korrodi, a este juicio aún le quedan
pendientes tres etapas. La sentencia del juez de distrito puede ser recurrida
hasta en dos ocasiones más ante los tribunales por la defensa del
empresario, si le resulta desfavorable la decisión judicial, mientras
que la autoridad sólo puede apelar el fallo una sola vez, si es
que el beneficiado es el empresario.
La suspensión provisional implica que en tanto
dure el proceso de juicio de amparo, ni la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV) ni el IFE tendrán acceso a los estados de cuenta
para definir si hubo o no aportaciones financieras desde el extranjero
a la campaña de Fox Quesada.
En lo que concierne a Carlota Robinson, otra de las principales
integrantes de lo que fueron los Amigos de Fox y quien también solicitó
un amparo, la juez Díaz Barriga de Silva determinó que su
alegato presentaba "inconsistencias", por lo que pospuso su pronunciamiento
judicial al respecto.
La solicitud de amparo de Carlota Robinson requiere correcciones,
y una vez realizadas la impartidora de justicia tendrá que emitir
su dictamen en un plazo de 24 horas.
Fuentes del Poder Judicial de la Federación que
fueron consultadas indicaron que en este momento la CNBV está imposibilitada
para responder al IFE y así dar cumplimiento al fallo del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que determinó
la apertura del secreto bancario, para conocer las cuentas de Lino Korrodi
y todas aquellas relacionadas con los Amigos de Fox.
La imposibilidad de que la CNBV entregue los estados de
cuenta al IFE puede tardar varios meses, un año o más, ya
que todo depende de la celeridad con que se interpongan los recursos y
los tribunales resuelvan el caso.
Como se recordará, La Jornada publicó
en mayo de 2000 los primeros indicios de que en la campaña de Vicente
Fox se habían triangulado recursos provenientes del extranjero,
luego de que el First National Bank denunciara a Juan Pablo Fox Quesada
por el delito de fraude, y se diera a conocer que por la cuenta abierta
en esa institución estadunidense habían pasado miles de dólares
en distintos momentos, y que fueron transferidos a distintos destinos como
si se tratara de operaciones de lavado de dinero.
Luego, el entonces senador priísta Enrique Jackson
denunció en la tribuna de la Cámara de Diputados que, por
medio de la empresa Alta Tecnología en Impresos, Carlota Robinson
había recibido dinero del extranjero, procedente de la compañía
belga Dehydration Technologies Belgium, y que los recursos se habían
transferido directamente a cuentas de Lino Korrodi y de la asociación
Amigos de Fox.
Sin embargo, la investigación de los recursos utilizados
en la campaña de Vicente Fox comenzó a finales de 2001, cuando
en el IFE se abrió un debate entre los consejeros sobre la viabilidad
de las quejas presentadas por PRD y PRI.
Entre 2000 y 2001, en tres ocasiones el IFE requirió
información a la Secretaría de Hacienda, pero ésta
fue negada, con el argumento del secreto bancario.
Asimismo, en una larga sesión, los consejeros desecharon
las propuestas de Pablo Gómez y Jaime Cárdenas para que se
solicitara la información al propio Presidente de la República.
Incluso se planteó que se interpusiera una controversia constitucional,
pero esto fue rechazado por mayoría.
La representación del PRI no se conformó
con la decisión asumida en el seno del Consejo General del IFE,
y a mediados de agosto de 2001 presentó una apelación ante
el TEPJF, el cual determinó que los recursos utilizados en la campaña
de Fox Quesada debían ser auditados.
El pasado jueves, la magistrada electoral Alfonsina Navarro
reconoció que no existe precedente jurídico de un amparo
en contra de una resolución del TEPJF relacionada con las facultades
del IFE para fiscalizar los gastos de campaña de los partidos políticos.
Comentó que si los juzgados primero y séptimo
administrativos se declaran incompetentes, el asunto podría llegar
incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo,
como al caso de Korrodi ya se le dio entrada, el juicio se resolverá
en los tribunales unitarios y colegiados del Poder Judicial de la Federación.