Lo primero que compraron como asociación fue una corona de flores para una compañera que murió víctima del sida en 1992. Año en que 107 sexoservidoras, cansadas de la constante represión de las recién estrenadas autoridades panistas del municipio de Tijuana, Baja California, decidieron unirse y constituir la asociación civil Vanguardia de Mujeres María Magdalena, apoyadas por Emilio Velásquez, del Frente Internacional por los Derechos Humanos en Tijuana (FIGTH).

La mayoría de ellas trabajaba en dos turnos, mañana y tarde, en la calle Primera de la zona centro de la ciudad, donde eran víctimas de abusos policíacos y arrestos múltiples, hasta cinco veces en un día, por violar el Bando de policía y buen gobierno al "invitar en la vía pública en forma escandalosa a la actividad sexual"; por ello decidieron organizarse y reclamar su derecho a ejercer libremente su actividad. "Los policías llegaban a los cuartos, les tumbaban las puertas, las sacaban a jalones, hubo algunas que incluso fueron atacadas con gas irritante en la cara", recuerda Velázquez.

Las sexoservidoras tijuanenses ya eran víctimas de abusos desde hacía varios años, durante administraciones priístas, pero se recrudecieron con el arribo del PAN al gobierno estatal y municipal en 1989, tras la victoria de Ernesto Ruffo Appel. Entonces, asegura el activista, surgió una verdadera cacería de sexoservidoras con el pretexto de "limpiar" la imagen de Tijuana ante la opinión pública nacional e internacional, "a ellas se les culpó de la leyenda negra de la ciudad".

En marzo de 1992, Virginia Segura, una de las fundadoras de la organización, decidió acudir, cansada de los abusos, arrestos, extorsiones, multas y humillaciones, a la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California (PDHPC), también de reciente constitución. El ombudsman estatal de entonces, José Luis Pérez Canchola, las refirió con el FIGTH, organización que resistía las embestidas de las autoridades panistas contra los homosexuales y sus lugares de reunión en la ciudad. Para el alcalde panista, Carlos Montejo Favela, los bares gay eran "centros de perversión" y aseguraba contar con decenas de peticiones ciudadanas para clausurarlos. La persecución disminuyó cuando los activistas gay amenazaron con divulgar los nombres de los servidores públicos panistas frecuentadores de los bares gay de la localidad y de la vecina ciudad de San Diego, California. "Fue la última vez que nos apoyó la PDHPC, ahora el organismo está entregado a las autoridades panistas de la entidad", sostiene Emilio Velázquez.

Las Magdalenas, como se les conoce, decidieron seguir el ejemplo de los activistas gay en su lucha por el reconocimiento y respeto de las autoridades. Alentadas por Virginia Segura, comenzaron a reunirse en el café Emilio's, ubicado en la zona centro de Tijuana. Allí los activistas Carlos Díaz, Max Mejía y Emilio Velásquez, quienes tenían años dedicándose a la labor educativa en materia de prevención del sida, comenzaron a concientizarlas de sus derechos civiles, además de ofrecerles talleres de prevención de enfermedades de transmisión sexual. "Al principio no querían venir, pero después se dieron cuenta del beneficio para ellas", recuerda Velázquez. Ese mismo año, y a seis meses de haberse constituido como asociación civil, lograron frenar los abusos en su contra. De ahí en adelante, realizarían una serie de actividades para fortalecerse como organización. Hoy, cada una se hace cargo del pago de su respectiva tarjeta sanitaria, y con sus cuotas compran condones por mayoreo a la organización Planned Parenthood Federation en San Diego, California.

La mayoría proviene de los estados de Puebla, Oaxaca, Veracruz y el Estado de México. Muchas llegaron a esta frontera con la esperanza de encontrar mejores condicionas de vida, aquí o del otro lado de la frontera. Sin embargo, la falta de oportunidades de empleo y la necesidad de obtener recursos para sacar adelante a sus familias las orilló a buscar una alternativa en las calles.

Para las autoridades panistas, esta actividad no debe realizarse en las calles, por ser una actividad "escandalosa". Pero ellas prefieren trabajar en la calle por su seguridad, toda vez que dentro de los bares se les obliga a beber y a soportar a parroquianos en estado de ebriedad; muchas de las que trabajan dentro de los bares terminan con adicciones al alcohol y a las drogas.

A una década de la creación de la organización, las autoridades municipales siguen intentando controlar a las sexoservidoras de la localidad mediante la creación de un nuevo reglamento de prostitución que se discute en el cabildo de la ciudad, donde por vez primera se reconoce esa actividad. Según el regidor priísta, Carlos Barbosa, el reglamento será de gran beneficio para las sexoservidoras, pues reconoce que su actividad no es ilegal. Las autoridades insisten en regular la actividad, toda vez que actualmente se practica de manera clandestina en salas de masajes donde, por reglamentación municipal, está prohibido el uso de preservativos.

Según José Guadalupe Bustamante Moreno, coordinador de Desarrollo Humano del ayuntamiento de Tijuana, el nuevo reglamento protege la salud de las sexoservidoras, a través de la atención gratuita por parte de Servicios Médicos Municipales, el gobierno del estado y la asociación civil Fronteras Unidas. "Lo principal es protegerlas y para ello debemos contar con un padrón confiable, y sobre todo que ellas estén de acuerdo en cuidar su salud y la de sus hijos", abundó. El funcionario precisó que se cuenta con la colaboración del Instituto de Servicios de Salud del Estado, que proporcionará los insumos necesarios para que se realicen los exámenes de Papanicolau de manera gratuita. Bustamante Moreno añadió que los exámenes de VIH también serán gratuitos, con la seguridad de que aquellas que resulten seropositivas serán tratadas en el Hospital General de esta ciudad. En cuanto a la vacuna contra la hepatitis B, enfermedad contagiosa y que causa más defunciones que el sida, se cubrirá una cuota de alrededor de 400 pesos; "cantidad que les puede salvar la vida a los adultos, ya que a los niños se las proporciona Isesalud de manera gratuita", concluyó el coordinador de Desarrollo Humano.

Para las sexoservidoras pertenecientes a Vanguardia de Mujeres María Magdalena, la medida propuesta por los ediles sólo acarreará más problemas, toda vez que actualmente son detenidas por policías municipales por no contar con una tarjeta sanitaria vigente. Las activistas sostienen que la intención real de las autoridades es controlar el fenómeno de la prostitución, ya que actualmente el departamento de Salud Municipal sólo tiene registradas a 2,700 sexoservidoras de las más de 12 mil que se estima existen en la ciudad.

Encabezadas por Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos, se reunieron hace unas semanas con funcionarios municipales y estatales, así como con Carlos Barboza, regidor presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal. En el encuentro, las mujeres de María Magdalena exigieron que se les deje de tratar como criminales; expresaron su inconformidad por el hecho de que a menudo, durante los operativos nocturnos, son obligadas a subir en la parte trasera de las patrullas, en el mismo lugar donde van detenidos delincuentes y consumidores de drogas, quienes las molestan o intentan abusar de ellas a bordo del vehículo. También exigieron frenar las detenciones tan sólo por no contar con la tarjeta de sanidad, y rechazaron la iniciativa contemplada en el proyecto de Renovación de la Zona Norte de Tijuana de ubicarlas dentro de los bares para evitar que sigan laborando en las calles.
 
 

Corresponsal de La Jornada en Tijuana, BC.