Secodam presume diversos delitos de ex funcionarios

Pemex paga obra inconclusa en la refinería de Cadereyta

Ha cubierto 726 mdd de la deuda de 2 mil 420 a 10 años

GUSTAVO CASTILLO Y ENRIQUE MENDEZ

Petróleos Mexicanos (Pemex) asumió desde diciembre de 2000 la deuda pública en Pidiregas por el contrato que otorgó a Conproca -Sunkyong Engineering, Tribasa y Siemens- por la reconfiguración de la refinería de Cadereyta, aun cuando la planta no está terminada. Ha pagado 726 millones de dólares, de los 2 mil 420 millones de dólares que representa la deuda, casi el doble del precio inicial.

Es decir, el costo de las obras de modernización y reconfiguración de la refinería de Cadereyta se financiaron a 10 años, como Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas).

El primero de los 24 pagos semestrales, cada uno por 121 millones de dólares, que la paraestatal debe realizar hasta diciembre de 2008, se efectuó a pesar de que la obra estaba inconclusa y que, por lo tanto -según información de diputados federales obtenida de la Auditoría Superior de la Federación-, no debió haberse hecho.

El 24 de septiembre del año pasado, el director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, fue cuestionado por legisladores respecto a esos pagos. La perredista María del Rosario Tapia Medina criticó que desde diciembre de 2000 -ya en esta administración-, y luego en abril de 2001, Pemex realizara los dos primeros pagos a Conproca, aun cuando la obra de modernización de la refinería y la construcción de la planta coquizadora no habían concluido.

Desde el 21 noviembre de 2000 (comunicado 231/2000 de Pemex), el entonces director de Pemex Refinación, Jaime Mario Willars Andrade, dio por concluido el proyecto Cadereyta y afirmó que la planta había comenzado a operar.

Sin embargo, esto aún no es un hecho, pues para que el complejo cumpla con el objetivo de producir 270 mil barriles diarios de gasolinas y diesel, es necesario contar con la coquizadora (unidad que permite extraer más combustible de los residuos de petróleo ya refinado), que todavía no se construye y, por tanto, México continúa importando esos volúmenes diarios de energéticos.

Por esa razón, la diputada Tapia Medina consideró que los pagos son ilegales. Estos, dijo, "debían hacerse cuando la planta entrara en operación y pagarse con sus ingresos, como lo establece el mecanismo de Pidiregas, con lo que se generó una deuda pública irregular".

Para el diputado federal panista Mauricio Candiani Galaz, proyectos como el de Cadereyta constituyen un "modelo de estudio de lo que provocó una falta de planeación adecuada de la administración anterior".

Sin embargo, planteó a Muñoz Leos que el gobierno del presidente Vicente Fox "no puede seguir permitiendo la pérdida de un millón 20 mil 592 dólares diarios, según cálculos de Pemex, de producción adicional de varios productos por no tener la coquizadora lista".

La obra de Cadereyta se duplicó, según datos de la Auditoría Superior de la Federación presentados por los legisladores durante las comparecencias del secretario de Energía, Ernesto Martens, y de Muñoz Leos en septiembre de 2001.

Además, Pemex realizó transferencias por 98 millones de dólares a Conproca, que la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) estimó "constitutivos de delito", porque eran "improcedentes", y por lo cual presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en 1999.

Una auditoría de muchas

El 17 de mayo de 2001, Alejandro Torres Palmer, subsecretario de Normatividad y Control de la Gestión Pública, "ordenó la práctica de una visita domiciliaria" a Pemex con la orden SNCGP/300/ 394/2001, oficio del cual se turnó copia a Armando Leal Santana, director de Pemex Refinación. Mediante los folios 3940101 al 3940103 se inició la auditoría en presencia de Rudy O. Albertos Cámara, subdirector de Finanzas y Administración del organismo subsidiario.

El informe de resultados de Torres Palmer fue: "Se reportan hechos que pueden ser constitutivos de delito, consistentes en haber efectuado pagos sin contar con el soporte documental adecuado, a la empresa Conproca, S.A. de C. V., en franca contravención del artículo 134 constitucional (que obliga a administrar en forma proba y eficiente los recursos) y demás ordenamientos reglamentarios, con motivo de la improcedente reclamación (del pago de 98 millones de dólares) presentado por Conproca durante la ejecución del contrato de obra pública que celebró con Pemex Refinación".

Agrega el documento: "En tales hechos, se advierte la participación de servidores públicos adscritos" a Pemex Refinación, "como al órgano interno de control".

A partir del resultado de la auditoría, el 28 de agosto de ese año el director general adjunto penal de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secodam, Ignacio César Fuentes Rubio, presentó la denuncia ante la PGR en la que pidió ejercitar acción penal contra los siguientes ex funcionarios de Pemex Refinación:

Eduardo Vergara Cabrera, director de Proyectos; Jaime Mario Willars Andrade, director de Pemex Refinación; Máximo Téllez Rosas, gerente de Proyectos I; Roberto Aguilar Sierra, contralor interno, y Miguel Eduardo Rivera Nava, gerente de Control, Evaluación y Desarrollo Administrativo de la Contraloría Interna.

En la denuncia, descrita en el oficio 1103/3160 -que consta de 72 cuartillas, incluidos los anexos, del cual La Jornada posee copia-, se detalla: "denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito, en contra de quien o quienes resulten responsables de haber efectuado pagos improcedentes a la persona moral denominada Conproca", por haber "violentado los dispositivos legales de orden público reguladores del ejercicio del gasto público federal".

La PGR abrió entonces la averiguación previa 49/DCSP/D/2001, en la que se asienta lo siguiente: "La cifra total pagada a Conproca ascendió a 98 millones 353 mil 680 dólares en contravención a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas".

La Secodam documentó ante el Ministerio Público Federal que los ex directivos de Pemex Refinación aceptaron modificar el contrato original "a mano alzada" (convenio que no admite ningún ajuste de costos ni modificación al proyecto) con la firma de otro "de precios unitarios".

Además, la auditoría practicada detectó que el organismo subsidiario de Pemex acordó con los empresarios de Conproca pagar "las posibles variaciones del proyecto Cadereyta que impliquen trabajos complementarios no incluidos dentro del alcance de las obras, que se soliciten mediante órdenes de trabajo".

Los auditores descubrieron que ese pago se hizo aun cuando el supervisor técnico de la obra había "declarado improcedente cualquier pago a favor de Conproca, en relación con trabajos ejecutados al amparo del contrato celebrado sobre la base de precios unitarios".

Willars y sus subordinados "pasaron por alto" los términos del primer contrato, "hecho que necesariamente implica variaciones al proyecto original y, en consecuencia, costos adicionales, infringiendo con ello las disposiciones de la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional".

Para sustentar su demanda de pago, Conproca presentó a Pemex Refinación una lista de 463 órdenes de trabajo a precios unitarios. El organismo aceptó pagar 187, aun sin determinar su procedencia, y sin que el órgano colegiado y el auditor técnico las aprobaran.

Los auditores de la Secodam determinaron que de las 187 órdenes de trabajo a precio unitario, sólo una cumplió con la documentación requerida para el pago; otras 99 eran procedentes pero faltaba el soporte escrito; 10 procedían en forma parcial; 53 no, desde el punto de vista técnico; tres quedaron pendientes por falta de información; de 11 más no se recibieron informes de Conproca, y otras 10 fueron canceladas por la misma empresa.

El informe del auditor resumió: "Lo anterior permite sostener que no debió efectuarse pago alguno a favor de la contratista 'en forma anticipada' en virtud de que los servidores públicos adscritos a Pemex Refinación no tenían la certeza de la procedencia de los mismos, es decir, no era necesario afectar el presupuesto de la entidad".

"Inexplicable urgencia"

Para justificar la entrega de recursos a Conproca, Pemex suscribió dos convenios en los que detalló que eran de carácter "provisional".

El primero fue firmado el 15 de noviembre de 2000 por Vergara Cabrera, Téllez Rosas y el ex director de la Unidad Jurídica Luis Ricardo Bouchot Guerrero, en el que Pemex Refinación se comprometió a pagar un cheque por 29 millones 978 mil 75 dólares, que se obtuvieron "al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios bajo la modalidad Pidiregas". El segundo, del 6 de febrero de 2001, fue por 68 millones 375 mil 605 millones de dólares, que también se financiaron con deuda pública.

Ambos pagos, afirmó la Secodam en su denuncia, se hicieron casi dos meses después de que el Centro de Investigaciones en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA) le informó a Téllez Rosas que la reclamación era improcedente, y aun cuando Pemex Refinación sostuvo que fueron exhibiciones parciales.

"Puede presumirse que existió una inexplicable urgencia por entregar el dinero en favor de Conproca, y se pasó por alto el dictamen del auditor técnico."