Se busca abandonar la rama que verdaderamente produce conocimientos

Advierten que la Ley de Ciencia y Tecnología privilegia los intereses de la iniciativa privada

Científicos podrían solicitar un amparo o promover una controversia constitucional

KARINA AVILES

La Ley de Ciencia y Tecnología implica "graves riesgos" para el desarrollo científico y tecnológico nacional, porque en los hechos significa "la transferencia de recursos públicos" para apoyar con salarios, becas y exención de impuestos a los dueños del dinero, quienes ahora resulta que son "investigadores y tecnólogos" con capacidad de decidir qué tipo de investigaciones se van a realizar. Lo anterior implica varios peligros, como por ejemplo el impulso de proyectos que sólo tengan un enfoque de mercado y en consecuencia soslayen la ciencia básica, que es la productora del conocimiento, alertaron investigadores universitarios.

Al pronunciarse a favor de que se dé marcha atrás a dicha legislación, indicaron que se estudia la posibilidad de promover un amparo o interponer una controversia constitucional.

En una conferencia de prensa en la que se anunció que durante el Foro Nacional sobre Ciencia y Tecnología, a realizarse el 2 y 3 de julio, se elaborará una nueva propuesta para enviarla a la Cámara de Diputados, el secretario general del STUNAM, Agustín Rodríguez, señaló que dicha ley se aprobó "casi en fast track" y sin la participación de las voces autorizadas en la materia que son los investigadores, científicos y trabajadores de la educación .

En entrevista, la investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM Margarita Rosado enumeró varios de los riesgos que implica la ley mencionada y apuntó que el 4 de julio es la fecha límite para promover un amparo, ya sea individual o colectivo, en contra de la legislación. Rosado afirmó que con el propósito de transferir los fondos públicos a la iniciativa privada ahora resulta que los dueños del dinero son "investigadores y tecnólogos".

Por ejemplo, recordó que en la consulta que se hizo para cabildear la legislación se tomaron las opiniones del sector privado. "En la página web de la consulta aparecen 32 mil investigadores" de la Coparmex, que no son otras personas que los mismos industriales. En ese sentido, puntualizó que en México existen alrededor de 8 mil peritos miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Aparte, hay cerca de 12 mil investigadores que no pertenecen al SNI.

"Uno de los grandes peligros (de la ley) es que el dinero que anteriormente se destinaba a la ciencia y tecnología, y que proviene de fondos públicos, ahora se destine a la renovación de la planta industrial del país", aparentando que se está invirtiendo en ciencia y tecnología cuando no es así, señaló.

La renovación de la planta industrial no necesariamente significa el desarrollo científico y tecnológico, aclaró. "La importación de insumo de personal y de ciencia va a llevar a la destrucción de la poca ciencia y tecnología mexicana", alertó. Con la nueva ley será "más difícil que los investigadores obtengan los apoyos por parte del Conacyt, lo cual propiciará que a la larga menos jóvenes se dediquen a la investigación científica", añadió.

Margarita Rosado, quien también es miembro de la Federación del Personal Académico de la UNAM (Fecopa), subrayó que "no han salido las convocatorias para los nuevos proyectos de investigación, excepto para los fondos sectoriales" que no impulsan la investigación básica.

En ese sentido, recalcó que México tiene una tradición bastante buena en ciencia y tecnología, y es necesario proteger la investigación básica, que es la produce el conocimiento.

Por otra parte, dijo que la ley en mención "lejos de contar con la participación de científicos y tecnólogos, hace que sean el Presidente y sus secretarios de Estado los únicos con capacidad para definir el tipo de investigaciones y los fondos que se destinan para éstas".

Efraín Cruz, integrante de la Fecopa, una de las 10 organizaciones convocantes al foro, indicó que históricamente las instituciones de educación superior han sido las encargadas de producir la investigación, y "ahora resulta que los responsables de hacer la ciencia y la tecnología son los de la iniciativa privada. El problema es la exclusión de los actores fundamentales", como son los científicos y los investigadores, de la tarea de hacer ciencia. Por último, indicó que la nueva ley abre la puerta para que un futuro no muy lejano la ciencia y la tecnología queden separadas del quehacer de las instituciones de educación superior, lo cual es un riesgo.

El foro se realizará en el auditorio Rafael Galván, del Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria Nuclear y contará con la participación de diputados y senadores de las comisiones de ciencia y tecnología, el presidente del Conacyt, Jaime Parada, y científicos de distintas instituciones.