El dictamen, un retroceso, dicen diputados perredistas

Debe el gobierno local opinar sobre las reformas a la ley de IAP: PRD

RAUL LLANOS SAMANIEGO

La diputada perredista Clara Brugada hizo un llamado al Gobierno del Distrito Federal y a la Secretaría de Desarrollo Social para que se expresen públicamente a favor o en contra de las reformas a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada (IAP), cuyo dictamen se discute en la Asamblea Legislativa y podría ser incluido en la agenda del próximo periodo extraordinario.

En conferencia de prensa, junto con varios de sus compañeros de fracción, Brugada expresó que "hay un debate en la opinión pública por la contrarreforma que promueven PRI, PAN y PVEM, y sobre el tema ya se han manifestado distintos sectores de la sociedad, por lo que el gabinete social del gobierno capitalino y concretamente Andrés Manuel López Obrador, deben dar una opinión al respecto".

Comentó que "no por querer tener demasiada prudencia" se debe dejar pasar ese intento de "retroceso", por lo que las autoridades del DF deben hablar, "y no importa si tienen una postura distinta a la de los diputados perredistas, pues no será la primera ocasión en que tengan puntos de vista distintos. Con todo y ello, la definición del gobierno al respecto puede ayudar a la fracción".

Mientras, Alejandro Sánchez Camacho, coordinador de los diputados perredistas; Carmen Pacheco, vicecoordinadora, y Emilio Serrano y Marcos Morales señalaron que el dictamen que promueven priístas, panistas y pevemistas pretende echar atrás la vigilancia sobre las IAP; eliminar a la Contraloría General del consejo directivo de la Junta de Asistencia Privada y restar representación al gobierno local.

En opinión de Pacheco, con esa "contrarreforma se abre la puerta para que algunas IAP incurran en lavado de dinero y conviertan la caridad en un jugoso negocio de agiotistas". Por ello, los perredistas hicieron un llamado a los legisladores de las otras fracciones a "no ser cómplices" de esas ilegalidades.

Durante la misma conferencia, Verónica Aguilar denunció el abuso que sufrió de la fundación Jesús García Figueroa, donde tienen intereses Víctor García Lizama, ex presidente de la AMIAP, y su hijo, Fernando García Ruiz, quienes le hicieron un préstamo de 500 mil pesos y ahora le exigen el pago de 2 millones 159 mil pesos.