Son escenografías montadas por el gobierno estatal

Critican defensores comunitarios los acuerdos de paz en Chiapas

Habrá seguridad para el retorno de desplazados cuando los paramilitares sean desmembrados y sujetos a proceso, señalan

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis., 27 de junio. Los acuerdos de paz en la zona norte de Chiapas, promovidos por el gobierno estatal, son "escenografías montadas para aparentar escenarios de paz que no existen", afirma la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, en un informe dado a conocer en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

Tras un severo balance sobre la situación actual en la zona norte, "donde continúan la falta de justicia y la impunidad", la red exige al gobierno del estado "respetar el derecho a la justicia de todas aquellas familias y víctimas de los actos del grupo paramilitar Paz y Justicia. Sólo cuando la justicia llegue a la zona norte, cuando los paramilitares sean desmembrados y sujetos a proceso penal, habrá condiciones para un retorno seguro de los desplazados".

Para el organismo de derechos humanos, que trabaja en distintas regiones de la zona de conflicto, los retornos de desplazados que organiza el gobierno chiapaneco junto con grupos religiosos en Tila, "no cumplen con las condiciones necesarias para proteger la vida e integridad física de los desplazados, quienes tampoco tienen asegurada la recuperación de sus casas, parcelas, cafetales, solares y otros servicios de la comunidad, ocupados y controlados por los paramilitares".

Ante esta falta de condiciones, ni siquiera se habla de la reparación de daños sufridos desde 1995 hasta la fecha. El actual gobierno del estado, dice la red, "planea de nueva cuenta estos retornos". Recientemente se efectuó una nueva reunión de funcionarios de gobierno y religiosos católicos "para firmar acuerdos de reconciliación y decidir fechas de retorno".

La población desplazada, por conducto de sus defensores comunitarios, "hace un enérgico reclamo al gobernador del estado ante la actuación de sus representantes, así como la participación de militantes del PRD de la zona baja de Tila, quienes sólo están creando divisiones en las comunidades, promoviendo supuestos procesos de paz carentes de justicia, que buscan aparentar procesos de pacificación en lugares donde se han producido decenas de ejecuciones extrajudiciales y cientos de familias han sido desplazadas por grupos paramilitares que actuaron y siguen actuando con impunidad".

Mientras la presencia militar no se ha reducido un ápice desde tiempos de Ernesto Zedillo, los recientes intentos gubernamentales por desactivar al grupo paramilitar conocido como Paz y Justicia han fracasado, en la medida en que persiste la impunidad de sus miembros más violentos.

No obstante, desde diciembre pasado militantes del PRD de la zona, dirigentes de Paz y Justicia, y representantes del gobierno estatal como Juan González Esponda, comisionado para la paz y reconciliación, y Jaime Ramírez Maza, de la subsecretaría de Gobierno, "han organizado reuniones con la pretensión de firmar acuerdos de paz, adornados con retornos forzados de la población desplazada", refiere la red.

La primera de esas reuniones fue el 3 de diciembre en la vecina ciudad de Macuspana, Tabasco. Estuvo encabezada por los delegados del PRD de la comunidad de Jolnixtie (Tila) y el ex diputado perredista Manuel Pérez García, así como por los dirigentes de Paz y Justicia (de origen priísta) Marcos Albino Torres López, Juan Martínez Pérez, Eduardo Vázquez Gutiérrez, Sabeliano Torres Martínez y Raymundo Hernández Trujillo. Estos últimos, apunta la red, "han sido, hasta ahora, los perpetradores del desplazamiento violento de personas en diversas comunidades; así como de múltiples asesinatos, robos, desaparecidos y quemas de casas".

Una segunda reunión se realizó en la ciudad de Palenque, Chiapas (8 y 9 de enero de 2002). Ahí se acordó firmar "una reconciliación de paz el día en que se realizaría la reapertura de la iglesia de San José, en El Limar, principal centro de actividades de Paz y Justicia". Sin embargo, "algunos paramilitares que seguían a Diego Vázquez no estaban de acuerdo con firmar la paz". Al día siguiente de la apertura de este centro religioso Diego Vázquez fue aprehendido por las autoridades. "Su detención provocó que fueran asesinados dos miembros de Paz y Justicia, de la fracción dispuesta a firmar las actas de reconciliación que promueve el gobierno del estado".

Al mismo de tiempo de estos "simulacros de paz", los defensores comunitarios aseguran que en las tierras bajas de Tila "comenzó la planeación de fechas para un eventual retorno de los desplazados en las comunidades de Miguel Alemán, Zusuklumil, Tasquil y Masojá Grande".

Existe un antecedente desafortunado en el caso de Masojá Grande, "donde ya se había iniciado un retorno en 1997, promovido por el entonces subsecretario de Gobierno del estado, Mario Arturo Coutiño, y por el coronel Leopoldo Díaz, entonces al mando del Ejército federal destacamentado en el poblado de El Limar". La red destaca que, "al igual que ahora, el retorno se llevó a cabo sin que existieran las garantías de seguridad y respeto necesarios".

En aquella ocasión "los paramilitares cobraron la cantidad de 5 mil pesos por cada familia desplazada para que tuviera derecho a retornar". Al no pagar esa cantidad, las familias fueron nuevamente desplazadas de sus tierras y regresaron a la comunidad de Masojá Shucjá, donde había pasado los años de refugio durante la guerra de contrainsurgencia declarada por los gobiernos del PRI desde 1995.

"Sólo cuando los paramilitares sean desmembrados y sujetos a proceso penal, habrá condiciones para un retorno seguro de los desplazados. Mientras no se den estas condiciones, los eventos de retorno y de firmas de acuerdos de reconciliación sólo serán escenografías montadas para aparentar escenarios de paz que no existen", concluyen los defensores comunitarios.