La acusan de abuso de autoridad y extorsión: abogado
Impugnan ante la SCJE la formal prisión dictada a la ex tesorera de Cuautitlán
SILVIA CHAVEZ GONZALEZ CORRESPONSAL
Cuautitlan, Mex., 26 de junio. Moisés Castro Pizaña, abogado defensor de la ex tesorera municipal panista Emma Torres Contreras, apeló ante la Suprema Corte de Justicia del estado de México contra la formal prisión dictaminada contra su cliente, procesada en el penal de Cuautitlán México por los delitos de abuso de autoridad y extorsión.
Asimismo dio a conocer que no se presentaron al citatorio hecho por el juez tercero del penal de Barrientos Josefina Zavala Chimal y Sergio Jiménez, a pesar de que son las personas que motivaron la aprehensión de la ex tesorera municipal, a quien imputaron el delito de extorsión y quienes participaron en la acción judicial para detener en flagrancia a la ex servidora pública.
Castro Pizaña dijo que el juzgado correspondiente envió nuevamente citatorios a los dos principales testigos de cargo. "En caso de no asistir a la siguiente audiencia podrían ser sujetos de arresto", advirtió.
Además el litigante acusó a peritos de la Procuraduría General de Justicia mexiquense de haber entregado una copia del video en el que grabaron el momento en que presuntamente Torres Contreras cometía el delito de extorsión.
Dijo que "las autoridades están obligadas a entregar la cinta original, porque de lo contrario se presume que en el video hay imágenes que no quieren que conozcamos".
Luego de que el juez tercero dio por cancelada la audiencia de este día, Castro Pizaña informó que en la primera sala del TSJ regional de Tlalnepantla se apeló el auto de formal prisión dictado contra Torres Contreras, por lo que se espera que en los próximos días inicien las audiencias correspondientes.
Cabe recordar que en mayo pasado fue detenidaTorres Contreras cuando recibía 6 mil pesos de Josefina Chimal, propietaria de un taller automotriz, quien había denunciado penalmente a la detenida por extorsión.
Sin embargo, la alcaldesa panista de Cuautitlán México argumentó que esta acción era ilegal, debido a que la servidora pública cobraba un rembolso económico pedido a la denunciante.