Reitera que la dependencia no tiene recursos para pagar a los clientes del jefe Diego

La SRA heredó muchas deudas derivadas de obligaciones jurídicas, señala Herrera Tello

El caso de la expropiación en el ejido Santa Ursula data de 1984, dice la secretaria

PATRICIA MUÑOZ

La titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), María Teresa Herrera Tello, advirtió ayer que esta dependencia no puede pagar la indemnización de mil 214 millones de pesos que se le impuso por un caso de expropiación de tierras que favorece a un cliente del bufete jurídico del senador panista Diego Fernández de Cevallos. Sobre el particular, la funcionaria explicó que simplemente ''no se cuenta con recursos para ello''.

El monto de la sentencia que fijó el Poder Judicial de la Federación para este caso es sumamente elevado y ni con el presupuesto total de la secretaría para el presente año se puede cubrir, pues asciende a mil millones de pesos y faltarían más de 200 millones, sostuvo la funcionaria.

Refirió que la resolución en la que se obliga a la SRA a liquidar un monto millonario a un cliente de Fernández de Cevallos data de 1992, y advirtió que lo más grave es que ''esta administración recibió muchas deudas derivadas de obligaciones jurídicas y esa es una entre muchas que tiene la secretaría''.

-ƑSe podrían esperar otras?

-Bueno, hay algunas que ya tienen tiempo; efectivamente, podemos esperar. Esta administración ya heredó deudas a consecuencia de varias obligaciones jurídicas, de resoluciones de la Corte que no ha sido posible cumplimentar por no contar con los recursos.

Herrera Tello indicó que la afectación de la sentencia es en cuanto al presupuesto, porque no se tiene la cantidad para pagar y ha tenido que intervenir la Secretaría de Hacienda en el asunto, porque está haciendo los trámites correspondientes ante el Congreso para lograr el cumplimiento de esta resolución.

Según se dio a conocer ayer, Hacienda ha hecho gestiones ante los legisladores para que éstos revisen si se pueden recortar programas a la SRA o si se le amplía el presupuesto.

Acerca del caso, la funcionaria planteó que es un asunto que data de 1984, con motivo de una expropiación que hizo la SRA en el ejido Santa Ursula. En ese entonces ''hubo alguien que se inconformó con esa expropiación, por considerar que se afectaban 33 hectáreas que eran de su propiedad'', y en 1987 presentó una demanda, la cual se resolvió en 1992.

Esa sentencia existe desde aquella época; se condenó a la SRA a devolver esas tierras, sin embargo, el motivo de la expropiación fue precisamente que esos terrenos estaban invadidos y trataba de regularizarlos la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett). Fue precisamente a favor de este organismo que se decretó la expropiación, de manera que esos terrenos ya estaban habitados y habría la imposibilidad jurídica de devolverlos.

Los quejosos -clientes del despacho de Fernández de Cevallos- acudieron ante la autoridad federal a través del incidente de pago de daños y perjuicios, frente a la imposibilidad de que se les devolvieran sus tierras. Así, la autoridad federal efectivamente condenó a la SRA al pago de mil 200 millones de pesos, cantidad que es 24 por ciento mayor al presupuesto total de la dependencia, indicó la secretaria de Estado.

En otro orden, en gira de trabajo por Tabasco, Herrera Tello dijo que ''es tiempo de conciliación y de respeto a la ley'', y agregó que el trabajo que la secretaría realiza en todo el territorio nacional ''es para evitar la inseguridad, que es la fuente principal de los conflictos entre los campesinos''.

Los consejos agrarios estatales serán organismos del sector rural que permitirán la conciliación, el apoyo y la solución en materia de tenencia de la tierra y permitirán prevenir acciones al margen de la ley, dijo. ''Estaremos listos para prevenir mejor las dificultades en todos los estados en donde aún persisten o pueden aparecer conflictos'', señaló.

Cuando la tierra tiene documentos es más segura, y cuando tiene una certeza jurídica es tierra más productiva, pues en un campo con problemas el trabajo sólo da para sobrevivir. ''Un campo en paz sirve para vivir dignamente'', afirmó.

Acompañada por el gobernador Manuel Andrade, la funcionaria puso en marcha la Cruzada Nacional por la Seguridad Jurídica en el Campo, entregó documentos agrarios a más de mil beneficiarios del ejido Aldama, inició otra etapa del programa Módulos Itinerantes de Atención Regional e instaló el Consejo Agrario Estatal.