Los uniformados involucrados ya fueron suspendidos

Acepta la SSP recomendación de la CNDH sobre los hechos en Ayotlán

Con el propósito de esclarecer los hechos de enero en Ayotlán, Jalisco, en los que estuvieron involucrados elementos ''de la Policía Federal de Caminos'' (aunque la corporación ya no existe como tal y por eso la CNDH se refiere siempre a la Policía Federal Preventiva), la Secretaría de Seguridad Pública informó ayer que acepta la recomendación del ombudsman para investigar, cumplir con la ley ''estrictamente'' y sancionar a los responsables.

En un comunicado donde acusa recibo de la recomendación 20/2000, la SSP menciona además que luego del 31 de enero este año, cuando ocurrieron los hechos motivo de la llamada del ombudsman, ''los policías federales de caminos involucrados fueron suspendidos de sus funciones de inmediato y sujetos a la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Federal Preventiva, independientemente de las sanciones que puedan provenir de la causa penal''.

De acuerdo con la CNDH, los agentes policiacos asesinaron a Roberto Reyes Barajas, Abel García Magaña y Juan Carlos Gregorio Pablo, y luego simularon un enfrentamiento para justificar los crímenes y alteraron las evidencias.

Con esa acción, los policías buscaron, al parecer, hacerse justicia por propia mano, pues los tres individuos eran los presuntos culpables del asesinato, ocurrido momentos antes, del suboficial Carlos Alberto Ortega Rangel y de las lesiones de su compañero de labores, Jesús Aurelio Tirado Sánchez.

La SSP insiste en que desde que fue informada por la CNDH ''sobre este asunto'' ha trabajado en forma conjunta con el ombudsman y de manera particular con el segundo visitador general, Raúl Plascencia Villanueva.

Refiere además que existe abierta una averiguación previa -la 12/2002- ante el Ministerio Público Federal, ''para deslindar las presuntas responsabilidades de los hechos delictivos que afectaron la vida de un Policía Federal de Caminos, las lesiones de otro y la muerte de tres particulares''.