Pasos a seguir
Con la firma del titular del Ejecutivo, la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental da un paso fundamental, después de su aprobación con el consenso de las fuerzas políticas representadas en las cámaras de Diputados y Senadores.
Sin embargo, para que este ordenamiento entre en vigor y para que la cultura de acceso a la información cobre plena vigencia, se requieren aún pasos jurídicos y administrativos muy concretos. Los especialistas calculan que aproximadamente este proceso durará entre 12 y 16 meses.
Entre los principales puntos pendientes, de acuerdo con lo estipulado por la propia ley federal, están:
1. Reglamentar el funcionamiento del órgano regulador denominado Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que tendrá, por ley, autonomía operativa, presupuestaria y de decisión. Aterrizar el diseño institucional de este instituto, elegir a sus cinco integrantes, dotarlo de presupuesto y de infraestructura propias serán una tarea que se instrumentará a partir de ahora.
2. Crear en cada dependencia federal las unidades administrativas encargadas, por ley, de ser el enlace entre el ciudadano que solicite la información y la instancia. Se deberán conformar comités de información responsables de confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información que hicieran los titulares de las unidades administrativas. Es importante recordar que la ley optó por el mecanismo de la positiva ficta, que obliga a las dependencias a proporcionar la información en un plazo no mayor de 10 días hábiles. El reglamento deberá establecer un procedimiento expedito para subsanar el incumplimiento de las dependencias y entidades de entregar la información.
3. Cumplir el procedimiento que faculta a los poderes Legislativo y Judicial, así como a los órganos constitucionales autónomos (CNDH, IFE, etc), a crear sus propios procedimientos que garanticen el acceso a la información pública.
4. Algunos especialistas que participaron en las negociaciones y en la elaboración de la iniciativa del Grupo Oaxaca consideran también indispensable que se incluya un articulado en la ley, que es reglamentaria del artículo sexto constitucional, para que los ciudadanos puedan hacer uso del juicio de amparo desde el principio de su gestión y no al final de los procedimientos administrativos.
En forma paralela a estos pasos, que deberá realizar un equipo de abogados, técnicos y especialistas en la materia para darle viabilidad a la ley, se requieren otros puntos:
1. La aprobación en la mayoría de los congresos de los estados y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de leyes equivalentes que logren aterrizar el acceso a la información pública a nivel estatal y municipal. Hasta el momento Sinaloa cuenta con una ley de acceso y una decena de estados están discutiendo iniciativas en la materia.
2. Elaborar y aprobar una serie de normas complementarias que refuercen lo estipulado en materia de acceso a la información pública, como puede ser una ley de archivos, tendiente a fortalacer y crear un sistema de archivo general de la nación, una ley de publicidad que obligue al gobierno federal a publicitar con determinados lineamientos sus acciones y su información, una ley de datos personales o habeas data que garantice la protección del derecho a la intimidad, entre otros puntos.
3. Formar los cuadros académicos y profesionales necesarios, que serán los encargados de fortalecer una cultura de acceso a la información. Recientemente la Facultad de Derecho de la UNAM anunció la creación de un diplomado especializado en la materia.
4. Generar casos-tipo o encabezar batallas por el acceso a la información que creen nuevos usos y costumbres en la materia, que alienten el periodismo de investigación y que le den utilidad práctica para el ciudadano común y corriente.
JENARO VILLAMIL
