Iván Restrepo
Agua Fría: quién y por qué
No terminaban las familias de velar a sus muertos cuando diversas instancias oficiales intentaban desviar sus responsabilidades en los hechos en que fueron asesinados 26 indígenas del poblado de Santiago Xochiltepec, en el paraje Agua Fría. El primero en lanzar su declaración de inocencia fue el gobernador de Oaxaca al señalar que era culpa de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por dar permiso a gente de Xochiltepec para explotar una zona boscosa en disputa con una comunidad vecina, Las Huertas. Después publicó en los medios impresos una proclama en la que afirma que los lamentables hechos tienen su origen en "el racismo y la discriminación de la que han sido objeto, desde las estructuras gubernamentales y de algunos sectores de la sociedad nacional, los indígenas y campesinos de México". No escapan a su denuncia las administraciones priístas a las que ha servido el señor Murat. Luego, al visitar por primera vez en su mandato el poblado donde viven las 17 viudas y los 89 huérfanos que dejó la masacre, hizo un llamado a la reconciliación y prometió apoyos y justicia a los deudos. Finalmente, José Murat tomó algo para su incontinencia verbal mientras sobre su persona llovían acusaciones de negligencia e ineptitud al no atender los problemas de su entidad.
La Secretaría de la Reforma Agraria reapareció para aclarar ante la opinión pública que el crimen no se debió a ningún litigio por tenencia de la tierra: la culpa era de las autoridades ambientales. Luego dijo que no. Víctor Lichtinger, titular de la Semarnat, y sus colaboradores más cercanos salieron al paso de las acusaciones. Lichtinger explicó que los permisos de explotación forestal, que supuestamente habrían causado la tragedia, los concedió la administración anterior en 1999, pero ocultó que había una revalidación del permiso, firmada en diciembre pasado por el delegado de Semarnat en Oaxaca. Mejor informado por sus colaboradores, con la documentación necesaria sostiene que ese permiso cobija un área forestal de Santiago Xochiltepec, que no está en disputa con pueblos vecinos. Finalmente, diversos legisladores ofrecieron sus puntos de vista: desde el líder del partido familiar, el Verde Ecologista, pidiendo la destitución de Licthinger, quizá para que el cargo lo ocupe su protector padre, hasta el perredista Héctor Sánchez culpando al gobernador Murat de lo ocurrido.
Mientras, los 17 detenidos en la comunidad de Las Huertas como presuntos autores materiales del crimen niegan cualquier participación en los hechos y se dicen chivos expiatorios. Las autoridades alegan tener todas las pruebas de su participación, entre ellas las armas de grueso calibre utilizadas. Pero en cambio, hasta hoy nadie sabe realmente la verdadera causa por la que fueron asesinados con tanta saña los 26 indígenas zapotecos. Todo se reduce a repetir que la matanza es fruto de la pobreza y la marginación, del olvido en que se tiene al mundo indígena, a la forma perversa en que se han manejado los asuntos agrarios, a la lentitud con que resuelven los tribunales las disputas por la tierra, a los talamontes y caciques locales, y hasta a los narcotraficantes. Las autoridades, que deberían velar por la seguridad ciudadana, luchar contra la impunidad y la violencia, guardan distancia de los hechos, como si la muerte de 26 indígenas fuera cosa rutinaria. Más importante es felicitar a la selección nacional de futbol.
Quienes conocen y trabajan en tareas de investigación social, manejo de recursos naturales y organización de las comunidades en la sierra sur de Oaxaca se resisten a tomar como ciertas explicaciones tan vagas y simplistas. Para diversas organizaciones indígenas y de derechos humanos, la masacre no encaja dentro de los patrones comunes a los conflictos entre los pueblos rurales. En Agua Fría estuvieron presentes el profesionalismo y la impiedad de que hacen gala grupos expertos en cometer crímenes que luego quedan en el olvido. Y, que se sepa, no había entre las dos comunidades involucradas visos de enfrentamiento por la explotación del bosque. Por el contrario, los especialistas arriba mencionados, que trabajan en varias comunidades cercanas a la zona de la masacre, acaban de señalar que cada vez más grupos campesinos efectúan desde hace varios años un importante proceso a fin de lograr el aprovechamiento sustentable de los bosques, luchando inclusive contra poderosos intereses políticos y económicos tradicionales. En esa búsqueda han observado un estricto apego legal y de sustentabilidad de los recursos naturales, lo que les ha valido reconocimientos de calificados organismos ambientales internacionales, esfuerzo tanto más meritorio porque se da en comunidades con alto grado de marginación.
En fin, hoy se sabrá el destino legal de los presuntos autores materiales de la masacre de Agua Fría. Pero queda sin responder lo fundamental: Ƒpor qué y quién ordenó este crimen?
