Alejandro Zapata Perogordo*
Negligencia y muerte
Es cierto que no puedo ocultar mi indignación ni el coraje frente a hechos como los acontecidos la noche del pasado viernes 31 de mayo. Es imposible reparar el daño causado y solamente hemos de acudir a la búsqueda del estado de derecho, a la justicia y a evitar que vuelvan a ocurrir. Los mexicanos nos enteramos con tristeza de la lamentable noticia ocurrida en la localidad de Santiago Xochiltepec, donde el camión en el que viajaban campesinos fue detenido, emboscado y 26 de sus pasajeros masacrados brutalmente. De nueva cuenta Oaxaca ha teñido de sangre a la nación. Fueron actos cobardes y arteros criminales los que dejaron 17 viudas y más de 80 huérfanos.
No se puede permanecer al margen de tragedias de esta envergadura; en principio es obligado expresar solidaridad con los familiares de las víctimas y pugnar ante las autoridades para que los responsables sean sancionados conforme a derecho; la impunidad no puede tener cabida, menos aún cuando está en juego la vida y la dignidad humanas.
Son ahora los órganos encargados de la procuración de justicia, a los que compete la investigación; hago votos para que ésta se lleve a cabo con imparcialidad y a fondo. Hago especial hincapié al respecto en virtud de que los oaxaqueños, particularmente quienes habitan en la comunidad de Santiago Xochiltepec, han tenido que lamentar en repetidas ocasiones actos de violencia, sin que hasta el momento tenga una respuesta satisfactoria la autoridad estatal.
Salta a la vista que en primera instancia el encargado de proporcionar la seguridad pública, de procurar una convivencia armónica y pugnar por un desarrollo social es el gobierno de Oaxaca, no lo mencionamos con ánimo descalificador sino simplemente por un compromiso legal, social, político y moral, razón por la cual indudablemente el gobernador de dicha entidad no puede sustraerse de sus obligaciones y responsabilidades en el esclarecimiento de los hechos.
El Estado tiene la obligación de combatir la inseguridad mediante una eficiente procuración de justicia que no transgreda las garantías constitucionales ni los derechos humanos de las personas, y a pesar de esto, la impunidad y la violencia continúan siendo regla y no excepción en esa entidad.
Este año se enviaron a Oaxaca cerca de 17 mil millones de pesos. Los rubros destinados a desarrollo social tuvieron un incremento, entre 1998 y 2002, de cerca de 120 por ciento. Las transferencias en este apartado para Oaxaca representan casi 10 por ciento de lo que se destina a los estados y ocupan el tercer lugar en cuanto a monto, sólo detrás de Chiapas y de Veracruz. Asimismo, los recursos del FAIS asignados a Oaxaca están tres veces por encima de la media de nacional.
La Federación ha transferido montos importantes de recursos a Oaxaca para el desarrollo social y seguimos sin obtener resultados. Si hemos de culpar al rezago social de la tragedia, también debemos exigir cuentas de los recursos destinados al combate de la pobreza.
Un dato interesante se deriva de los informes emitidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 1990 a 2001, de los que resulta que el gobierno de Oaxaca recibió 83 recomendaciones, ocupando el nada honroso primer lugar en este rubro. Solamente en 1999 la citada comisión envió 12 recomendaciones al gobernador José Murat, encabezando también el primer lugar en cuanto a recomendaciones dirigidas a gobernadores.
La pregunta es: Ƒestuvo en manos de las autoridades evitar que esos hechos ocurrieran? Dados los antecedentes que se tienen de rivalidades entre las comunidades, influencia del narcotráfico, desatención en su desarrollo, altos índices de marginalidad, vecindad con el Ejército Popular Revolucionario, aunados a añejos conflictos agrarios, los cacicazgos, la poca efectividad en la procuración de la justicia y el completo abandono por parte de las autoridades, han convertido a esa región en tierra de nadie. Condenada solamente a la promoción salvaje de alimentar el rencor y la venganza.
Ahora, con mayor necesidad, se exige poner atención a la problemática social de esas comunidades. Apenas el pasado 9 de marzo ocurrió otro incidente que le costó la vida a una persona y otra resultó gravemente herida. Como consecuencia de lo anterior, el gobierno estatal convocó a representantes del gobierno federal, de las comunidades involucradas y a las autoridades municipales, para el efecto de conservar la paz y la seguridad pública. Ante los acontecimientos posteriores, es evidente que ese esfuerzo fracasó. No sólo se requiere el ejercicio del aparato gubernamental para obtener buena seguridad pública, también resulta indispensable la atención para su desarrollo social, lo que desde luego es un rubro prácticamente relegado.
Por último no pasa desapercibido que si bien en esa parte del estado sufren grandes carencias y existe alta marginalidad, resulta contrastante que cuenten a su vez con armas costosas de alto poder, cientos de cartuchos y equipo de comunicación.
Ahora toca pagar las consecuencias de la negligencia y del abandono. No caben excusas ni justificaciones, es necesario recurrir al derecho y a la justicia para evitar que continúen haciéndola por mano propia. La aceptación de las responsabilidades de cada quien, conforme correspondan, sin eludir la parte de culpabilidad por omisión, que tiene a quien le toca velar por la tranquilidad y seguridad de su pueblo y actuar sin pretexto alguno para atender de inmediato con responsabilidad y seriedad las causas de la violencia en esas comunidades oaxaqueñas. La negligencia, la desatención, la omisión, el abandono y las injusticias cuestan vidas, evitemos pagar tan alto costo.
* Vicecoordinador de la fracción panista de la Cámara de Diputados
