Adelfo Regino Montes
Agua Fría: espejo de la realidad indígena
Desde que se ocultó el cuarto sol y llegó la fría noche de la colonización, la historia de las comunidades y pueblos indios de Oaxaca y México ha estado marcada por la agonía, el llanto, el dolor, la muerte. La masacre de 27 hermanos indígenas de la comunidad zapoteca de Xochiltepec reverdece la dolorosa existencia de nuestras comunidades y anuncia a todos que la justicia y la paz, valores tan proclamados por los gobernantes, siguen estando muy lejos de éstos. Agua Fría es un espejo en el que podemos mirar la realidad indígena de México.
Ante hechos tan indignantes nadie puede alegar desconocimiento, y faltan a la verdad las instituciones que con diversas máscaras pretenden eludir su responsabilidad. En Oaxaca todos sabemos que nuestras comunidades están inmersas en una serie compleja de conflictos por la tierra. Los gobiernos estatal y federal saben perfectamente que estos problemas agrarios tienen expresiones alarmantes en la Sierra Sur, concretamente en las comunidades de Amoltepec, Yucutindo, Zaniza, Zenzontepec, Textitlán, Texmelucan, Teojomulco y, desde luego, Xochiltepec. Pero, Ƒqué han hecho las instituciones estatales y federales para resolverlos? Y si las instituciones son las responsables de encontrar una salida a los conflictos de justicia, tal como lo dijo hace algunos días el secretario de Gobernación, Ƒpor qué tratándose de problemas agrarios no se encuentra ninguna salida?
Ante estas preguntas todos pretenden eludir sus responsabilidades, y con elocuencia argumentan que se trata de problemas intercomunitarios. Esta es la argumentación más fácil, ya que eso mismo explicaron para justificar la matanza de Acteal. Pero hoy es necesario aclarar que muchos de los conflictos agrarios que enfrentan nuestras comunidades han sido originados por la lógica de división implementada por la corona española y por las instituciones competentes del Estado mexicano. Contrario al pensamiento comunal, los conflictos agrarios se originan fundamentalmente por la concepción individualista y mercantilista de la tierra, que exige que ésta debe tener un dueño, conocedor de sus límites y mojoneras, mismos que deben constar por escrito, situación a la que nuestras comunidades se han visto obligadas a someterse por las constantes amenazas de invasiones, expropiaciones y despojos de tierras y recursos naturales. Lo anterior se agrava por las deficiencias técnicas y legales de las autoridades responsables, entre las que podríamos señalar las siguientes: a) criterios rigoristas para medir lugares accidentados y montañosos, b) nula consideración de aspectos históricos y sociales para resolver conflictos, c) los estudios del INI que exigía la Ley Federal de Reforma Agraria han sido una mera formalidad, d) en muchos casos no se dio valor a documentos históricos y los estudios paleográficos no estaban bien realizados.
En un afán de dar por terminada la reforma agraria en nuestro país, la Secretaría de la Reforma Agraria y otras instancias del sector han optado por resolver los conflictos con el papel. Jurídicamente se resuelve, pero en los hechos permanece, y lejos de resolverse lo único que se ha logrado es profundizar el problema de la tierra.
Con las reformas a la Constitución en 1992 y la expedición de la Ley Agraria, los problemas han tomado una magnitud más preocupante. El Programa de Certificación y Titulación de Derechos Comunales (Procedecom) ha dado comienzo a una campaña sistemática de privatización de las tierras comunales y ejidales, misma que tendrá consecuencias graves para la vida de nuestros pueblos. A la par, los nuevos tribunales agrarios han agravado los problemas enumerados generando más violencia y muerte, como ha sucedido en Santiago Amoltepec. La insensibilidad gubernamental se evidencia mayor ahora que nos hemos enterado de que instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha expedido permisos (oficio número 20-SMARNP-SRN-0548/99) de aprovechamiento forestal en lugares donde la tierra está en litigio, tal como ha sucedido en el caso de los pueblos mancomunados de Lachatao, Amatlán y Yavesía.
En consecuencia, la masacre de Agua Fría no es producto de la casualidad, sino de graves vicios que desde su constitución viene arrastrando el Estado en su relación de subordinación y colonialismo interno con los pueblos indígenas de México. Como tal, las instituciones estatales y federales deben asumir su responsabilidad, no con programas asistenciales o de caridad, sino con reformas profundas en la concepción y en la estructura del conjunto del Estado. Justamente por eso hemos luchado tanto, para que haya cambios radicales en la Constitución mexicana en los términos como fueron acordados en San Andrés y concretados en la iniciativa de reformas de la Cocopa. Justamente por eso hemos impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la pretendida enmienda constitucional en materia indígena que el Congreso de la Unión hizo el año pasado, ya que cancela los reclamos fundamentales de nuestros pueblos: tierra, territorio y recursos naturales.
La paz que necesita la comunidad zapoteca de Xochiltepec no es la de la asistencia fugaz, de la caridad superficial, de la compasión hipócrita, de la solidaridad verbal. La paz que necesitan Xochiltepec y los pueblos indígenas de México es aquella que significa un lugar justo y digno con suficiente autonomía para decidir sus rumbos y esperanzas. Y esta paz sólo será posible con un cambio de las estructuras que dan cimiento al Estado mexicano. Esta paz empieza por el hecho de que las instancias competentes asuman la responsabilidad que les toca. Sólo así podremos evitar nuevos lamentos.
