Las causas del asesinato de 27 habitantes de Santiago Xochiltepec, Oaxaca, no deben buscarse en el otorgamiento de los permisos de aprovechamiento forestal otorgados por la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sino en la "historia de cacicazgos y conflictos de límites patrocinados y promovidos durante décadas por los sucesivos gobiernos del estado y por quienes ven afectados sus intereses por la mejora en la organización y capacidad de las comunidades", consideraron Greenpeace y el Grupo de Estudios Ambientales (GEA).

Ambas organizaciones manifestaron su preocupación porque "el crimen está siendo utilizado políticamente contra el sector ambiental y forestal. El uso que se está haciendo del caso es un ataque a quienes estamos preocupados por el trato respetuoso y digno de las comunidades indígenas y por la conservación de los bosques de nuestro país".

En un comunicado afirmaron que los logros obtenidos en años recientes por el sector forestal en Oaxaca pueden considerarse "un modelo para otras regiones indígenas y forestales del país, particularmente en lo relativo al manejo de zonas en disputa por comunidades vecinas, situación que también se padece en otras entidades del país".

El esfuerzo de las autoridades ambientales para apoyar a las comunidades indígenas en el aprovechamiento sustentable de sus bosques es loable, destacaron. "Nos parece injusto y poco ético que se trate de responsabilizar a la autoridad forestal, cuando la activa promoción de los conflictos agrarios entre las comunidades vecinas (Santo Domingo Teojomulco y Santiago Xochiltepec) ha sido política de Estado durante casi un siglo".

Según Greenpeace y GEA, la delegación de la Semarnat en Oaxaca ha contribuido significativamente a resolver algunos de los conflictos de límites entre las comunidades de la sierra Sur -región en donde se localizan Xochiltepec y Teojomulco-, "pese a que en ocasiones son sumamente complejos y a que no en todos los casos se han encontrado fórmulas eficaces".

Las organizaciones ambientalistas se sumaron a los reclamos de esclarecimiento del asesinato de los indígenas de Xochiltepec y que se deslinden responsabilidades, pero también exigieron que "no se siga usando esta tragedia como pretexto para desprestigiar y dañar al sector ambiental del país y para minar sus logros".

El caso de Xochiltepec es "terrible y repudiable", pero entre sus causas también están las condiciones de miseria, marginación y desprecio hacia las comunidades indígenas.

Por su parte, originarios de Santo Domingo Teojomulco radicados en la ciudad de México acordaron apoyar a sus paisanos llevando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la historia de despojos de tierras y agresiones de que han sido objeto desde hace casi medio siglo. Afirmaron que los detenidos en Las Huertas son "chivos expiatorios".

Responsabilizaron a las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria y del Tribunal Superior Agrario de los enfrentamientos en la región. El atraso en la aplicación de las resoluciones presidenciales y el deslinde de límites son las causas de la violencia, dijeron. Agregaron que la comunidad de Teojomulco también tiene una larga lista de muertes y agresiones producto de la disputa por la tierra. MATILDE PEREZ U.