Ellos conducían la pánel, aseguran implicados
No cumplen arraigo los 2 efectivos que trasladaron al militar fallecido
SUSANA GONZALEZ Y LEONIDES SANDOVAL
Los dos granaderos que trasladaron en una camioneta pánel de la Secretaría de Seguridad Pública a José Gabriel Martínez Romero, mayor intendente del Ejército mexicano que murió en dicho vehículo el 19 de mayo pasado, no se encuentran arraigados en el cuartel del sector Asturias como el resto de sus 22 compañeros que supuestamente participaron en la detención del militar.
Así lo aseguró en entrevista con La Jornada un grupo de policías implicados en el caso que desde la semana pasada no han podido asistir a sus domicilios por la orden de arraigo que un juzgado penal emitió desde el viernes pasado para 20 elementos y el domingo para otros cuatro, incluido el jefe de sector Fernando Franco Ortiz.
Por otro lado, trascendió que este día la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) podría levantar el arraigo a cinco de los 24 elementos contra los que fue dictado el arraigo, porque se carece de elementos que los involucren en el caso.
La mayoría de los policías son sectoriales, pero también se incluyen elementos del Agrupamiento de Granaderos y de la Policía Auxiliar, estos últimos contratados por la delegación Cuauhtémoc como parte de su proyecto de policía comunitaria, pero mientras ellos están a punto de cumplir una semana de permanecer en el cuartel ubicado en Chimalpopoca casi esquina con Isabel la Católica, se desconoce el paradero del sargento primero José Antonio López Guerrero y el policía tercero Enrique Martínez Razzo, quienes sí llegaron a declarar una vez ante el Ministerio Público.
-ƑSe fugaron? -se les preguntó.
-No sabemos cómo se tome. Lo que pasa es que ellos ya no se presentaron ni siquiera a la reconstrucción de hechos porque consultaron a un abogado particular que les dijo que si no recibían una orden por escrito no estaban obligados a acudir.
En contraste, el secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, ha declarado reiteradamente que todos los policías involucrados en el caso estaban localizados y negó que faltara alguno.
Los uniformados revelaron que sus compañeros desaparecidos fueron los responsables de trasladar en la pánel 947 a Martínez Romero desde la agencia 4, localizada a un costado del mismo cuartel de Asturias, a la agencia del Ministerio Público perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR) ubicada en Camarones, delegación Azcapotzalco.
Precisaron que la segunda pánel fue la utilizada en el traslado, porque la primera, la número 948, se usó cuando el militar fue detenido en el hotel Amazonas, en Tlalpan, pero tuvo un problema mecánico porque "al parecer chocó allá afuera".
Los uniformados manifestaron su malestar porque las autoridades los han retenido a pesar de que algunos de ellos cuentan con testigos, entre ellos la pareja que el militar pretendía agredir y personal del hotel, de que no tocaron al mayor intendente y tampoco participaron en el traslado.
"Hay compañeros que sólo iban manejando las patrullas, como choferes de jefes incluso, y que nunca bajaron del vehículo, pero por el hecho de estar ahí ese día también los arraigaron".
Asimismo se quejaron de que han notado cierta desesperación en los agentes judiciales de la procuraduría capitalina e incluso del mismo Roberto Pérez, titular de la Fiscalía para Servidores Públicos y responsable de la investigación, porque esperan escuchar declaraciones distintas a las que han hecho.
"Pero nosotros no podemos decir más de lo que vio cada uno y no podemos inculpar a nuestros compañeros"; incluso refirieron que la semana pasada agentes judiciales se encargaron de trasladarlos a la reconstrucción de hechos y llevaron al Reclusorio Oriente a cuatro efectivos, los que directamente iban a hacer la remisión del militar así como la presentación de la parte acusadora.
"Nos dijeron 'Ƒsaben qué? Como no hay elementos, los vamos a consignar a los cuatro y ya que el problema se arregle allá (en el reclusorio), así que pues ya, ya se amolaron". Por tal situación, algunos de los poli-cías afectados solicitaron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
