Sólo busca combatir a los grupos de cabezas rapadas, asegura Moscú

Teme la oposición rusa que el Kremlin use la ley antiextremismo para acallar las disidencias

El Estado trata de poner el fundamento para combatir a la sociedad civil, afirma el PC

JUAN PABLO DUCH CORRESPONSAL

Moscu, 6 de junio. Partidos de oposición y organizaciones de derechos humanos temen que el Kremlin utilice la ley contra el extremismo, aprobada hoy en primera lectura por la Duma (Cámara baja del Parlamento), como instrumento para acallar disidencias, cerrar medios de comunicación y prohibir agrupaciones políticas y religiosas.

Aleksandr Kotenkov, representante del go-bierno, al defender ante los diputados el proyecto de ley puso énfasis en que se busca combatir sobre todo a los grupos de cabezas rapadas que, de un tiempo para acá, fomentan la xenofobia y el antisemitismo, están estructurados como formaciones paramilitares, operan con violencia y, además, hacen alardes de simbología nazi.

Sin embargo, quienes cuestionan la nueva ley señalan que su principal defecto es el amplio margen de interpretación que deja a las autoridades, ya que la definición misma de "extremismo" es muy ambigua.

En opinión de Serguei Kovaliov, de larga trayectoria vinculada a la defensa de los derechos humanos, "es una ley con claro trasfondo ideológico que pretende dar a los servicios de seguridad facultades adicionales para poner bajo su control las estructuras de la sociedad civil".

De acuerdo con la variante aprobada hoy, por "actividad extremista" se entiende no sólo "toda acción ilegal de una organización o individuo para tomar y retener el poder de forma violenta, los actos terroristas, el estímulo de odios étnicos, raciales o religiosos".

También, y éste es uno de los puntos más controvertidos de la ley, podría ser imputada de extremista cualquier persona que intente "impedir que las autoridades ejerzan sus funciones legales".

Sobre el papel, únicamente una corte, tras el respectivo juicio, puede establecer si una organización o un individuo incurren en el delito tipificado por la nueva ley y, por lo mismo, si "causa daño a los intereses de otra persona, la sociedad o el Estado" o, como se añade previsoramente, si "existe riesgo de que cause daño".

Las autoridades, en la práctica, se atribuyen la facultad de suspender, sin mediar resolución judicial, las actividades de cualquier organización política o religiosa de corte "extremista", a su exclusivo entender.

La ley considera medidas preventivas similares en relación con los medios, y los que difundan "ideas extremistas" pueden ser cerrados. Asimismo se perseguirá la promoción del extremismo en Internet y se dará un plazo de 24 horas para eliminar los materiales de este tipo de las páginas web; si ello no sucede, se bloqueará el acceso a las mismas mediante resolución judicial.

La iniciativa presidencial se acompañó de un paquete de enmiendas al Código Penal y otras leyes, que estipulan sanciones por practicar actividades extremistas.

Aparte de que las organizaciones "extremistas" pueden ser prohibidas y confiscados sus bienes, se contemplan fuertes multas para los dirigentes y, en algunos casos, condenas de dos a cinco años de cárcel. Los militantes serán castigados con multas.

Formalmente, denuncian los diputados que rechazan la ley, cualquier persona que convoque un mitin no autorizado por salarios o jubilaciones, por ejemplo, podría ser acusada de "extremista" y, por ello, condenada hasta cinco años de cárcel.

En nombre de la bancada comunista, la segunda fuerza en el Parlamento, Viktor Zorkaltsev explicó así el sentido negativo de su voto: "El proyecto de ley es un anacronismo de los tiempos en que las autoridades padecían el síndrome de combatir por la fuerza a la oposición política".

Agregó que es un documento "antidemocrático de esencia", por cuanto pretende situar al funcionario público por encima de los partidos, y concluyó que el Estado "trata de colocar el fundamento legislativo para combatir a la sociedad civil".

Ante las fuertes críticas, Kotenkov, en su calidad de representante presidencial en la Duma, prometió que el concepto de "actividad extremista" será revisado y que, dentro de las enmiendas que se harán al borrador para la segunda lectura, se eliminará la polémica referencia a impedir a las autoridades ejercer sus funciones como una forma de extremismo.

En principio los resultados de la votación de hoy (271 diputados a favor de los 226 necesarios) sugieren que el Kremlin no tendría que hacer ninguna concesión de fondo a la oposición para sacar adelante su proyecto de ley, por eso la promesa que hizo Kotenkov permitirá disipar los temores o, de no cumplirse, confirmar la intención real encubierta por la ley antiextremista.

Todavía quedan otras dos lecturas antes de que el documento sea turnado al Senado y, de ahí, al presidente para su firma. Sólo entonces podrá entrar en vigor.