Hubo malestar entre militares porque se involucraba a campesinos inocentes

Con el pretexto del combate al narco, agentes de EU actuaron en Guerrero

En 1969 García Barragán entregó a Díaz Ordaz un reporte sobre las presiones que ejercía Washington para intervenir en cualquier nación y "lograr el control político y económico"

INVESTIGACION REALIZADA POR VICTOR BALLINAS, MIREYA CUELLAR, GUSTAVO CASTILLO Y ALONSO URRUTIA

En los albores del sexenio de Luis Echeverría Alvarez, reportes de la 27 Zona Militar, en Guerrero, daban cuenta de la presencia de agentes de Estados Unidos en la sierra, al amparo del presunto combate al narcotráfico. De acuerdo con los informes, el descontento del general Alvaro García Taboada, jefe militar de la zona, ante la jerarquía castrense se centraba en la intromisión de los estadunidenses y la utilización de madrinas para rastrear a supuestos narcotraficantes, porque involucraban a campesinos inocentes.

En realidad, la inquietud se debía a que la actuación de los estadunidenses se centraba en la delación de personas inocentes vinculadas a otras actividades. Eran los años en que Genaro Vázquez Rojas, con su Asociación Cívica Guerrerense (ACG), y Lucio Cabañas, con su Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, encabezaban los principales movimientos armados del país.

Tres décadas después, con la primera investigación oficial sobre los excesos militares en esos años, realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se documentó ante la Fiscalía Especializada para la Investigación de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado la intervención de la estadunidense Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en la persecución de presuntos guerrilleros que en la actualidad están desaparecidos.

El expediente CNDH/PDS/90/SIN/ N00170.000, referente a la desaparición de Luis Francisco García Castro y Carlos Alemán Velázquez, adjudicada a la Brigada Blanca -integrada por elementos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), efectivos militares y policías judiciales estatales-, hace una acotación importante:

"Finalmente -dice la CNDH- se apreció otra ficha sinaléctica del señor Luis Francisco García Castro, de la que destaca su formato en idioma inglés y un apartado con siglas 'FBI No...' Dicho documento contiene fotografías de frente y de perfil del agraviado y la identificación del grupo guerrillero al que pertenece."

A partir de esta evidencia, la CNDH solicitó a la Fiscalía Especial que se investigue la participación de la FBI en la detención de integrantes de una célula de la Liga Comunista 23 de Septiembre, pues existen evidencias de que "ayudó a identificar a sus miembros con equipos avanzados y deslindar su responsabilidad en la desaparición de personas".

EU pretendía mayor cooperación militar: García Barragán

El recelo y la desconfianza de los militares mexicanos hacia el involucramiento estadunidense ya tenía antecedentes. En 1969, meses después de haber concluido el movimiento estudiantil del 68, el general Marcelino García Barragán, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, entregó al presidente Gustavo Díaz Ordaz un reporte en el cual advertía que la jerarquía militar de Estados Unidos analizaba la intervención armada en cualquier país, ante la incapacidad de los gobiernos latinoamericanos para resolver disturbios civiles, y con ello lograr que las diferentes agencias de ese país -Agencia Central de Inteligencia (CIA) y FBI- trabajaran "para lograr el control político y económico" en esas naciones.

El 3 de julio de 1969, el general García Barragán sostuvo un acuerdo con el presidente Díaz Ordaz en el que le daba a conocer las consideraciones del Ejército acerca de las presiones y sugerencias estaduninses respecto a la cooperación militar mexicana, a partir de un informe entregado por el teniente coronel Adolfo Hernández Razo, relativo a los cursos tomados en el colegio de Fort Leavenworth, en Kansas.

García Barragán dijo que entre la jerarquía militar estadunidense existía la convicción de que la tradicional política mexicana de no poner un solo soldado con fines bélicos fuera de nuestro territorio había comenzado a cambiar. Más aún, los estadunidenses estimaban que en el corto plazo accederíamos a colaborar con sus fuerzas armadas fuera del continente.

Las consideraciones del general se recogen en un documento radicado en el Archivo General de la Nación (AGN). Dicho reporte, membretado como acuerdo presidencial con el secretario de la Defensa Nacional, indica que en los cursos militares impartidos se alude a las estrategias para enfrentar disturbios civiles.

"Los instructores manifestaron problemas que calificaron como ficticios, pero que en verdad son reales en diversas naciones y que sirvieron de base para justificar la intervención armada de Estados Unidos, presumiendo que los gobiernos de esos países solicitaban ese tipo de ayuda ante su incapacidad para resolver esos disturbios."

García Barragán señala que el representante militar mexicano en los cursos "pudo comprobar" que los oficiales estadunidenses están adoctrinados para creer que en América sólo ellos son capaces de repeler una agresión extracontinental, en vista de que el material humano de Latinoamérica es de muy baja calidad. También creen que nuestros gobiernos obedecen todas las indicaciones que reciben de Washington.

El secretario de la Defensa Nacional dijo que las conclusiones que le fueron entregadas daban cuenta de que en Estados Unidos los valores humanos se están degradando y que "sin ningún pudor emplean su fuerza armada (...) y que sus intervenciones armadas están justificadas porque luchan contra sus enemigos potenciales: los comunistas", concluía.

Seis meses después del reporte del general García Barragán, informes confidenciales de la 27 Zona Militar revelaban la irritación que generaba la presencia de agentes estadunidenses en la sierra de Guerrero, con el pretexto del combate al narcotráfico.

El balance del general García Taboada acerca de los efectos sociales de la campaña antinarcóticos y, sobre todo, la participación de efectivos estadunidenses, había generado en el campesinado guerrerense recelo e inquietud contra el Ejército, porque "en las acciones emprendidas para su combate se han violado los derechos humanos de indígenas y campesinos".

Proponía "acciones para tratar de lograr por todos los medios, que vuelva a existir el afecto y la confianza de los núcleos campesinos para con el Ejército Mexicano. Que se considere que las fuerzas federales no constituyen, en sí, una gendarmería que tenga que estar detrás de cada persona dedicada al cultivo de enervantes".

Sugería que para atenuar las inconformidades "se permita a los jefes de las familias campesinas que residen en lugares aislados tener un arma en sus hogares para la defensa de sus familias y patrimonio".