Cerca, la liberación de los líderes indígenas de Sochiapa, anuncia diputada perredista

Mi gente está gestionando su independencia y
no quiere retroceder, asevera Miguel Bautista

Los separatistas deben restablecer la gobernabilidad en la región, dice el alcalde López Varo

ROSA ROJAS ENVIADA

Sochiapa, Ver. En casa de Miguel Bautista hay dos bebés sin nombre: su hijo, de seis meses, y su nieta, de nueve meses, a la espera de que él salga de la cárcel para entonces bautizarlos. La diputada perredista Genoveva Domínguez, optimista, consideró que llevan "95 por ciento" de adelanto las negociaciones con el gobierno del estado para liberar a Andrés Cano Martínez y a Miguel Bautista, dirigentes de la lucha por el municipio autónomo indígena de Sochiapa. Sin embargo, Verónica Ubaldo Martínez, esposa de Bautista, indicó que las condiciones que el gobierno pone para excarcelar a los dirigentes indígenas "no se pueden cumplir".

El alcalde de Playa Vicente, Samuel López Varo, señaló -en entrevista grabada- que los indígenas de Sochiapa, que buscan escindirse de ese municipio, deben "restablecer la gobernabilidad" en la región.

Detalló: "Sochiapa, mientras el Congreso no diga otra cosa, tiene que nombrar a su agente municipal y venirse a registrar a Playa Vicente, porque todavía pertenecen a este municipio... que dejen de circular una patrulla que traen como policías autónomos porque eso, al rato cualquier pueblo va a querer hacer lo mismo, montar 10 gentes armadas en una camioneta y eso no lo podemos permitir; que se permita la libre circulación de la policía municipal y del gobierno del estado dentro de Sochiapa y todos sus alrededores".

El funcionario planteó que además de cumplir con los requisitos de ley, los separatistas deberán demostrar que ellos "tienen la anuencia de los pueblos que dicen reclamar", mediante asambleas, pueblo por pueblo, "con la participación de personal del Congreso" veracruzano, para saber cuál es la posición de la gente, porque "ellos dicen 'tenemos tantos pueblos', pero sólo van 10 o 15 de cada pueblo".

Al preguntársele si cuando se cumplan las condiciones que puso se retiraría la denuncia de privación ilegal de la libertad contra los dos dirigentes del movimiento indígena, López contestó que el ayuntamiento no tiene demanda contra ellos, sino "muchos de sus paisanos zapotecos de Sochiapa, y otros chinantecos de San Gabriel de la Chinantla". Reconoció sin embargo que uno de los demandantes, Jesús Urrea Prieto, es funcionario del ayuntamiento.

En relación con las condiciones señaladas por López Varo, Verónica Ubaldo, quien participó hace un par de semanas en las negociaciones de los indígenas con el munícipe, mencionó que la exigencia de designar a un agente municipal de Sochiapa no se puede cumplir porque la gente no está de acuerdo ni su esposo tampoco. Añadió que Jesús Urrea no retira la demanda interpuesta contra su esposo "porque teme que al salir Miguel le hagan una contrademanda. Yo le dije que no tema, que lo único que quiero es que le dé la libertad".

Comentó que a quienes han asistido a las negociaciones "les dicen que no hagan movimientos, que Miguel y Andrés ya van a salir, pero si no se retiran las demandas, nosotros ya no vamos a poder detener a la gente para que no hagan movimiento", advirtió.

Verónica, de 41 años, ha procreado con Miguel -de 47 años- cuatro hijos, de 23, 21 y 18 años, y el pequeño de brazos. Sólo una vez al mes puede ir a visitarlo a la cárcel de Perote. De Sochiapa salen ella y Virginia Bautista, hermana del dirigente indígena, a las cuatro de la mañana hacia Tuxtepec (Oaxaca), pagando 500 pesos el viaje especial. De Tuxtepec a Jalapa el pasaje cuesta 128 pesos. De Jalapa a Perote, otros 21 pesos y de Perote al reclusorio, otros 20. Llegan como a las cinco de la tarde. Duermen en Perote. Otro tanto les cuesta el regreso. Y eso multiplicado por las dos.

No obstante las penalidades por las que atraviesa su familia, afirmó que la gente de Sochiapa está peleando por sus derechos "y van a lograrlos".

En la cárcel de Perote, entrevistado vía telefónica, Miguel Bautista aseveró que en las negociaciones sobre el problema de Sochiapa "se han firmado convenios en Jalapa (con el gobierno estatal) que no se cumplen y los retroceden otra vez". "El presidente López Varo dijo que primero elijan a un agente municipal. Mi gente no está de acuerdo, porque ellos están gestionando su independencia y no quieren retroceder".

Afirmó que él y Andrés Cano se sienten ignorados y abandonados en el penal, y no han podido tener contacto con sus abogados -que están siendo pagados por la diputada Domínguez. "No sé lo que está ocurriendo afuera, no sé si están trabajando o no, ya llegamos a un año encerrados y siempre toman a la ligera nuestro asunto. Y nuestro mensaje no le llega al presidente (Vicente) Fox, porque lo llevan a Palacio Nacional, de allá se lo mandan a Xóchitl Gálvez y ella se lo manda al director del INI, y él se lo retacha al delegado del INI en Veracruz, Ramón González, que es de Playa Vicente, y de ninguna manera va a estar contra su gente, porque él está con la cabecera municipal".

Respecto del planteamiento de López Varo de que deben hacerse asambleas para determinar si la gente de las 67 comunidades está de acuerdo con formar su propio municipio, Bautista señaló que por supuesto, pero deberán celebrarse comunidad por comunidad, y se le pediría al Instituto Federal Electoral que ayude a organizar el proceso "para evitar que personal del ayuntamiento de Playa Vicente manipule las asambleas, porque en algunas comunidades tienen su grupito que no respeta la democracia, de ahí nombra él a su agente municipal y obstaculiza los derechos indígenas. Esa es la manera en que ellos desde hace 70 años han manipulado", aseveró.

La diputada Domínguez, en breve entrevista vía telefónica, se mostró sorprendida de que López Varo haya puesto como condición en las negociaciones que se elija un agente municipal de Sochiapa que se registre en Playa Vicente; "eso es nuevo, eso no ha entrado en las negociaciones. Ellos (los funcionarios del ayuntamiento) quieren garantía de que Miguel y Andrés se comprometan a que saliendo no tomarán represalias jurídicas contra esas personas que los acusaron injustamente".

"La gente ha cedido -agregó la legisladora perredista-; tenían una camioneta del ayuntamiento y hace un mes la devolvieron formalmente ante testigos del gobierno del estado (...). Esas exigencias del agente municipal y lo del patrullaje... Ya no están realizando patrullaje, se regresó la patrulla el mes pasado... Si esas son las condicionantes, eso no lo hemos tratado con el gobierno del estado" enfatizó. Acerca de otras 36 órdenes de aprehensión pendientes sobre otros tantos integrantes del movimiento indígena, informó que éstas "ha estado deteniéndolas el gobierno del estado, pero no están canceladas".

Agregó que las nuevas condiciones del munícipe complican el asunto, "porque estamos a un paso de sacarlos -en entre una y dos semanas-, la gente de Sochiapa devolvió la camioneta, ya no hacen retenes; ahora aparece el presidente municipal poniendo más condiciones, cuando los acuerdos fueron que no se iba a tomar el palacio municipal, que se respete la integridad física (de los funcionarios) y que no haya represalias jurídicas. Se habló claro de que ellos querían que se firmara el pacto de gobernabilidad y restablecer la gobernabilidad en San Gabriel de la Chinantla, que sería darle formalidad a un agente municipal que tiene mayoría, porque está formalizado otro que no tiene mayoría, que es del PRI".

Comentó que la gente de Sochiapa continúa con su proceso ante la legislatura estatal solicitando su municipalidad con el argumento, que está en el artículo 5Ɔ de la Constitución estatal, "donde está claro que donde hay mayoría indígena pueden autodeterminarse y autorganizarse". Se le comentó que fue imposible entrevistar al abogado de los presos, José Evaristo Fiscal, para aclarar la situación jurídica de éstos, y justificó el plantón que el litigante dio a la reportera en la oficina de la legisladora señalando: "Es que el gobierno nos pone muchas trampas".

Igual ocurrió con los miembros del comité Pro Municipio Libre de Sochiapa, Jorge Méndez, secretario del comité, y José Manuel Rodríguez, representante de Sochiapa en el Pacto Indígena Veracruzano (PIV), organización en la que participan también Ixhuatlán de Madero y Coyutla, comunidades del norte y sur de Veracruz, que decidieron unir fuerzas con Sochiapa en esa nueva organización para obligar al gobierno de Miguel Alemán a negociar soluciones a diversos conflictos que enfrentan, con la cuestión indígena como base.

De hecho, el único que dio la cara fue el presidente del comisariado ejidal, Eduardo Lorenzo Sevilla, quien apenado se excusó de no hablar sobre la cuestión del municipio libre, porque "yo no manejo eso y no quisiera enredar las cosas".

En su oficina del que fue el edificio del comisariado -que después pasó a ser el palacio del municipio autónomo de Sochiapa y ahora tiene un letrero que dice "Pro Municipio Libre Constitucional Santiago Sochiapan (sic)"-, informó que ya no llegan las patrullas ni del municipio ni del gobierno del estado a molestarlos "y nosotros ponemos de nuestra parte, estamos tranquilos" y trabajando en las mesas de negociación con el gobierno.

Comentó que "el gobernador yo sé que dijo que le dieron el trabajo al encargado de los estudios políticos (para el municipio libre) que ya había dicho que alcanzamos todos los requisitos, pero que hay fallas y todavía no dan los resultados para decir para cuándo".

El anciano, padre de cuatro varones y tres mujeres, informó que dos de los mayores trabajan en Atlanta (Estados Unidos). Uno se fue hace cinco años, ya está registrado allá, se casó, "štanto que quiere su mamá que regrese!, pero ya no (va) a regresar, creo, y ni cómo irlo a ver".

Informó que hay 350 ejidatarios que cuentan con 15 hectáreas cada uno, y hay 700 jóvenes sin derecho a la tierra. Como no hay trabajo, los muchachos y muchachas se van "al otro lado". Se le comentó que Sochiapa no parece un pueblo pobre, dado que en cada lote, junto a la casa tradicional con techo de palma se están edificando grandes casas de material, y él contestó que eso se está haciendo con el dinero que mandan los muchachos que se fueron de braceros. Setenta por ciento de las familias indígenas de la región tienen por lo menos un pariente trabajando en Estados Unidos.