Refutan fuentes de ANUIES y SEP a Rubio Oca

Serán institutos tecnológicos las 16 nuevas universidades

Apoyo para maquiladoras

JOSE GALAN

Las 16 nuevas "universidades públicas" anunciadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en realidad son institutos tecnológicos que serán establecidos en igual número de estados, sobre todo en centro y norte del país. La autorización para esos planteles se dio el año pasado, de un total de 120 solicitudes presentadas a escala nacional.

No serán "universidades públicas" como la anunció el subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica, Julio Rubio Oca, este lunes en la ciudad de Puebla, confirmaron fuentes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y de la propia SEP.

La creación de estos 16 institutos tecnológicos se enmarca en las políticas públicas de la secretaría para otorgar capacitación y crear mano de obra calificada destinada a empresa e industria locales, particularmente para satisfacer las necesidades de las maquiladoras, ya que dichos centros de estudios carecerán de las carreras humanistas que caracterizan a las universidades públicas.

Estos tecnológicos se ubicarán en los estados de México, Hidalgo, Puebla y en el norte del país. Hasta ahora la SEP no tiene planes para crear nuevas universidades públicas en el sentido estricto de la palabra, tal y como se anunció en el contexto de la 15 asamblea extraordinaria de la ANUIES celebrada en el Instituto Tecnológico de Puebla, el lunes.

Priístas piden nuevas reglas

CIRO PEREZ

El diputado priísta Víctor Infante llamó a legisladores federales y a las 39 universidades públicas estatales e instituciones afines a conformar un frente común para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) modifique las reglas de operación del fondo de apoyo extraordinario a esas instituciones, ya que la autorización de coadyuvancia se limita a atender el rubro de pensiones y desestima otras prioridades del sector.

El legislador por Zacatecas denunció que las reglas de operación se elaboraron casi cinco meses después de que se aprobara, en el Presupuesto de Egresos para el presente ejercicio, un fondo por mil millones de pesos para la modernización de la educación superior y que éste "establezca tales condiciones que parece pretender en el fondo que las instituciones de educación superior en el país no puedan ejercer tales recursos".

Sostiene que el hecho de que en las reglas de operación se establezca como fecha límite el 30 de septiembre para que la Dirección General de Educación Superior reciba de las instituciones los proyectos para acceder a esos recursos, "es una muestra del gran interés de las autoridades para cortar de tal forma los tiempos que impidan a las instituciones ejercer estos recursos".

Advierte además que en los criterios de selección de proyectos se advierte que éstos deben incidir en el saneamiento financiero de la institución, de manera especial y prioritaria en el rubro de pensiones, "lo que si bien es importante, porque se pensaría que se puede atender este rezago, orilla a las universidades públicas a limitar el contrato colectivo de trabajo y reducir las prestaciones".

Esto, explica Víctor Infante, debido a que los proyectos deben garantizar que las acciones tengan un carácter de irrevocables y a generar ahorros superiores al monto de los recursos asignados para su realización. "Todos estamos de acuerdo, sindicatos incluidos, en que deben revisarse los contratos colectivos de trabajo en las universidades públicas, pero los candados que propone la SEP van dirigidos exclusivamente a que se busquen estos ahorros, mismos que no se pueden dar si no se afectan, por ejemplo, las prestaciones de los trabajadores, ya que en otro apartado de los criterios de selección, las instituciones deben garantizar que las medidas contenidas o derivadas de los proyectos no den lugar a nuevos adeudos o cargas financieras que repercutan negativamente en la viabilidad financiera a mediano y largo plazos de la institución".

Al referirse a otro de los puntos de las reglas de operación, señalado como indicador de resultados, el legislador priísta sostiene que se condiciona además la posibilidad de acceder a este fondo, ya que para la evaluación de los proyectos se utilizarán indicadores como: número de proyectos presentados y evaluados favorablemente; número de proyectos evaluados favorablemente y apoyados; impacto de las acciones consideradas en los proyectos; viabilidad financiera de las instituciones a corto, mediano y largo plazos, además de los ahorros obtenidos en relación con los recursos asignados.

"Ayer el subsecretario de Educación Julio Rubio Oca declaró que las reglas de operación no se habían entregado a petición de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), y yo me pregunto por qué ésta no desmiente al subsecretario; para mí está claro que no lo hace por temor a quedar fuera de estos recursos, por lo que estoy llamando a las universidades públicas y a los diputados a hacer un frente común para que cambien las reglas de operación y las universidades puedan tener acceso a esos recursos antes de que concluya el presente ejercicio", sostuvo el legislador zacatecano.