Continuaron violaciones, asesinatos, impunidad y tortura, señala

Descalifica AI al gobierno en materia de derechos humanos

El organismo critica el incumplimiento de promesas de Vicente Fox

ALMA E. MUÑOZ

Para Amnistía Internacional (AI), no obstante las promesas de campaña del presidente Vicente Fox Quesada y las propuestas ''sin precedente'' del canciller Jorge G. Castañeda para combatir los abusos, en el primer año del gobierno panista continuaron las violaciones a los derechos humanos, se perpetraron asesinatos de defensores de estas garantías, persistieron la impunidad, la tortura y la detención arbitraria. Las anteriores, dice, fueron prácticas generalizadas.

En su informe sobre la situación de los derechos humanos en México durante 2001, AI insiste en el incumplimiento de las promesas electorales de cambiar el sistema judicial, y muestra preocupación por la designación del general Rafael Macedo de la Concha al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), así como por la llegada de 13 jefes militares a altos cargos de esa dependencia.

Además critica la determinación del Presidente de crear la Secretaría de Seguridad Pública y convertir en policías a militares en activo. Dichas acciones ''suscitan serias dudas sobre la intención del gobierno para hacer frente al problema de la impunidad''. El nombramiento de Macedo evidencia que la Procuraduría ''dejó de ser un mecanismo eficaz que permitiera llevar a cabo investigaciones judiciales independientes sobre los frecuentes informes de violaciones cometidas por el Ejército o por agentes de la PGR o de las procuradurías generales de Justicia de los estados''.

Caso Cavallo, otra asignatura pendiente

En su informe, de nueve apartados, cuestiona que la decisión definitiva sobre la extradición de Ricardo Miguel Cavallo quedara pendiente en los tribunales mexicanos.

Para AI, es preocupante que las autoridades aún no resuelvan el asesinato de Digna Ochoa, quien ''había trabajado en casos de gran resonancia en los que se acusaba a miembros del Ejército y de la PGR de graves violaciones de derechos humanos''.

En reiteradas ocasiones, agrega, las autoridades ''habían dejado sin identificar ni procesar a los responsables de una serie de amenazas y agresiones contra Digna y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Ciertas contradicciones en la investigación inicial sobre el asesinato hicieron temer que pudieran haberse perdido pruebas fundamentales. Una semana después del homicidio, otros cinco destacados activistas de la ciudad de México recibieron amenazas de muerte. Las autoridades prometieron protegerlos y llevar ante la justicia a los responsables del asesinato y las amenazas. Pero éstas al final del año continuaban".

Todo lo anterior ''se traduce en una omisión de las autoridades para procesar a los responsables, lo que contribuye al deterioro del clima de seguridad". Aquí en-marca el acoso, las amenazas y emboscadas que sufrieron integrantes del Centro Fray Bartolomé de las Casas a lo largo del año y las intimidaciones recibidas por Abel Barrera, del Centro de la Montaña Tlachinollan.

Sobre Chiapas, en el apartado tres, Amnistía Internacional subraya que las esperanzas de lograr una pronta solución del conflicto armado se desvanecieron cuando el Congreso modificó y aprobó un proyecto de ley sobre los derechos indígenas que ''no respeta los principios acordados previamente''. Ello, con la anuencia del Ejecutivo y las quejas de organizaciones indígenas y de derechos humanos, por considerarlo ''una violación de las obligaciones internacionales de México, relativas a los derechos de los indígenas''.

Las comunidades de esa entidad ''continuaron sufriendo actos de intimidación y agresiones de paramilitares o grupos civiles armados'', como ocurrió en febrero de 2001, cuando seis familias tzotziles fueron obligadas a dejar sus tierras en el municipio de Chenalhó y no se procesó a ninguno de los responsables de estos delitos. Más aún, lamenta que en noviembre un juez federal absolviera y pusiera en libertad a varios de los responsables de organizar la matanza de 45 indígenas en Acteal, en 1997.

Para la organización internacional, las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, así como las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos ''siguieron constituyendo durante el año pasado una práctica habitual de los cuerpos de policía federal, estatal y municipal, así como del Ejército. En 2001 continuaba la práctica generalizada de los tribunales de aceptar, sin la debida investigación, pruebas acusatorias obtenidas bajo tortura y de no investigar a los presuntos responsables''.

Casos como los de Filiberto Girón Cisneros y Enrique Rey Buenrostro, trabajadores migratorios, quienes fueron torturados por agentes de la Policía Federal Preventiva de Tijuana para que se declararan culpables de traficar con indocumentados, ejemplifican los tratos crueles, inhumanos o degradantes prevalecientes en México, afirma.

Ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad

El informe señala que hubo denuncias de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad en varios estados, incluido Chihuahua, donde las autoridades no tomaron medidas rápidas y eficaces para enjuiciar a los responsables.

Respecto de Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera, los campesinos ecologistas, Amnistía Internacional, en el apartado presos de conciencia, pide al gobierno que se reconozca su inocencia y se procese a los responsables de las torturas que sufrieron antes de ser detenidos en 1999 por su activismo pacífico. En esta clasificación también ubica al general José Francisco Gallardo, quien pese a conseguir su libertad requiere que el Estado mexicano le garantice su seguridad y examine su caso.

Cuando Vicente Fox estaba en campaña, recuerda el organismo, prometió crear una comisión de la verdad para resolver la desaparición de ''cientos de personas''. Los familiares presionaron y aparecieron en periódicos, como La Jornada, pruebas fotográficas de la matanza de 1968 en Tlatelolco, que aumentaron la presión para reabrir las investigaciones sobre los hechos, pero el panista, subraya AI, no cumplió al llegar a la Presidencia con resolver ''éstos y otros casos no resueltos de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, tales como ejecuciones extrajudiciales''.

Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe sobre 532 casos, ocurridos en los 70 y 80, en respuesta ''el Presidente ordenó la creación de un cargo de fiscal especial para estos crímenes, pero los tribunales militares no investigaron con eficacia ni procesaron a miembros del Ejército, acusados de violaciones de derechos, e impidieron que las causas se vieran ante tribunales civiles''.

En este apartado manifiesta que empleados de la CNDH afirmaron que las operaciones antinarcóticos organizadas por el Ejército habían constituido una de las principales fuentes de denuncias.

Trabajo de ''bajo perfil'' de la CNDH

Los indígenas de los Loxichas, Oaxaca, acusados de pertenecer el Ejército Popular Revolucionario, también son citados en el informe, el cual lamenta que los responsables de su tortura aún no comparezcan ante la ley. El caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez ejemplifica cómo las autoridades ''incumplen su deber de investigar''. Desde 1993, más de 200 mujeres desaparecieron o fueron asesinadas.

Sobre las agresiones a homosexuales, ''en algunos casos con resultado de muerte'', denuncia que las autoridades de Yucatán y Colima ''no actuaron con la debida rapidez para investigar estos hechos y procesar a los culpables''.

En conferencia de prensa, Christian Rojas, director de Amnistía Internacional, sección mexicana, resaltó que para su organización México constituye un país de ''alta prioridad y preocupación'', y por lo tanto le preocupa el ''trabajo de bajo perfil'' que al respecto realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos.