Francisco López Bárcenas
Derechos indígenas: líneas paralelas
El curso seguido por las controversias constitucionales presentadas por municipios indígenas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) demuestra que sobre el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas siguen existiendo dos líneas paralelas: una de los propios pueblos indígenas, la otra del gobierno; de un lado la de quienes proponen el diálogo y acuden al orden jurídico para reclamar sus derechos; del otro quienes no escuchan y se colocan en la ilegalidad para negarlos.
Los hechos así lo demuestran. A pesar de las críticas que ha recibido, el Senado de la República sigue empecinado en llevar adelante su "consulta" para saber si los pueblos indígenas quieren o no que sus derechos elementales sean reconocidos. Una actividad bastante inútil porque si les preguntan si desean que sus derechos se reconozcan y no les explican a qué se refieren con eso, o si quieren programas asistenciales pero no les aclaran que es a cambio de derechos, seguramente la mayoría responderá positivamente.
Una actitud similar se ha asumido desde el Poder Ejecutivo federal, desde donde salieron a anunciar, a través de la titular de su Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el mismo día que comenzaron las audiencias de pruebas y alegatos en las controversias constitucionales, que estaban por iniciar consulta para determinar si el Instituto Nacional Indigenista (INI) debería reformarse y en qué sentido.
El contexto y la manera en que se dan estas actividades invitan a pensar que buscan más una distracción de la opinión pública que recoger verdaderamente el sentir que dicen buscar.
Pero aun así no se les puede reprochar que lo hagan, pues nada les prohíbe hacerlo. Lo grave, lo criticable, es que hablen de derechos indígenas como si fueran parte de los demandantes y no los responsables de los órganos estatales encargados de respetarlos y, más todavía, que se haga violentando el derecho de consulta que se ha reconocido internacionalmente a los pueblos indígenas.
En esa misma línea se colocan los gobernadores de los estados de Oaxaca y de Chiapas (José Murat Casab y Pablo Salazar Mendigucía, respectivamente), quienes promovieron la presentación de controversias constitucionales contra la reforma en materia indígena pero las abandonaron a medio camino.
Esta actitud deja claro que su intención de defensa de los derechos indígenas nunca fue verdadera y que utilizaron el asunto sólo para presionar a sus adversarios políticos, y una vez logrados sus objetivos los derechos indígenas ya no importan. Actitud que sirve también para mostrar la "apatía de los demandantes en controversias sobre la ley indígena".
En la línea de enfrente se encuentran los pueblos indígenas, sus autoridades comunitarias y sus organizaciones. Ellos saben que las controversias constitucionales son sólo parte de sus estrategias de lucha en esta larga resistencia que lleva siglos.
En foros grandes y chicos, que se multiplican por toda la república, discuten sobre su presente y su futuro. En lo inmediato les preocupa sobre todo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté rechazando sus pruebas bajo el argumento de que primero discutirá si tiene o no facultades para resolver controversias sobre el proceso de reforma constitucional, porque era un tema superado, desde que los mismos ministros del máximo tribunal que ahora abren el debate se reconocieron esa facultad al resolver un amparo sobre el mismo tema.
Sólo esperan que no se establezca un criterio discriminador tratándose de derechos indígenas.
Que no se coloquen del lado de los gobernantes, que han decidido caminar en línea paralela a la de los pueblos indígenas. Porque entonces los caminos legales quedarían todos cerrados y el problema podría explotar como un volcán.
