viernes 24 de mayo de
2002 |
Editorial La respuesta de la PGJ al caso de joel arriaga |
Hace dos días se
presentó ante la fiscalía especial que investiga los
crímenes de la guerra sucia el caso del luchador
universitario Joel Arriaga Navarro, quien fue asesinado
en 1972. Ayer, Rodolfo Igor Archundia Sierra, quien es
director regional de Averiguaciones Previas y Control de
Procesos de la Zona Metropolitana Sur de la Procuraduría
General de Justicia (PGJ), consideró que no hay
elementos para que este homicidio sea atraído por una
instancia federal, por tratarse de un asunto del fuero
común. Esta definición que ha hecho el funcionario es una muestra clara y contundente de la intención de la PGJ de dar carpetazo al caso de Joel Arriaga, bajo el argumento nada convincente de que ya pasaron 30 años de que se cometió el crimen y no hay elementos que investigar para determinar quiénes fueron los asesinos de quien, al morir, ocupaba la dirección una preparatoria de la Universidad Autónoma de Puebla. Existen muchas razones para que el caso sí sea resuelto por la fiscalía especial. En primer lugar, porque Joel Arriaga forma parte de los presos políticos del movimiento estudiantil de 1968. En segundo lugar, porque el asunto de Arriaga en 1972 fue investigado por la Procuraduría General de la República -por órdenes del entonces presidente Luis Echeverría Alvarez-, y en el Distrito Federal, al parecer, ha sido por fin localizado el expediente en donde se asentó las investigaciones de dicho crimen. Sin embargo, la razón de peso por la cual no procede que la PGJ dé por cerrado el caso de Arriaga, y sí que la fiscalía especial se ocupe de él, es que en 29 años las autoridades encargadas de la procuración de justicia nunca investigaron el asesinato por la impunidad que privó en torno a todas las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la guerra sucia. |