viernes 24 de mayo de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n Los cambios no son soluciones mágicas para reactivar la economía: Carrasco Altamirano
Respaldan gobernadores priistas reformar el sector energético; plantean una ley hacendaria

Francisco Rivas Zerón n
Para que México salga "de la primera crisis de la globalización", los gobernadores priistas de los estados de Hidalgo y de Coahuila se manifestaron a favor de las reformas estructurales, aunque solicitaron que se mantenga al Estado como el rector de la economía para que brinde bienestar a las personas radicadas en las comunidades marginadas y como un ente interventor para mantener el control de los indicadores macroeconómicos.
En la mesa de análisis denominada "La Reforma del Estado y la Economía", durante el segundo día de trabajo del XIV Congreso Nacional de Economistas, el gobernador de Hidalgo, Manuel ángel Núñez Soto, hizo hincapié en que el país está inmerso en la "primera crisis de la globalización", reportando bajos niveles de bienestar, creciente desempleo y una reducción constante del Producto Interno Bruto (PIB).
Aunado a lo anterior, explicó, también se registró una "notable caída" del ingreso per cápita, y la brecha entre pobres y ricos se amplió para empeorar las condiciones de vida de las personas radicadas en regiones marginadas.
Núñez propuso, para revertir "los malos resultados", apoyar la reforma del estado a través de las modificaciones estructurales a la Constitución, partiendo con la apertura a la inversión privada en el sector energético y eléctrico, seguida de una ley hacendaria integral y un nuevo marco legal en materia de trabajo.
"Estamos llamados a encontrar alternativas para generar desarrollo humano a partir de una eficiente distribución de la riqueza, pero para ello también debemos crear más riqueza", dijo.
La opción consiste en conformar un Estado eficaz, con un sistema judicial confiable, que beneficie el derecho de propiedad y proteja el medio ambiente. Aunque en lo económico, pese a las libertades, agregó, éste debe seguir siendo el rector de las actividades "que norme y regule el bienestar para los ciudadanos, y también sea interventor para controlar los indicadores macro y garantice así la estabilidad del país".
Junto con lo anterior, el mandatario de Hidalgo manifestó su preocupación por impulsar reformas que agilicen la reactivación económica.
"Urge una reforma hacendaria que simplifique, que amplíe la base de contribuyentes para combatir la evasión fiscal y de esa forma se haga llegar más recursos para el gasto de inversión", mencionó.
Además, apostó por incluir mayores atribuciones fiscales para las entidades federativas, con la finalidad de que éstas tengan los elementos suficientes para planear su desarrollo regional sin la tutela de la Federación.
Al respecto, el gobernador de Coahuila, Enrique Martínez Martínez, coincidió en la urgencia de "consolidar" una reforma hacendaria integral, de la mano de la apertura del sector energético para propiciar el desarrollo político y social.
"Para empezar, la reforma fiscal aprobada en el Congreso el año pasado sólo es un parche mal pegado, que en vez de mejorar, debilitó la fortaleza económica del país", afirmó.
La nueva ley hacendaria, expuso, debe incluir articulados que fomenten un mayor ingreso, un egreso razonado y la entrada de inversiones; además de prever la organización del manejo de los recursos para el pago de la deuda pública.
Martínez dijo que es oportuno ampliar la base tributaria para no seguir "lastimando" a los contribuyentes cautivos, y acabar con la economía informal que reduce el ingreso de dinero a México.
Dentro de esta proposición deberá contemplarse un sistema fiscal ágil, eficiente, para "no crear más clientes y negocios donde sólo se beneficien, con todo respeto, los contadores públicos".
"Pero no se trata sólo de ver por el ingreso vía impuestos, sino también de cómo se privilegia el federalismo, pues en la actualidad de los ingresos totales, el 90 por ciento se queda en la Federación y el 10 por ciento restante va para los estados, cuando en EU el gobierno federal opera con 58 por ciento, y las entidades el 42 por ciento", comentó.
En cuanto al tema del federalismo, también pidió crear mecanismos para evitar recortes arbitrarios a las partidas que se destina a los estados y municipios. Sobre esto, el titular del Poder Ejecutivo de Coahuila informó que mientras el gasto corriente quedó intacto, creció 8.1 por ciento; pero la mala fortuna -mencionó- fue para el gasto de inversión, pues disminuyó un 6.4 por ciento.
El gobernador precisó que estas ideas no valdrán nada si el análisis llega al Congreso de la Unión hasta el último mes del año, por lo que exhortó al presidente Fox Quesada para que "lo más pronto" envíe una ley hacendaria bajo consenso con los gobernadores y los sectores productivos.
En cuanto a la apertura del sector energético a la inversión privada, Martínez Martínez se mostró a favor de apoyarla, pero pidió que en esta enmienda constitucional se impulse la generación de energía a través de nuevos métodos "no tan explotados".
Explicó que en Coahuila el 47 por ciento de la energía se genera con combustolio, un 29 por ciento a través de las plantas hidroeléctricas, 14 por ciento con gas, 7 por ciento con carbón, 4 por ciento proviene de energía nuclear y el 2 por ciento de la radiación solar.
Tras su exposición, insistió en la urgencia de esta modificación, pues se requerirá 120 mil millones de dólares para garantizar el abasto de electricidad en el país, de los cuales 34 mil millones de dólares deberán dirigirse a la modernización de la Compañía Federal de Electricidad y 86 mil millones de dólares para Pemex.
La suma anterior, dijo, representa tres veces los recursos acumulados de las reservas económicas de la nación, " nos debemos dejar de romanticismos ideológicos, y que nuestra economía, que está ubicada entre las diez más fuertes del mundo, sea congruente con la realidad que viven todos los días los mexicanos; no hay duda, tenemos que abrirnos".
En su turno, Diódoro Carrasco Altamirano, ex secretario de Gobernación -durante el último año del sexenio de Ernesto Zedillo-, aunque se sumó a la petición de favorecer las reformas estructurales, advirtió que éstas no son soluciones mágicas como factor de reactivación económica.
Incluso, antes de estas modificaciones a la Carta Magna, se interesó en propiciar una reducción en el aparato burocrático de la nación como herramienta para contrarrestar el déficit público sin acudir a los recortes presupuestales.
"Las prioridades de México son, sin duda, la reforma política, que incluye la definición de la relación que deseamos se establezca entre el presidente y el Congreso de la Unión, para evitar las llamadas parálisis de poder y disminuir la confusión o los desencuentros entre ambas instancias", sostuvo.
Carrasco Altamirano optó por analizar el sistema político mexicano, y a partir de sus comentarios anteriores afirmó que la alternancia por sí sola "no es una garantía de un buen gobierno", y finalizó precisando que el primer paso para el crecimiento -sin excluir a las modificaciones constitucionales- es la construcción de consensos entre los actores políticos y sociales.
En su breve participación en el foro, el líder de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Francisco Hernández Juárez, se sumó a la intención de impulsar una reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues pese a los indicadores macroeconómicos, "las desigualdades siguen por arriba de la inflación y del creciente intercambio comercial".
Por último, Hernández Juárez convocó a académicos, trabajadores, políticos y a la sociedad a establecer acuerdos para que las iniciativas a estudiar tengan "la aprobación de todo el país y no de unos cuantos".