Octavio Rodríguez Araujo
La UNAM y su autonomía
Quisiera destacar dos aspectos del discurso del rector de la UNAM el pasado Día del Maestro: 1) que nuestra máxima casa de estudios "no debe ni puede subordinarse dócilmente a las modas en boga, a las tendencias de los gobernantes en turno, ni a los intereses con fines de lucro o de poder", y 2) que "a una responsabilidad de Estado (como es el caso de la educación pública) sólo se le da sustento con una política de Estado".
El mensaje es claro. Las universidades públicas, y particularmente las que entre éstas son autónomas, tienen la posibilidad de integrar sus planes de estudio y de seleccionar sus temas de investigación al margen de las modas y de los intereses que defiendan los gobernantes, lo que no quiere decir que en su pluralidad y en las libertades de cátedra e investigación no puedan ser abordados problemas relacionados con las modas o con los intereses gubernamentales. Pero estamos hablando de dos cosas distintas: no es lo mismo que un profesor o un investigador, en su derecho, sea partidario del gobierno en turno o de temas de moda y en función de ese derecho oriente su cátedra o su investigación, que la UNAM, para el caso, organice la docencia, la investigación y la difusión como si fuera una dependencia subordinada jerárquicamente a la autoridad del Poder Ejecutivo federal. La UNAM, como organismo descentralizado del Estado, goza de autonomía orgánica y no está sujeta a los poderes jerárquicos, a diferencia de otros organismos descentralizados sin autonomía, como es el caso del ISSSTE, cuyo director es nombrado por el Presidente de la República.
El argumento, además de estar contemplado en la Ley Orgánica de la UNAM, es simplemente lógico: los gobernantes y las modas son pasajeros, la universidad es permanente y, por lo mismo, sus funciones no pueden estar sometidas a situaciones coyunturales. De aquí, en mi interpretación, el segundo aspecto del discurso de De la Fuente que he querido resaltar: la responsabilidad de Estado sólo puede tener sustento con una política de Estado; es decir, que el financiamiento de la universidad pública, para el caso, debe ser una política de Estado y no de gobierno. Por esta razón el rector de la UNAM dijo en Chiapas (La Jornada, 18/05/02) que debe prohibirse al Presidente de la República que pueda alterar el presupuesto de las universidades públicas aprobado por la Cámara de Diputados. Y, según se desprende de la nota, si se quiere avanzar hacia una política de Estado en financiamiento educativo éste no debe establecerse por arbitrio del gobernante ni estar sujeto a sus prioridades políticas, sino que debe garantizarse en sentido positivo y ascendente con independencia de quien gobierne.
En otros momentos se ha propuesto que la educación pública y particularmente la educación superior (también pública) cuenten con financiamiento determinado por un porcentaje del producto interno bruto (PIB) y no sujeto a vaivenes políticos o a la orientación política del partido en el poder o del que tenga mayoría en la Cámara de Diputados. Se parte del supuesto de que, con muy raras excepciones, todos los países aumentan su PIB año con año y que, por lo tanto, el presupuesto de la educación pública, al estar asociado directa y proporcionalmente a aquél, también ascenderá. Esta idea, que no es nueva, parece oportuna en la actualidad, aunque los defensores de los principios de eficiencia, tan de moda en los últimos años, no la comparten.
Los partidarios del eficientismo se preguntan si se les deben dar los mismos recursos, proporcionalmente hablando, a una universidad eficiente que a una que se estanca, pero pasan por alto que los criterios de eficiencia tienen mucho que ver con modas, tendencias del gobernante en turno o con criterios empresariales de costo-beneficio que no se corresponden con la producción de conocimiento. Los criterios de eficiencia, y más si se plantean a partir de evaluaciones externas en las que no están involucrados los mismos universitarios, son atentatorios de la autonomía de las universidades públicas no sólo porque han querido influir en la orientación de las partidas presupuestales sino porque han intentado e intentan inmiscuirse, mediante supuestas "acreditaciones de calidad", en la orientación de los planes de estudio y de las investigaciones que, a juicio del secretario de Educación Pública, deben estar actualizados (cualquier cosa que esto signifique).
No hay vuelta de hoja: si las universidades públicas son una responsabilidad del Estado, porque así lo ha demandado la sociedad, su sustento debe corresponder a una política de Estado y no a arbitrios unipersonales por más poderosos que sean.
