Lo heterogéneo de las situaciones impide generalizar soluciones, admite ponente

El mercado de tierra, opción para disminuir la pobreza: BM y BID; no hay garantías: campesinos

La política ignora a las fuerzas sociales que luchan por una reforma agraria, aseguran

MATILDE PEREZ U. ENVIADA

Pachuca, Hgo., 22 de mayo. El Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) insistieron en que la política de mercado de tierra es la alternativa para disminuir la creciente pobreza e indigencia que marcó a Latinoamérica la década pasada, a pesar del crecimiento económico que hubo en ese periodo. En la región hay 212 millones de pobres -44 por ciento de la población- de los cuales 77 millones viven en las zonas rurales.

A su vez, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC) y Vía Campesina -integradas por múltiples organizaciones de agricultores latinoamericanos- volvieron a colocar en tela de juicio la política de reforma agraria asistida por el mercado que promueve el BM. "Esa ofensiva -que inició el BM a mediados de los años 90- abre oportunidades pero encierra serios peligros, pues el modelo no garantiza la realización de una reforma agraria integral y amplia, que haga realidad el derecho de las familias campesinas pobres a acceder a la tierra y demás recursos productivos para poder alimentarse dignamente y producir".

Sergio Sarmiento, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, soltó: Ƒquién pedirá cuentas a los organismos internacionales para que consideren a los no considerados?, ello porque al Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Políticas de Tierra -y que forma parte de los foros en Europa, Asia, Africa y Latinoamérica a los que convocó el BM para evaluar su política de tierra- no fueron invitados campesinos ni indígenas.

En el último día de actividades del encuentro, Rubén Echeverría, jefe de la unidad de Desarrollo Rural del BID, expuso que más de 60 por ciento de la población rural de los países andinos y de Centroamérica están en condiciones de pobreza; en el caso de Bolivia, Guatemala, Nicaragua y Honduras, 70 por ciento de su población está en esas condiciones, en México es el 58 por ciento.

"La heterogeneidad de las situaciones de pobreza rural en la región no permiten generalizar sus causas ni posibles soluciones de aplicación universal", dijo al presentar un resumen de su ponencia

El acceso a tierras, un elemento clave en la agenda de desarrollo rural

El tema -que está presente nuevamente en la agenda de desarrollo regional- es muy complejo, por un lado hay que reconocer que hay muchos pobres rurales que no saldrán fácilmente de esa situación, mediante la agricultura. Tiene que haber mucha inversión en otras alternativas de empleo, como minería, artesanía, turismo y servicios, por ejemplo.

Puntualizó que desde su creación, el BID ha financiado con más de 19 mil millones de dólares (en valor nominal) al sector rural, y en los pasados 40 años ha predominado el financiamiento al sector agropecuario (62 por ciento), seguido de las actividades no agrícolas (32 por ciento), proyectos forestales, pesca y manejo de recursos naturales. En la categoría de tierras, acotó, se financiaron programas de colonización, asentamientos, reforma agraria, titulación y registro por un monto acumulado de más de 400 millones de dólares, que representa 2 por ciento del total rural financiado por la institución. Para el periodo 2002-2004, el volumen de financiamiento asciende a 3 mil 239 millones de dólares, de éstos 38 por ciento se destinará a actividades de desarrollo rural con un enfoque multisectorial, le siguen la agricultura (11 por ciento), los proyectos de agua y saneamiento (10 por ciento) y financiamiento para tierras (7 por ciento).

El desarrollo de mercados de tierras y los sistemas financieros rurales, abundó, son elementos clave de las estrategias del BID para la reducción de la pobreza rural, pero se requiere una serie de condiciones mínimas para el éxito de la administración de tierras: voluntad política antes y durante el impulso de las estrategias; un marco legal que permita la libre compra-venta y arrendamiento de tierras para posibilitar el mercado de éstas, mecanismos judiciales y administrativos que posibiliten la resolución de conflictos sobre propiedad de la tierra e instituciones de catastro y registro que garanticen la actualización de la información sobre la tenencia de la tierra y sus transacciones.

Tanto en entrevista como en su exposición, Echeverría precisó que el acceso a la tierra no asegura, por sí mismo, un alivio a la situación de pobreza, y por ello se requieren políticas multisectoriales. Además, los caminos para acceder a la tierra, como el arrendamiento, la compra-venta, membresía de una comunidad, herencia, regalo, entre otros, deben ser evaluados tomando en cuenta su viabilidad política, factibilidad presupuestaria, la posibilidad de integrar a grupos de población más pobre, garantizar actividades compatibles con la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y, fundamentalmente, asegurar la competitividad de los participantes en los programas de tierras.

Aunque no fueron invitados al encuentro organizado por el BM y el sector agrario de los gobiernos federal y de Hidalgo, integrantes de la CLOC y de Vía Campesina hicieron llegar a la prensa sus breves comentarios respecto a la reforma agraria asistida por el mercado que impulsa el BM. "La manera como el organismo aplica su modelo ignora a las fuerzas sociales que están luchando por una reforma agraria en sus países y amenaza con destruir sus conquistas sociales; impone programas sin tomar en cuenta historia, realidades locales, costumbres de producción y uso de tierra".

El proceso de acceso a la tierra que impulsa el BM es de negociación directa y voluntaria de los campesinos con los terratenientes que están dispuestos a vender sus tierras, ambas partes se dirigen a los bancos o fondos de tierras -mecanismos creados por cada gobierno-, por lo que el vendedor recibe a precio de mercado el pago de sus tierras y los campesinos toman un crédito para adquirirlas.

Los riesgos no se eliminan con el hecho de que el Estado seleccione a los beneficiarios, ponga el crédito a disposición y establezca el precio de la tierra, debido a la inexistencia o precariedad de los mercados de tierra, agregaron.

En este contexto, el campesino no tiene una comprensión profunda de las condiciones del préstamo y si a ello se suma la baja calidad de las tierras vendidas, aumenta el peligro de que al final de toda la historia los beneficiarios queden altamente endeudados y pierdan sus tierras.

"Reducir el problema de la injusta distribución de la tierra a la falta de capital de las familias campesinas para comprarla, es desconocer el núcleo del problema. Pretender que el mercado va a lograr reformas agrarias negociadas voluntariamente y de modo no conflictivo es pura fantasía."

Sin embargo, para los participantes de organizaciones no gubernamentales de Honduras, Colombia y Brasil, la propuesta del BM es una alternativa aceptable para miles de campesinos sin tierra. En el caso de México, el investigador de la UNAM, Sergio Sarmiento, destacó que el cambio al artículo 27 constitucional para "darle un nuevo rostro al campo, como en su momento lo justificó el presidente en turno, y orientado hacia esa política de mercado de tierra, tuvo como resultado profundizar la pobreza campesina. Las fuerzas conservadoras del país y los gobernantes no han entendido que para campesinos y principalmente para indígenas, la tierra no es una mercancía y que los bosques, agua, subsuelo y suelo, son parte de su vida". Luego recordó que por lo menos en los dos siglos pasados, ese sector de la población ha marcado la historia del país: "1810 y 1910, Ƒqué esperar para 2010?"