Asegura el subprocurador Renato Sales que entrarán en vigor en julio próximo

Trabaja la PGJDF en reformas al Código Penal

Hay ánimo para incorporar sugerencias de organizaciones no gubernamentales, señala

SUSANA GONZALEZ G.

A más tardar en julio, el Gobierno del Distrito Federal publicará el nuevo Código Penal aprobado el 30 de abril en la Asamblea Legislativa para que entre en vigencia, una vez que se hagan los cambios necesarios en los artículos referentes al delito de tortura, como solicitaron organismos de derechos humanos, informó Renato Sales Heredia, subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales.

Para atender las recomendaciones hechas el 6 de mayo por la sección mexicana de Amnistía Internacional y otras organizaciones, el funcionario dijo que él mismo, personal de la subprocuraduría jurídica y de derechos humanos de la PGJDF, participan en una mesa de trabajo con representantes de la ALDF, magistrados y fiscales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; a ella se invitará también, dijo, a los representantes de las ONG que hicieron las observaciones al nuevo código.

Sales Heredia aseguró que "no se omitió con dolo o mala fe, se suprimieron algunas consideraciones que están previstas en el código de procedimientos penales, pero no hay ningún problema y vamos a revisarlos con detenimiento". Las autoridades, agregó, tienen el mejor ánimo para analizar o incorporar las sugerencias de las ONG, con el propósito de que el Distrito Federal cuente con un código penal moderno y democrático.

Una vez revisado, el documento será publicado "para junio o julio a más tardar", previó el subprocurador, y consideró que en general las organizaciones han calificado como "un gran avance" el nuevo código, toda vez que se suprimió el calificativo "grave", como durante mucho tiempo ha propugnado todo el sistema interamericano de derechos humanos. Con la eliminación de dicho término, dijo, "existe la posibilidad de que no se confunda el abuso de autoridad con la tortura, porque hay una intencionalidad específica".

Cabe recordar que a principios de este mes, Amnistía Internacional, la organización Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), el Centro de Defensa y Promoción de Derechos Humanos Fray Francisco de Vittoria, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana demandaron al jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, no publicar el nuevo código, ya que aseguraron que en la tipificación del delito de tortura se cometieron errores y omisiones que violan disposiciones y convenciones internacionales en la materia suscritas por México.

Advirtieron que si el código se publicaba tal como fue aprobado entonces, habría "incompatibilidad" entre la legislación del Distrito Federal con la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ambas ratificadas por México en 1986 y 1987, respectivamente.

Christian Rojas, representante de la sección mexicana de Amnistía Internacional, explicó que el código omitía considerar como tortura varias conductas que si bien no causan dolor físico o angustia síquica tienden a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física y mental. "Si una persona no es golpeada pero le dan pastillas, no se podría procesar a quien lo medica, ni a quien lo ayuda o es cómplice, ni siquiera a quien le da las pastillas y el juez no podría castigar por tortura porque no está contemplado en la ley. La tipificación de tortura aprobada es tan frágil que permite que se den una serie de conductas que sí son tortura, entonces en el futuro lo que vamos a tener en México es la práctica de la tortura institucionalizada y sin castigar", alertó.