Ha dejado 122 muertos desde 1995, dice el Fray Bartolomé
Paramilitarización, instrumento para enfrentar a indígenas: ONG
JUAN BALBOA CORRESPONSAL
San Cristobal de las Casas, Chis., 17 de mayo. La paramilitarización de zonas habitadas en su mayoría por simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) continúa y se mantiene como "instrumento clave para enfrentar a los pueblos indígenas", sostiene el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
En el informe titulado Hacia el amanecer, el organismo que preside el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, señala que la paramilitarización iniciada desde 1995 ha dejado al menos 122 personas asesinadas y 28 desaparecidas, además de casas quemadas, cosechas robadas y miles de desplazados en todo el estado.
"Las acciones de estos grupos tienen como finalidad el control de un territorio determinado, operan ocupando los caminos, destruyen y queman viviendas y plantíos, atemorizan a la población con amenazas de muerte, realizan emboscadas, cobran cuotas monetarias por permanecer dentro de la comunidad, mantener a los presos o por caminar por ciertos caminos", puntualiza el informe presentado por Ruiz García y el general Francisco Gallardo.
El estudio precisa que entre 1995 y 2000, los paramilitares, "en acción conjunta con los cuerpos policiacos y castrenses", entraron principalmente a tierras de la zonas Selva Norte, Selva, Selva Fronteriza y Altos, tomando control del territorio, ubicándose en las entradas y las salidas.
Recuerda que el gobierno de Pablo Salazar no acepta su responsabilidad en el caso de los paramilitares, dice que no está en el ámbito estatal, que hay una fiscalía especial para los grupos armados mixta y que se irá viendo sobre la marcha.
El informe destaca que con el desplazamiento forzado que viven estas comunidades "se creó un trauma en la población, alterando sus estructuras sociales, culturales, hasta los sistemas de apoyo colectivos, ocasionando rupturas a nivel individual, familiar y comunitario", puntualiza.
En sus conclusiones, el Centro Fray Bartolomé señala al Estado mexicano como responsable del desplazamiento forzado, "porque hasta ahora no ha cumplido sus compromisos constitucionales", además de las obligaciones que le impone el derecho internacional, incluidas la garantías individuales y el derecho humanitario.
"Mientras exista población desplazada y los gobiernos federal y estatal no solucionen las causas y las consecuencias del desplazamiento forzado, están demostrando que su paz y reconciliación son sólo un discurso que fomenta la impunidad y, por lo tanto, posibilita la persistencia de la guerra", concluye.
