Silvia Gómez Tagle

El dinero en los partidos

El financiamiento de las actividades partidarias, no sólo en México sino en casi todos los países democráticos, plantea un dilema no resuelto: Ƒcómo lograr la libertad de expresión y de acción en la promoción política de los candidatos y al mismo tiempo mantener la equidad? Y es que la creciente importancia de los medios electrónicos como formadores de opinión pública les confiere un papel protagónico y permite que los candidatos con mayores recursos tengan ventajas considerables, sin que importen mucho las estructuras partidarias ni el contacto inmediato con los electores.

Por eso el costo de las campañas se eleva exponencialmente y puede darse el caso de que candidatos sin una organización política sólida construyan su imagen, únicamente apoyados en capitales millonarios que destinan a la publicidad en los medios. El dinero empleado en las campañas electorales es una de las cuestiones más controvertidas en las democracias emergentes, lo mismo que en las supuestamente consolidadas como las de Estados Unidos o de Italia, y en México no somos la excepción. Tanto la campaña de Vicente Fox Quesada como la de Francisco Labastida Ochoa han sido fuertemente cuestionadas por el origen de los recursos que utilizaron.

Es por esto que la resolución del TEPJF del pasado 7 de mayo tiene enorme importancia, al sentar el precedente de que la transparencia no se detiene ante el Presidente de la República. Esta resolución faculta al IFE para reabrir el caso del financiamiento de la campaña para la elección de Fox en 2000 porque recibió recursos ilícitos. Aparentemente, el dinero proveniente del extranjero se canalizó a través de diversas empresas y personas físicas hasta llegar a la campaña como recursos de simpatizantes mexicanos. Este caso había sido cerrado por el IFE el 22 de agosto de 2001 en virtud de que la Secretaría de Hacienda se negó a entregar la información argumentando como pretexto que la investigación podía ser "violatoria del secreto bancario".

Asimismo, como parte de esos procesos de "limpieza", el pasado 10 de diciembre la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (del Poder Ejecutivo), bajo la dirección de Francisco Barrio, presentó una denuncia ante la PGR por el desvío que hizo Pemex de mil 100 millones de pesos hacia la campaña de Labastida, desatando una álgida controversia entre el Ejecutivo federal y el PRI, que en ese momento vivía una intensa campaña electoral para la renovación de su dirigencia.

El desvío de fondos parece haber sido resultado de una complicada red de complicidades entre la dirección de Pemex, el sindicato petrolero y los responsables de la campaña de Labastida a la Presidencia de la República, que involucró la malversación de los mil 100 millones de pesos. Esta cantidad fue otorgada como préstamo al sindicato, pero sus dirigentes, en vez de atender compromisos muy antiguos, producto de corruptelas de otros tiempos, desviaron los recursos a la campaña del candidato del PRI. La gravedad del caso hizo que el IFE considerara la eventualidad de cancelar el registro de este partido (Reforma, 24/01/02, p. 4A).

Desafortunadamente el caso ha quedado en suspenso por diversas causas. Rogelio Montemayor, ex director de Pemex, dijo que el destino del dinero, así como las necesidades de los trabajadores estaban fuera de sus responsabilidades y atribuciones (Reforma, 30/01/02, p. 4A). El líder nacional del sindicato, Carlos Romero Deschamps, así como su tesorero, Ricardo Aldana Prieto, gozan de fuero legislativo (así recompensa el PRI a sus cuadros). Otros implicados han quedado a salvo en virtud de un "error" que cometió un juez federal, quien ordenó la captura por "delitos no graves", gracias a lo cual pudieron solicitar amparo y darse a la fuga.

Entre tanto, Fox convocó en días pasados a los principales dirigentes del PRI a "unir voluntades para que gobernemos juntos el cambio" y planteó que éste "no es viable desde la confrontación", que ya resulta "onerosa para todos". A cambio ofrece a los priístas dejar atrás "rencores y resentimientos", y los convoca a no hacer de la política "permanente arena de conflicto" (La Jornada, 12/05/02, p. 3).

Por un lado, la buena voluntad del Presidente ciertamente refleja un sano juicio de la actividad política en una época en que la pluralidad en el Congreso obliga al Ejecutivo a la búsqueda de acuerdos con todas las fuerzas políticas para gobernar, pero por el otro sería muy preocupante que estas expresiones tengan como único propósito encubrir los ilícitos de ambos partidos. Para consolidar la democracia sería indispensable saldar las cuentas con el pasado, sobre todo cuando se trata de uno tan reciente que involucra la legitimidad de actores políticos tan importantes como el Presidente de la República y el PRI.