Ordena la Fepade presentación de varios implicados
Descarta la UEDO lavado y delincuencia en el Pemexgate
Requiere a ex directivos, líderes sindicales y priístas
JESUS ARANDA
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República (PGR), giró órdenes de presentación a funcionarios de Pemex, dirigentes del sindicato petrolero y ex líderes del PRI involucrados con la averiguación previa por el presunto uso ilícito de 640 millones de pesos en la campaña de Francisco Labastida Ochoa.
El asunto fue turnado a la Fepade por la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO), porque ésta no pudo acreditar a los implicados delitos relacionados con delincuencia organizada o lavado de dinero, según los informantes.
Pese al hermetismo del caso, se confirmó que la averiguación se centra en demostrar que hubo un acuerdo entre funcionarios, dirigentes sindicales y la cúpula priísta para desviar esos recursos a la campaña labastidista, porque de lo contrario, al no estar tipificada como delito la entrega de recursos de un sindicato a un partido político, no habría forma de fincarles responsabilidad penal.
Por ello es necesario, insistieron, en que la Fepade demuestre que desde un principio las partes involucradas habían determinado en qué se utilizarían los 640 millones de pesos, con el objetivo de demostrar la vinculación.
Los argumentos de la denuncia
De acuerdo con la denuncia presentada por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) ante la PGR en diciembre pasado, "el proceder de los servidores públicos involucrados podría ser constitutivo de ilícito penal, toda vez que mediante la suscripción de dos convenios administrativos, cuyo objeto carece de justificación, pretendieron legitimar la distracción de recursos públicos aduciendo la solventación de obligaciones presuntamente inexistentes" para entregar al sindicato petrolero mil 100 millones de pesos, de los cuales 640 millones corresponden al préstamo otorgado al gremio con el cheque 0008648 del 8 de junio de 2000.
Mediante el oficio DCA-691 fechado el 6 de junio de 2000, Carlos Juaristi Septién y Juan José Domene Berlanga, director corporativo de Administración y de Finanzas de Pemex, respectivamente -prófugos de la justicia junto con Rogelio Montemayor Seguy, ex director de la paraestatal, y Julio Pindter, subdirector corporativo de Relaciones Laborales-, solicitaron a la gerencia de Administración Financiera que con base en el préstamo otorgado al sindicato se expidiera el título de crédito 425915511 con el rubro "préstamos autorizados al sindicato" por 640 millones de pesos, lo que afectó la posición financiera de la empresa.
Precisamente el uso de ese monto es el que investiga la Fepade para determinar si hay delito que perseguir.
De acuerdo con la información obtenida en la PGR, los citatorios a los dirigentes priístas en el periodo en que Francisco Labastida Ochoa era candidato presidencial, y que tuvieron relación directa con el uso de los recursos, ya están en trámite y las audiencias se realizarán en "fecha próxima".
Sin embargo, debido "a lo delicado" del asunto, tanto los nombres de los dirigentes partidistas y petroleros involucrados, como las fechas y lugares para las audiencias, se mantienen en secreto con la meta de que no se compliquen las pesquisas.
