Demandan el pago de 41 millones 250 mil dólares
Exigen indemnización familias de 11 migrantes
muertos en EU
La autoridad fracasó en darles protección,
dice el abogado
JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES
Washington, 14 de mayo. Las familias de 11 inmigrantes
veracruzanos que fallecieron el año pasado al cruzar el desierto
de Arizona, presentaron una demanda legal contra el Departamento del Interior
de Estados Unidos por su fracaso en proteger a estos mexicanos en tierras
bajo su control y buscan una compensación por daños de 41
millones 250 mil dólares.
Los 11 migrantes cuyos familiares entablaron la demanda
(fueron 14 los que murieron en el incidente) perdieron la vida como resultado
de la deshidratación y exposición al clima al cruzar el Refugio
Nacional de Fauna Silvestre Cabeza Prieta, entre Tucson y Yuma.
La muerte de estos inmigrantes indocumentados provocó
atención nacional a las condiciones infrahumanas que sufren las
personas que ingresan a este país en búsqueda de empleo.
Los abogados de las familias de los inmigrantes acusan
en su demanda, presentada la semana pasada, que sólo unos cuantos
días antes de estas muertes el Servicio de Pesca y Fauna Silvestre,
agencia del Departamento del Interior que administra el refugio Cabeza
Prieta, había negado la solicitud de un grupo privado de establecer
estaciones de agua en "la zona exacta" donde perecieron los inmigrantes.
"Una de las ubicaciones propuestas para las estaciones
de agua hubiera estado establecida como para prevenir estas muertes", escriben
los abogados en su demanda contra el gobierno. Pero la agencia rehusó
que se instalaran estas estaciones y, según los abogados, el resultado
fue que "los occisos tuvieron una muerte horrible, relacionada a la exposición
y deshidratación que duró muchas horas".
Los abogados demandan 3 millones 750 mil dólares
por cada inmigrante que murió y argumentan que, en efecto, la agencia
federal tenía conocimiento del peligro que enfrentaban los inmigrantes
que cruzaban esta zona y no hicieron nada para prevenirlo.
Tony Bauer, un vocero para el Servicio de Pesca y Fauna
Silvestre, confirmó a La Jornada que su agencia había
recibido la demanda legal. El gobierno federal cuenta ahora con un plazo
de 180 días para responder a la querella por compensación,
y si su respuesta es negativa las familias podrán presentar una
demanda ante los tribunales, explicó.
Bauer también confirmó que la agencia había
recibido una solicitud de un grupo llamado Humane Borders para instalar
estaciones de agua en la zona, pero insistió en que eso no hubiera
prevenido las muertes de los inmigrantes. "Las estaciones de agua propuestas
por Humane Borders estaban por los menos a 12 millas y a dos cordilleras
de montañas del lugar donde murió esta pobre gente", comentó.
El vocero agregó que desde ese incidente, la agencia
se ha reunido con representantes de la organización civil Humane
Borders y con otras agencias federales para señalar con más
claridad las estaciones de agua que existen en esta zona. No se han registrado
más muertes de inmigrantes desde el año pasado.
Los 11 inmigrantes que murieron y cuyas familias están
presentando la demanda eran: Julián Ambros-Málaga, Edgar
Adrián Martínez Colorado, Raymundo Barreda-Landa, Raymundo
Barreda-Maruri, Remo Bartolo Hernández, Mario Castillón Fernández,
Lorenzo Hernández Ortiz, Enrique Landero García, Claudio
Alejandro Marín, Víctor Amulflo Florez Badillo y Efraín
González Manzano. La mayoría eran de Atzalán, Veracruz,
aunque González Manzano es de Tlacotepec, Guerrero.
(Para mayor información sobre estos inmigrantes
y la región de Veracruz de donde proceden véase Masiosare,
en La Jornada del 12 de mayo 2002).
