Grupos niegan versión

Abandonan 12 reos huelga de hambre en Acatitla: Encinas

SUSANA GONZALEZ G.

De los 23 presos que iniciaron una huelga de hambre la semana pasada en la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, para exigir su preliberación, 12 desistieron de la protesta y sólo nueve mantienen el ayuno, informó Alejandro Encinas, subsecretario de Gobierno.

Sin embargo, el funcionario fue desmentido por el Colectivo Heberto Castillo Pro Defensa de Derechos Humanos de Presos, Presas y Familiares, al que pertenecen los inconformes, y la llamada "comisión de familiares de presos en huelga de hambre en Santa Martha", al asegurar que anoche 12 reos cumplieron siete días sin ingerir alimento.

Advirtieron además que ayer "Miguel Naranjo Sánchez ingresó al hospital debido a las condiciones precarias de salud" y no descartaron que ocurra lo mismo con otros huelguistas, por lo que exigieron que sean liberados de inmediata en lugar de que se les haga esperar hasta el 20 de mayo, fecha en que el gobierno capitalino tiene previsto otorgar la libertad anticipada a 400 reos de diferentes reclusorios.

Encinas dijo que las autoridades penitenciarias revisarán el expediente de los inconformes para verificar si efectivamente cumplen con los requisitos de la preliberación ya que remarcó que algunos de ellos han cometido delitos graves como secuestro, homicidio y violación, por lo que no alcanzan los beneficios de la ley.

Asimismo, el funcionario confirmó que Rigoberto Herrera Lozano, hasta hace dos días director de Santa Martha, está siendo investigado por parte de la contraloría interna por irregularidades detectadas en su administración. El ex directivo, quien duró más de un año al frente de la penitenciaría, enfrentó durante su gestión al menos dos huelgas de hambre por parte del citado colectivo, así como la muerte de Marco Antonio Barrera Rivas, integrante de dicha organización y quien se suicidó, según versión de las autoridades.

Al respecto, el Colectivo Heberto Castillo y la Comisión de Familiares presos reiteraron su negativa a aceptar que la muerte de Herrera Lozano se debió a un suicidio, y advirtieron que el esclarecimiento de su "asesinato" no terminará con la suspensión de funciones de Herrera Lozano, por lo que exigieron que se finquen responsabilidades penales.