El presidencialismo panista

Hace unas semanas la fracción panista del Congreso de Nuevo León logró cuajar un singular esfuerzo por renovar la aplanadora del antiguo régimen, que pugna por ser el último en cerrar la puerta.

Los 23 diputados panistas votaron al unísono, como para no levantar sospechas de que habían recibido línea del gobernador, en contra de la demanda de un grupo de ciudadanos en el sentido de que le sea practicada una auditoría al fideicomiso público del Parque Fundidora. Un fideicomiso manejado como cosa propia en beneficio de negocios privados. El patrimonialismo de antaño con otros colores.

Ese grupo de ciudadanos pareció no sorprenderse demasiado con la respuesta de la diputación panista. Hace año y medio sostuvieron un encuentro con el gobernador y los principales funcionarios de su gabinete. A la petición de que diera a conocer los contratos con la empresa Cart y otras que participan en la promoción de una carrera automovilística dentro del Parque Fundidora, su respuesta fue un rotundo no. "No se los damos porque con ellos nos van a pegar", complementó desde una abusona dimensión de la política real Eduardo Elizondo, entonces tesorero y ahora precandidato a la gubernatura del estado.

En un documento entregado al gobernador del estado, el grupo ciudadano le hace un llamado moral a ser congruente con sus palabras al empresario y político Fernando Canales Clariond. Días antes había insinuado que debía ser objeto de escrutinio público la información relacionada con una segunda nómina manejada por la anterior administración municipal de Monterrey signada por las corruptelas del alcalde José María Elizondo (también empresario y político; también panista). "Si lo sabe Dios, no tiene por qué no saberlo la ciudadanía", dijo a la prensa.

En los hechos, el gobierno de Canales se ha empeñado en ocultar la información sobre el fideicomiso del Parque Fundidora y otros numerosos casos: la situación anómala de Raúl Monter Ortega, en otro tiempo dirigente estatal del PAN, extrañamente sin poder ser traído a juicio por las autoridades mexicanas en torno al quebranto fraudulento del grupo financiero Abaco-Confia del que el propio Canales Clariond fue uno de los principales accionistas; las cuentas públicas de las administraciones panistas de Monterrey, una y otra vez encubiertas por los diputados de Acción Nacional; las licitaciones de obras públicas, tales como un costoso e impráctico puente sobre el río Santa Catarina (la Alianza por San Pedro y el constructor José Máiz Mier, concursante en la obra, han cuestionado la ausencia de información sobre los estudios de impacto, contratos y evaluaciones); los planes de desarrollo urbano, que no han tenido función más relevante que la de cierta asepsia; casos de narcotráfico no aclarados; la situación de los table dance que, irónicamente, proliferaron en las administraciones panistas.

Desde el principio del gobierno de Canales fue creada una cláusula para prohibir la divulgación de información referente a los estímulos económicos de los secretarios de Estado. Y ha sido práctica cotidiana la negativa de los funcionarios de varias de las secretarías para dar a conocer información rigurosamente pública a los ciudadanos que la han pedido.

Pero esa vocación de bóveda pasó a ser patrimonio del pasado de un día para otro. El presidente Vicente Fox envió al Congreso la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y ésta fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados. De inmediato hizo acto de presencia en Nuevo León el presidente del PAN, Luis Felipe Bravo Mena.

La primera respuesta automática partió del diputado Mauricio Sada, jefe de la fracción panista en el Congreso local. Y pocos días después, el gobernador Canales hizo una doble revelación que los habitantes del estado desconocían: haberse anticipado a la ley tratando de "mantener la mayor apertura posible" y su vocación por la transparencia institucional y el acceso a la información gubernamental. Si antes Nuevo León fue un lamentable rezagado en tales materias, ahora será líder (si alguien en este estado no tiene en su vocabulario un mecanismo de repetición de la palabra líder pierde ipso facto su sentido de pertinencia).

Al PAN se le podrán atribuir otras cosas, menos querer mantener enhiesto el antiguo presidencialismo tan servicial para la toma de decisiones modernas y en el marco del cambio.

Habrá que ver lo que el aprontamiento de las autoridades de Nuevo León interpretará como transparencia y acceso a la información pública. Con su aplanadora en el Congreso -la que los panistas, los empresarios y otras fuerzas vivas desean en el plano federal- pueden seguir haciendo que el lema de la Contraloría del estado, "Cuentas claras. Nada bajo el agua", sea en la práctica lo que hasta hoy ha sido: turbiedad y secreto.