FONDOS DE CAMPAÑA

La anterior indagatoria del IFE fue "deficiente e insuficiente'', señala el TEPJF

Será reabierta la investigación sobre financiamiento de la campaña foxista

Desechado, el argumento de SHCP y CNBV sobre los secretos bancario, fiduciario y fiscal

ALONSO URRUTIA

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Federal Electoral reabrir las investigaciones en torno al presunto financiamiento ilícito del candidato presidencial de la Alianza por el Cambio, Vicente Fox, toda vez que la indagatoria realizada ''fue deficiente e insuficiente'', lo que llevó al Consejo General del IFE a desechar las quejas interpuestas por PRI y PRD.

De igual forma, el TEPJF afirma que no es válido el argumento esgrimido por la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el sentido de que no entregaron información al IFE por la prohibición expresa de la ley que salvaguarda los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

Para el Tribunal Electoral, el IFE sí tiene facultades para obtener esa información, pues en la fiscalización de recursos que ejercen los partidos políticos, el instituto realiza funciones hacendarias, ya que vigila y controla el uso de recursos públicos y, por tanto, puede conocer de movimientos bancarios y la autoridad está obligada a proporcionárselos.

Dictamen aprobado por unanimidad

En el dictamen, aprobado por unanimidad, el órgano subraya que hubo algunos pasos en la investigación que no fueron ''exhaustivamente agotados'', como es la indagación de las empresas presumiblemente vinculadas en la red utilizada para el financiamiento obtenido por Amigos de Fox y que habrían involucrado a empresas extranjeras y a sociedades mercantiles mexicanas, como en su momento lo publicó en exclusiva La Jornada.

En su exposición, el magistrado ponente, Leonel Castillo, dijo que la instrucción de reabrir las indagatorias sobre los gastos de campaña no supone que este órgano prejuzgue sobre presuntas irregularidades, sino que alude a inconsistencias en el proceso de investigación.

Durante su sesión del 9 de agosto pasado, el Consejo General del IFE aprobó por siete votos contra dos el dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización, según el cual no había pruebas suficientes para presumir ilícitos y se daban por válidos los argumentos de la SHCP y la CNBV respecto a su imposibilidad legal de entregar información.

Para el consejero Jaime Cárdenas, la resolución del TEPJF es fundamental para ampliar los horizontes de fiscalización que tenía el IFE a partir de una visión ''ortodoxa y conservadora'' de la ley que llevó a dar por válido el argumento del secreto bancario para cancelar la investigación sobre el presunto financiamiento ilícito de Fox.

Con esta interpretación, que ''nos da la razón a Jesús Cantú y a mí, en el sentido de que el IFE tenía las facultades para exigir la información a Hacienda, se abren las posibilidades de una fiscalización más escrupulosa, no sólo en el caso de Fox, sino también en el Pemexgate u otros más''.

La resolución del Tribunal Electoral se refiere a la queja interpuesta por el PRI, el 23 de junio de 2000, en contra del presunto financiamiento ilícito que obtuvo Vicente Fox a través de una red que comprendía empresas extranjeras y nacionales, así como la triangulación con la organización Amigos de Fox.

La queja priísta señalaba a Valeria Korrodi -familiar de Lino Korrodi, responsable de las finanzas de Fox- como la responsable de haber transferido recursos de la institución denominada Bank of the West El Paso, a Ixe Banco, por un monto de 85 mil dólares a favor de Carlota Robinson, el 4 de abril de 2000. Esta a su vez -acusaba el PRI- libró cheques, el 6 de abril de ese mismo año, por 900 mil pesos a favor de una empresa televisiva, a fin de cubrir propaganda del candidato presidencial de la Alianza por el Cambio.

La queja citaba otra transacción operada desde la empresa Deshidratation Tecnologies a una sociedad civil en Puebla, de donde se traspasaron a otra empresa ubicada en Monterrey, denominada Grupo Alta Tecnología en Impresos, de donde fueron transferidos a la cuenta de Carlota Robinson y de ahí a la cuenta de Amigos de Fox.

Una tercera operación relaciona al Grupo Flexi, de León, con las aportaciones de 1.1 millones de pesos a las empresas K-Beta, cuya tenencia se señala a favor de Lino Korrodi Cruz. De la segunda mencionada se expidieron cheques por 600 mil pesos, de los cuales 250 mil fueron objeto de libramiento de cheques de Rito Padilla, entonces secretario particular del gobernador de Guanajuato, Ramón Martín Huerta.

Finalmente, el Partido Revolucionario Institucional aseguraba en su queja que la empresa Fox Brothers recibió en la cuenta 4151-9251, abierta en Banamex, una transferencia de 33 mil dólares de una cuenta del Citibank de Nueva York.

La resolución del IFE establecía que ''no existían indicios suficientes de que se hubiese violado disposición alguna del Cofipe, relativa al financiamiento''. Y añadía que ''esta autoridad ha generado suficiente convicción sobre la viabilidad jurídica de los indicios relevantes aportados por el quejoso en su escrito inicial, concluyendo que las conductas denunciadas no constituyen en sí mismas conductas antijurídicas que deban ser sancionadas''.

Entre los señalamientos que respaldaron esta resolución se encontraba el aval dado por la Comisión de Fiscalización al argumento de la SHCP y la CNBV sobre el secreto bancario, y la improcedencia, como lo solicitaban el consejero Cárdenas y el PRD, de apelar a las facultades del Cofipe y solicitar la información directamente a la Presidencia.

Transferencias en cadena

La resolución del TEPJF echó por tierra todos los argumentos del IFE y calificó su investigación de ''deficiente e insuficiente''. El tribunal aludió a diversas actitudes de la Comisión de Fiscalización que evidencian una falta de exhaustividad en sus indagatorias.

Citó que, en su queja, el Revolucionario Institucional aludía a una red de transferencias en cadena presentando como pruebas copia simple de diversos cheques y comprobantes de transferencias bancarias.

Así, el dictamen elaborado por el magistrado del TEPJF Leonel Castillo González señala que en su resolución la autoridad responsable (el IFE) dijo que no podía actuar porque se trataba de co-pias simples y porque era jurídicamente atendible el impedimento alegado por las instituciones requeridas para proporcionar esa información, es decir, que sí operaba el sigilo bancario y desechó la queja.

El IFE dio por válido el argumen- to de la SHCP y la CNBV sustentado en el secreto bancario, fiduciario y fiscal establecidos en los artículos 117 y 188 de la Ley de Instituciones de Crédito y el 69 del Código Fiscal de la Federación.

Castillo expuso las razones por las cuales el IFE forma parte del grupo de autoridades que son exceptuadas de salvaguardar dichos secretos bancarios. Explicó que el tema del secreto bancario, fiduciario y fiscal, "que constituye el muro de carga de la construcción" de este dictamen, es el relativo a la aplicabilidad de esta disposición al instituto.

Según el TEPJF, el IFE se encuentra dentro de las autoridades a las cuales no aplica el secreto bancario. En su razonamiento, Castillo indicó que una de las salvedades establecidas por la propia ley alude a las "autoridades hacendarias" que ejerzan sus funciones de control y fiscalización de recursos públicos.

En este caso, el instituto estaba indagando el uso de recursos públicos por parte de los partidos políticos transferidos mediante las prerrogativas. Es así que como en el caso del IMSS, cuando investiga la situación sobre las cuotas que se le adeudan, el IFE tiene facultades para solicitar a la SHCP y la CNBV la entrega obligatoria de información relacionada con transacciones financieras y bancarias.

La función fiscal del Estado "no sólo comprende la función de recabar los ingresos y distribuirlos, sino también la realización de actividades para vigilar e investigar la correcta aplicación de estos recursos".

Añade que en la queja del PRI es claro que si bien aludía al financiamiento privado presuntamente obtenido por me-dios irregulares, también es que para investigar involucra tanto el uso de recursos públicos como las aportaciones privadas, dada la imposibilidad de dividir qué dinero se utilizó para determinado gasto de campaña.

El TEPJF deja entrever que el IFE "no sometió a la CNBV y a la SHCP al proceso administrativo sancionador que establece el artículo 264 del Cofipe por haberse negado a proporcionar la información referida".

Al referirse expresamente a la falta de "exhaustividad" del IFE, el dictamen aprobado hace alusión a omisiones o deficiencias de la Comisión de Fiscalización, tales como el hecho de no realizar investigación alguna respecto a todas las personas involucradas en los hechos, "cuando ésta era una de las acciones básicas para tener conocimiento de su existencia o no".

Fue deficiente también "en la investigación respecto a las instituciones que sirvieron de puente en la transmisión de recursos, porque no obstante que los hechos de la denuncia se hace referencia a que se ubican en determinadas ciudades y se buscó ubicarlas en un lugar diferente con escasas o nulas posibilidades encontrarla".

En su argumentación para revocar la decisión del IFE de desechar la queja del PRI, el TEPJF sostiene que fue "deficiente la investigación sobre la asociación ligada al candidato presidencial (Amigos de Fox) porque sólo se intentó con un requerimiento en la ciudad de México, encontrándose a unas personas que dijeron que esa asociación tenía tiempo de haber desaparecido sin que el IFE buscara vías alternas".

El TEPJF desechó el recurso interpuesto por el PRD contra la decisión del IFE de desechar su queja, en razón de que en sus pruebas presentó notas periodísticas jurídicamente no válidas para sustentarla.

Reacciones de legisladores y dirigentes partidistas

Una nueva mentira pondría en duda la legitimidad de Fox

PAN y PVEM podrían perder el registro, advierten

Legisladores y dirigentes partidistas de PRI y PRD advirtieron que de comprobarse que el presidente Vicente Fox mintió una vez más al recibir financiamiento del exterior para su campaña electoral, tendría que revisarse la legitimidad de la elección de julio de 2000, y los dos partidos que contendieron bajo las siglas de la Alianza por el Cambio (el PAN y el Partido Verde Ecologista de México) podrían perder el registro.

Otra mentira traería graves riesgos para la gobernabilidad del país, pues la credibilidad de Fox quedará ''aún más maltrecha'', señaló el secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raymundo Cárdenas.

Por separado, los senadores priístas Manuel Bartlett, Fidel Herrera y Oscar Cantón Zetina consideraron de gran relevancia la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TFPJF), y señalaron que el Instituto Federal Electoral (IFE) está obligado a llevar a cabo, con toda seriedad y minuciosidad, la investigación sobre los fondos de Estados Unidos triangulados a la campaña foxista.

A su vez, el coordinador de los diputados del PRD, Martí Batres Guadarrama, resaltó que la decisión judicial significa un freno al tradicional argumento del gobierno federal para no ser investigado sobre el secreto bancario. Es, afirmó, ''un suceso histórico'', porque de él se desprenderá ''un nuevo proceso de transparencia en la vida democrática del país''.

Defensa verde

Igualmente, el senador perredista Jesús Ortega Martínez dijo que deberá sancionarse severamente a quien haya violentado la ley, sin importar que se trate del Ejecutivo federal. Sólo la senadora del Partido Verde Ecologista Sara Isabel Castellanos señaló que ''no es saludable'' esa resolución, porque los gastos de campaña de la Alianza por el Cambio ''es ya cosa juzgada''. La medida, insistió, ''no es sana para el país''.

Consciente de que su partido está también en la mira, la legisladora del PVEM sostuvo que en esa resolución ''hay gato encerrado'' y sostuvo que el Instituto Federal Electoral es uno de los órganos más confiables del país.

Sin embargo, Herrera Beltrán y Cantón Zetina resaltaron que el IFE mantuvo 13 meses el expediente con las pruebas presentadas por el PRI sobre financiamiento del exterior a la campaña de Fox y lo desechó, bajo el argumento de que Hacienda no le dio información, escudada en el secreto bancario.

''Ahora, con esta resolución, el IFE iniciará el proceso que debió desahogar desde 2000, una queja sustentada, con hechos y pruebas, no como en el caso de Pemex, donde el gobierno de Fox sólo ha pretendido descalificar al PRI'', agregó Herrera Beltrán.

Precisó que al comprobarse que el ahora Presidente de la República actuó de manera ilegal, se tendrá que revisar la legitimidad de la elección de julio de 2000. ''Hay una cuestión de fondo que debe aclararse por el bien del país. No estamos echando las campanas a vuelo ni prejuzgando, pero hay la posibilidad de revocar el proceso electoral de hace dos años y con ello el mandato de Fox'', insistió.

Igualmente, Cantón Zetina expuso que ''la baraja de las mentiras del Presidente sigue aumentando'' y la resolución del TEPJF llevará a probar que a través de su grupo Amigos de Fox recibió dinero proveniente de Estados Unidos. Además de revocarse la elección de 2000, los partidos que lo postularon perderían el registro, sostuvo.

Bartlett, a su vez, hizo notar que la decisión del tribunal es de enorme importancia, ya que permitirá avanzar en la transparencia de los procesos electorales. ''Falta regular las precampañas, porque fue ahí donde Fox gastó una cantidad ilimitada de dinero que lo posicionó, para que en el proceso formal tuviera una ventaja de cinco años sobre los demás contendientes''.

El perredista Ortega hizo notar que antes de que el PRI presentara su queja, el PRD había hecho lo propio ante el IFE, organismo que ahora está obligado a realizar ''un trabajo muy acucioso y muy responsable sobre la denuncia, pues antes ya había determinado que no había nada que perseguir''.

Consideró también que el Congreso tendrá que legislar para dotar de mayores facultades al IFE, a fin de que pueda investigar a fondo todo lo concerniente a financiamientos privados en las campañas y precampañas. ''De lo contrario, corremos el riesgo de llegar al extremo de que el financiamiento de particulares sustituya al financiamiento del Estado y, en consecuencia, los funcionarios y representantes populares electos no le respondan al electorado, sino a quien financió su campaña''.

En San Lázaro, el coordinador parlamemtario de la diputación del PRD, Martí Batres, sostuvo que la importancia de la decisión judicial se manifiesta porque significa un freno al tradicional argumento del gobierno para ser investigado: ''La Secretaría de Hacienda ya no tiene pretexto para señalar que el secreto bancario sería violado con una acción que sólo pretende transparentar el uso y manejo del dinero''.

El tema en cuestión fue considerado por Batres como un suceso ''histórico'' porque de él se desprenderá ''un nuevo proceso de transparencia en la vida democrática del país. Es pronto para hacer juicios porque no sabemos si se enviaron recursos del exterior a la campaña de Vicente Fox; lo más importante es el paso político que representa la decisión judicial''.

Por su lado, el coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México, Bernardo de la Garza ?quien fungió como parte del equipo de administración en la campaña del entonces candidato Vicente Fox?, adujo que la decisión del tribunal ''sería un golpe sólo en la medida en que se hayan hecho manejos inadecuados del dinero, o se hubieran aceptado aportaciones improcedentes para el proceso electoral. Y si no hubo un proceder inadecuado, se demostraría, efectivamente, que el actual gobierno desde antes que lo fuera trabaja apegado a la ley''.

''Quien nada debe...''

De la Garza, cuyo partido participó con el PAN en la Alianza por el Cambio, recordó de manera general la forma organizativa de la campaña foxista:

''En primer lugar, esto representa un paso más de la democracia en México, y nos queda claro que nada está por encima de la ley, pero es necesario traer a la memoria que eran tantas las cosas que se hacían en la campaña, que por un lado se encontraba el equipo de la misma y por el otro la gente de Fox; es necesario el esclarecimiento de eso, porque quien nada debe nada teme''.

El diputado perredista por el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, Emilio Ulloa Pérez, señaló que el anuncio del TEPJF ''es muy sano porque la duda entre los ciudadanos persistía y qué mejor momento para transparentar la labor del gobierno y conocer el origen de los recursos que el candidato Vicente Fox utilizó''.

Desde Ciudad Juárez, vía telefónica, donde se encuentra como operador político de su partido para los comicios del domingo próximo, el diputado Ulloa trajo a colación otro tema intrínsicamente ligado al de la campaña electoral del actual Presidente: ''¿Por qué no se abre la investigación para esclarecer el origen de los recursos utilizados por Roberto Madrazo en su campaña a la gubernatura de Tabasco? ¡Todos sabemos que gastó más que el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, también en 1994, Bill Clinton, quien tuvo que desembolsar 50 millones de dólares! ¿O debemos creernos el cuento de que en México hay políticos tan ricos?''

Su compañero de bancada, el legislador por el estado de Sinaloa Gregorio Urias, también consideró la decisión del tribunal como un primer paso para investigar el financiamiento a las campañas de Ernesto Zedillo y Francisco Labastida: ''Nosotros en nuestro partido seguimos con la misma postura, que es la lucha a fondo y a muerte contra la corrupción; por eso en este caso la consigna debe ser caiga quien caiga''.

El vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Manuel Añorve, pidió al PAN y al gobierno foxista que no se opongan a la revisión exhaustiva de la campaña de Fox: ''Esta es una oportunidad inmejorable para legitimarse como una administración que realmente quiere el cambio''.

Sobre la resolución del Poder Judicial, Añorve consideró como un paso de suma trascendencia lo ocurrido, porque el TEPJF demuestra ''su absoluta autonomía y le recuerda al gobierno de Vicente Fox que no gobierna solo''.

En entrevista aparte, el secretario general del PRD, Raymundo Cárdenas, expuso que de comprobarse que el Ejecutivo federal incurrió en una mentira más, ''habrá graves riesgos para la gobernabilidad del país, pues su credibilidad quedará aún más maltrecha''.

La nueva indagatoria a cargo del IFE, resaltó, deberá incluir a personajes que no se tocaron en el anterior expediente, como Lino Korrodi, Carlota Robinson y buena parte de los Amigos de Fox.

El dirigente perredista consideró asimismo que la resolución emitida por el tribunal apunta a que por ese camino se pueda lograr que los partidos políticos se conviertan en verdaderas entidades de interés público. Por ello, cobra además fuerza la necesidad de que el Tribunal Electoral y el IFE participen en las elecciones primarias partidistas.

Sobre el tema, el representante del PRI ante el IFE, Rafael Ortiz, no quiso adelantar juicios sobre las posibles repercusiones del fallo del TEPJF. ''Es un hecho inédito y estaremos en espera del resultado de las investigaciones''. Ante la insistencia de los reporteros, señaló que la resolución significa que el Revolucionario Institucional ''va a levantar el banderín de la legalidad'', porque el ahora Presidente ''tuvo un financiamiento ilegal a su campaña, recursos que no declaró''.

Estableció luego una comparación entre la denuncia del PRI y la acusación sobre desvíos de recursos en Pemex. ''Cuando nosotros denunciamos es porque sabemos que se está violando y violentando la ley. Nosotros no hacemos aspavientos, no molestamos a la autoridad jurisdiccional; significa que nosotros cuando vamos a las cosas es porque tenemos los elementos y somos justos en la manera como presentamos nuestros alegatos''.

Ortiz advirtió también que en el caso de la acusación por desvío de recusos en Pemex, el IFE se equivocó al declararse parte agraviada, ya que no puede ser juez y parte del procedimiento.
 
 

Dos años después, oficialmente nada se sabe de las investigaciones de la PGR

Reportaje de La Jornada arrojó las primeras pistas del posible financiamiento ilegal a Fox

El abogado de la familia negoció con las autoridades de EU que detuvieran las pesquisas

GUSTAVO CASTILLO Y RENATO DAVALOS

La historia de un posible financiamiento ilícito a la campaña electoral de Vicente Fox Quesada comenzó a vislumbrarse en mayo de 2000. La Procuraduría General de la República (PGR) recibió una denuncia contra Juan Pablo Fox Quesada como presunto responsable del delito de fraude por 100 mil dólares, ya que se detectaron transferencias irregulares en sus cuentas bancarias.

Dos años después, oficialmente nada se sabe de las averiguaciones previas iniciadas por la PGR. Tampoco de las indagatorias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Lo que sí se sabe es que José Luis Reyes, abogado de la familia Fox, negoció con las autoridades estadunidenses para que se detuvieran las pesquisas.

Una investigación de La Jornada arrojó las primeras pistas. Los indicios señalaron que cuentas bancarias, una a nombre de la empresa Vegetales Frescos, en la que el titular era Juan Pablo Fox, eran utilizadas para triangular fondos ajenos a tratos comerciales y "muy cercanos a financiamiento político externo", establecía entonces la denuncia presentada por el banco estadunidense First National Bank.

Para mayo de 2000, el entonces diputado Enrique Jackson documentó en la tribuna legislativa que empresas propiedad de Lino Korrodi recibían recursos procedentes del extranjero, que iban a parar a la organización Amigos de Fox.

Historia sin fin

Todo empezó en octubre de 1997, cuando Juan Pablo Fox solicitó un préstamo de 100 mil dólares al First National Bank McAllen/Edimburg, ostentándose ?sin serlo?, como director de una empresa denominada Vegetales Fescos, la cual no existía más que ante el notario público número 53 de Guanajuato, Enrique Chico Sánchez.

Para esas fechas, Vicente Fox, entonces gobernador de Guanajuato, había hecho público su deseo de convertirse en candidato a la Presidencia de la República por el Partido Acción Nacional (PAN).

Transcurrieron casi dos meses. El 29 de diciembre de 1997 se firmó el contrato bancario 140623, y los 100 mil dólares quedaron a disposición de Juan Pablo Fox. Nacía en aquellos tiempos la organizzación Amigos de Fox.

Juan Pablo obtuvo el crédito amparado "en las buenas referencias crediticias que sus parientes tenían en el First National Bank", aseguró en junio de 2000 el abogado Jesús Horacio Caballero Rodríguez, encargado de presentar ante el Ministerio Público Federal adscrito a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, la denuncia por fraude contra el menor de los hermanos Fox Quesada.

El compromiso de Juan Pablo Fox fue pagar el empréstito en 10 mensualidades de 10 mil dólares cada una, a partir del 5 de febrero de 1998.

Sin embargo, el 26 de octubre del mismo año, sin haber cubierto un solo pago, solicitó la restructuración del crédito, comprometiéndose a pagar los 100 mil dólares, más un interés de 14 por ciento anual, respaldando el acuerdo con un cheque que tenía vencimiento en octubre de 1999. Tampoco cumplió.

Ante la tardanza en la amortización, en marzo de 2000 ?ya iniciadas las campañas electorales a la Presidencia de la República, y Vicente Fox como abanderado panista?, el First National Bank Edimburg inició una investigación a Vegetales Frescos, encontrando que la supuesta empresa a la que se destinarían los 100 mil dólares era "un inmueble abandonado y en completo descuido", señalaría el abogado del banco estadunidense.

A partir de esa investigación, la determinación estaba tomada. El 8 de marzo de ese año, el abogado Jesús Horacio Caballero tomó el caso y presentó una denuncia por fraude contra Juan Pablo Fox.

El 8 de mayo, La Jornada publicó en su primera plana que el banco estadunidense había demandado al hermano del candidato panista a la Presidencia de la República

Un día después, Vicente Fox aseguró en Tijuana que las acusaciones contra su hermano eran "piedritas" que el régimen priísta le ponía para impedir su triunfo el 2 de julio siguiente.

El caso, señaló, se pretendía convertir de un acto meramente comercial "de cualquier persona", en un asunto político que, dijo, no tenía ninguna relación con su campaña.

En esa misma fecha, el First National Bank ratificó la denuncia penal contra Juan Pablo Fox y lo señaló como presunto responsable de los delitos de abuso de confianza y fraude, al no pagar el crédito de 100 mil dólares y los intereses moratorios que se generaron de octubre de 1997 a mayo de 2000. Junto con la ratificación, la averiguación previa había sido "atraída" de Tamaulipas a la sede central de la PGR.

Para el 29 de mayo de 2000, fuentes de la PGR revelaron que Juan Pablo Fox sería juzgado conforme a lo establecido en el artículo cuarto del Código Penal Federal en caso de que la denuncia fuera llevada a los tribunales. Se consideraba que en su calidad de mexicano había cometido delitos en el extranjero. Hasta ese momento, el Ministerio Público Federal analizaba la denuncia y había iniciado la averiguación previa APR/195/00/3.

Este diario poseía ya copia de la querella formulada por el First National Bank. En tanto, José Luis de la Peza, entonces magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial, aseguraba que se había "deteriorado seriamente" la imagen de ese órgano por una falta de madurez política de los partidos para aceptar sus fallos. Sus declaraciones se enmarcaron en la sentencia que determinó que la fotografía de Vicente Fox en las boletas electorales era ilegal.

El caso abandonó temporalmente el panorama político. Sin embargo, el 9 de junio de 2000 este diario publicó que el Departamento del Tesoro realizaba una indagatoria por presuntas irregularidades en transferencias bancarias cercanas a los 30 millones de dólares a nombre de Cristóbal Fox Quesada.

Según los primeros indicios, se sospechaba que podrían ser utilizados como fondos de financiamiento para la campaña presidencial de Vicente Fox. Estos recursos, según la legislación electoral, son ilegales. La indagatoria, según las fuentes consultadas entonces, se inició en 1999 a raíz de que se detectaron "movimientos importantes de capital" de compañías estadunidenses que "eran triangulados en cuentas de diversas empresas y luego trasladados a México".

Por su parte, el First National Bank documentó ante la PGR que Juan Pablo Fox utilizó las cuentas de cheques 11003596 y 145556 ?la primera a su nombre y la segunda bajo la razón social Vegetales Frescos? para triangular dinero procedente de México y Estados Unidos a compañías con las que tenía relaciones "extrañas", porque estaban dedicadas a la refrigeración y la curtiduría, e incluso a casas de cambio como Consultoría Internacional. Además presentó copias de cheques de las transferencias, que fueron publicadas por este diario el 9 de junio de 2000.

El abogado de la institución crediticia declaró a La Jornada que no podía afirmar que las transferencias detectadas por el First National Bank hubieran sido destinadas a la organización Amigos de Fox. Pero Rodríguez Caballero confirmó que existieron triangulaciones de capital que superaron los 200 mil dólares y cuyo destino fueron empresas con giros comerciales distintos a los de Vegetales Frescos.

De acuerdo con las referencias obtenidas entonces, el Departamento del Tesoro detectó movimientos financieros que superaron los 10 mil dólares, pero que en conjunto podían alcanzar 30 millones de dólares, aunque para esas fechas, oficialmente, el gobierno mexicano aún no había sido notificado de esa investigación en torno a Cristóbal Fox.

La documentación obtenida por La Jornada mostró que Juan Pablo Fox movilizó en un solo traspaso más de 30 mil dólares, cuando de la cuenta del First National Bank había retirado 30 mil 15 dólares y vía el Banco de América se pagó esa suma a la Casa de Cambio Monex.

En otro movimiento financiero, el 2 de marzo de 1998, por 30 mil dólares vía Bancrecer, se transfirieron esos recursos del First National Bank a la empresa Vegetales Frescos, a petición de Juan Pablo Fox.

El 20 de febrero de ese año se pagó un cheque por 20 mil dólares a la empresa Curtidumbre Mexicana desde la cuenta del First National Bank.

El representante legal de ese banco afirmó, el 10 de junio de 2000, que Juan Pablo Fox "realizó triangulaciones de dinero hacia Nueva York, San Francisco y México, por conducto de instituciones como Bancrecer, Banorte, Bank of America, Chase NYC, Northwest Bank, Wells Bank y Laredo National Bank", con empresas que no tenían relación con Vegetales Frescos que era, supuestamente, la explotación de recursos derivados de la agricultura, la ganadería y la piscicultura.

En entrevista con este diario, Rodríguez Caballero declaró que llamaba la atención que Juan Pablo Fox, quien sólo tenía 10 mil pesos de capital supuestamente invertidos en una sociedad comercial, moviera "cantidades superiores a 300 mil dólares o similares en transferencias, giros, depósitos, etcétera".

Ese mismo día, los candidatos del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, y del PRI, Francisco Labastida, exigieron investigar los fondos de financiamiento de Vicente Fox. El perredista declaró que debía cancelarse su registro, pues había incurrido en delitos. El priísta demandó la intervención del Instituto Federal Electoral (IFE) y de la PGR en el caso.

Vicente Fox negó entonces que existieran subvenciones ilegales para su campaña, dijo que esos señalamientos eran "calumnias" y calificó a su familia como "gente honrada".

Un reportaje realizado por Juan Manuel Venegas, de La Jornada, acerca de la empresa Vegetales Frescos, detectó que ésta era "un galerón pintado de color blanco, protegido por una malla metálica y cuya entrada era una vieja y oxidada reja, cerrada por una pesada cadena". Los lugareños aseguraban que desde hacía meses ese acceso no se abría.

En la misma fecha, Juan Pablo Fox compareció ante la PGR. Rodríguez Caballero declaró entonces que en mayo de 2000 los representantes del menor de los hermanos Fox Quesada "trataron de negociar el pago del crédito con el First National Bank bajo el argumento de que Vicente iba a ser presidente, le iba a ir bien, le ayudarían y que estaban en posición de hacer una recomendación".

El 11 de junio de 2000, el entonces procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, confirmó que el Ministerio Público Federal integraba una averiguación previa contra Juan Pablo Fox.

Un día después, la PGR solicitó formalmente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Procuraduría Fiscal que le proporcionaran un informe de 1997 a esa fecha de los estados de cuenta relacionados con las empresas de los hermanos Juan Pablo y Cristóbal Fox, en especial de la denominada Vegetales Frescos, ubicada en San Francisco del Rincón, Guanajuato.

Juan Pablo Fox pagó, el 12 de junio, 125 mil dólares al First National Bank, según un comunicado del PAN. Sin embargo, el día 28 de ese mes aún se mantenía la demanda, porque Horacio Caballero Rodríguez aseguró que el representante general del banco estadunidense, Michael Vincent McCarthy, había recibido amenazas.

Por temor no había viajado a México para presentar el desistimiento, y el papel con el cual, según los panistas, se acreditaba el pago del adeudo, no tenía valor jurídico.

El 14 de junio, Madrazo Cuéllar aseguró, en una entrevista radiofónica con Guillermo Ortega, que a partir de la investigación sobre la denuncia por fraude que el First National Bank interpuso contra Juan Pablo Fox, la PGR investigaría "unas posibles triangulaciones irregulares de dinero".

Explicó que con el alegato del representante legal del First National Bank y unas fotostáticas, la PGR dio vista a la Procuraduría Fiscal y a la CNBV para que ahí se hicieran los estudios, pero, advirtió entonces: "solamente que existiera una querella de parte de las autoridades hacendarias" se podría dar trámite a la nueva vertiente de la averiguación previa.

Pero la PGR obtuvo, mediante el oficio SPPB/148/00, dirigido a Eduardo Fernández García, presidente de la CNBV, los estados de cuenta de Juan Pablo y Cristóbal Fox Quesada, y con ello se inició la averiguación previa 87/DGMOEB/2000.

El hermano menor de Fox recibió el perdón jurídico hasta después del 29 de junio. La PGR, supuestamente, continuaba las investigaciones relativas a las transferencias ilegales de capital, al igual que las autoridades estadunidenses. Después de esa fecha, no se supo nada de las indagatorias. Ni de la PGR ni de las autoridades estadunidenses.

Versiones obtenidas indican que una vez que ganó la Presidencia Vicente Fox, José Luis Reyes, abogado de la familia Fox y quien fuera un de los candidatos a dirigir la PGR, viajó a Estados Unidos para negociar con autoridades de ese país el cese de las investigaciones.

El 21 de junio de 2000, el entonces diputado Enrique Jackson Ramírez denunció en tribuna el "escandaloso, indignante, inmoral y deshonesto engaño que representa la candidatura, el proyecto y el financiamiento de la campaña del candidato de Acción Nacional".

Acusó a Lino Korrodi Cruz, responsable de las finanzas del candidato panista, de operar "un truculento sistema de transferencias de dinero proveniente del extranjero y del país, apoyado en tres empresas que él administra ubicadas en diferentes ciudades de la República, mediante cuentas bancarias de particulares".

Se refirió a las filiales del Instituto Internacional de Finanzas, con sede en Puebla; que de ese estado lo enviaba a sus filiales en León o en Monterrey, y de dichas filiales los recursos eran transferidos a las empresas K-Beta, Grupo Alta Tecnología en Impresos y ST and-K de México.

Los recursos, según Jackson, eran remitidos a las cuentas personales de Carlota Robinson, quien los distribuía mediante un fideicomiso en Bancomer a nombre "del señor Rojas Mañón" (Carlos), cesado después en el gobierno foxista por un escándalo; en otro caso, a diversas personas físicas que convertían en efectivo los cheques y, en otros más, a la cuenta bancaria de Amigos de Fox.

Como ejemplo, citó a una corporación con sede en Bélgica, denominada Deshidration Tecnologies Belgum SA, que depositó 200 mil dólares a la cuenta del Instituto Internacional de Finanzas, con sede en Puebla, para después pasarlos al Grupo Alta Tecnología en Impresos, con sede en Monterrey.

Así, refirió haber obtenido copia de 38 cheques dirigidos a Carlota Robinson. Agregó que la organización Amigos de Fox "había servido de tapadera para encubrir una de las operaciones más vergonzosas, más sucias y más deshonestas que se han dado en una campaña a favor de un candidato".

Ambos expedientes, el del hermano del Presidente revelado por La Jornada, y el de Korrodi y Robinson, presentado por Jackson, merecieron que la Alianza por México y el PRI, respectivamente, presentaran una queja ante el IFE.

El 14 de noviembre de 2000, unos días antes de que Fox asumiera como Presidente, la Comisión de Fiscalización del IFE informó de las quejas partidistas. La de la alianza fue remitida el 14 de junio y la otra, nueve días después.

El IFE requirió información a La Jornada, al First National Bank y a la PGR copia de la averiguación previa.

Para el 20 de febrero de 2001, la Secretaría de Hacienda envió al IFE un oficio firmado por el administrador general de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, Roberto Alvarez Argüelles, en el que respondió así a la petición de José Woldenberg, consejero presidente del IFE:

"Sobre el particular y por acuerdo superior, me permito ratificar el contenido de la conversación sostenida el día de hoy durante la cual se puso de manifiesto la limitación de orden público que impone a la Secretaría de Hacienda el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que existe prohibición expresa de rendir o proporcionar información obtenida con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, hecha excepción de las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias."

Hacienda se negó a colaborar

En términos llanos, Hacienda se negó a colaborar con las indagaciones del IFE en torno a las denuncias de financiamientos irregulares a la campaña de Vicente Fox.

El IFE había solicitado una auditoría a las distintas empresas que en su momento fueron mencionadas como canal de financiamiento, tales como Vegetales Frescos, K-Beta, Grupo Alta Tecnología en Impresos y ST-and K de México.

Pero el tema seguía vigente, y para finales de 2001 en el IFE se abrió un debate entre los consejeros sobre la viabilidad de las quejas. En tres ocasiones se requirió la información a la Secretaría de Hacienda, pero ésta fue negada con el mismo argumento del secreto bancario.

En una larga sesión, los consejeros desecharon las propuestas de Pablo Gómez y de Jaime Cárdenas para que se solicitase la información al propio Presidente de la República. Incluso, se planteó que se interpusiera una controversia constitucional. Las propuestas fueron rechazadas por mayoría.

Sin embargo, la representación del PRI no se conformó con la decisión asumida en el seno del Consejo General del IFE y a mediados de agosto del año pasado presentó una apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ayer, el órgano electoral dependiente del Poder Judicial dictaminó que el IFE debe "completar las investigaciones relacionadas con las aportaciones de diversas personas para la campaña de Alianza por el Cambio", que encabezaba el entonces candidato presidencial Vicente Fox Quesada. Pero sólo por lo que se refiere a la denuncia en la que están involucradas las empresas de Lino Korrodi.