Analizan diputados cómo fiscalizar mejor el trabajo de representantes populares

Promueven en San Lázaro que legisladores y funcionarios públicos rindan cuentas

CIRO PEREZ SILVA

Como parte de la reforma del Estado, y particularmente para el fortalecimiento del Poder Legislativo, los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados discuten diversas alternativas de fiscalización del trabajo de representantes populares y funcionarios públicos, además de caminos para la rendición efectiva de cuentas al electorado.

La bancada del PRD considera fundamental que los legisladores presenten, al menos una vez al año, un informe puntual de su labor en el Congreso para mantener informado al grupo social que con su voto los llevó a alguna de las cámaras y estrechar la relación entre ambos para que las iniciativas que se aprueben en el pleno hayan sido previamente consensuadas con los sectores interesados de la sociedad.

En el mismo contexto, el diputado independiente Jaime Martínez Veloz considera que este proceso de rendición de cuentas, transparencia y democracia para con los ciudadanos pasa por facultar al Instituto Federal Electoral (IFE) para vigilar la vida interna de los partidos, que se han ido desarrollando hasta conformar en nuestros días fuentes del poder político. "En suma, la democracia se nutre y se refleja en el sistema de partidos, que puede considerarse un elemento central en la lucha política realizada por la vía institucional."

Advierte que existe un conjunto de circunstancias que han conducido a una crisis general de su funcionamiento, misma que se correlaciona con la indiferencia que priva entre la población y que se manifiesta en un creciente alejamiento de la participación política, tanto individual como colectiva. "Los partidos políticos han ido perdiendo legitimidad ante su incapacidad de dar respuesta eficaz a problemas sociales elementales, incubando con ello un ambiente social de frustración y descontento."

Deterioro de la imagen de partidos

Para llamar la atención ciudadana, sostiene, los partidos políticos han soslayado sus principios filosóficos, ideológicos y doctrinarios, optando por un pragmatismo que se manifiesta en el uso excesivo de la mercadotecnia política, empleada sobre todo a través de los medios masivos de comunicación, que se han convertido en uno de los principales instrumentos para la obtención de votos. Con ello, la búsqueda del poder deja de ser un instrumento para lograr los fines que la sociedad anhela y se transforma en un fin en sí mismo.

"El asunto se complica cuando a todo esto se agrega una tendencia cada vez mayor en las organizaciones políticas de prohijar la formación de elites u oligarquías dirigentes que pretenden, por todos los medios, conservar el poder para transmitirlo no a quienes apuestan al cambio y la renovación institucional, sino a quienes mejor garantizan la salvaguarda de los intereses existentes", apunta el legislador por Baja California.

Martínez Veloz sostiene que otro aspecto no menos importante que ha contribuido a deteriorar la imagen de los partidos es la deficiencia de la democracia en esos institutos. Basta voltear hacia los recientes procesos internos, sean estatales o nacionales, de los principales partidos, para constatar el desencanto de una sociedad que realmente esperaba mucha más equidad y transparencia, afirma.

"La democracia debe llegar, con todas sus implicaciones y riesgos, al seno de los partidos y organizaciones políticas. Es tiempo de que el militante se convierta en el principal actor de las decisiones partidistas. Todo partido, si realmente desea optar por la vía democrática, habrá de adoptar en sus normas internas medidas que garanticen, entre otros aspectos, al menos los siguientes: acceso libre en los procesos de afiliación, adopción de métodos democráticos para la toma de decisiones, elección de las autoridades dirigentes y de los candidatos a la Presidencia de la República, gubernaturas, alcaldías y a las curules del Poder Legislativo, tanto local como federal", advierte.

El legislador sostiene que no sería justo ni ético políticamente que se pidiera un sufragio libre al ciudadano cuando en tal o cual partido no tuvo lugar un proceso transparente de elección de dirigentes o de candidatos. El funcionamiento interno antidemocrático carece de sustento y legitimidad. No se puede pedir participación democrática a la sociedad si antes no se está dispuesto a demostrarla.

Menciona que es tiempo de proponer e instrumentar modificaciones al marco legal que normen que todo partido que pretenda contender por el poder cuente con una reglamentación efectiva que garantice los derechos de sus militantes; y que a su vez éstos cuenten con garantías y responsabilidades tipificados en los procedimientos internos; y en última instancia, en disposiciones externas al partido que, respaldadas por el Estado, garanticen esos derechos y garantías y regulen sus responsabilidades.

Martínez Veloz llama la atención respecto de una de las mayores inquietudes en el ánimo de la sociedad, relacionada con el desarrollo de la vida política, y que consiste en la incongruencia que se presenta entre el discurso político de quienes contienden como candidatos para ocupar algún cargo público y el desempeño una vez que obtienen el triunfo en las urnas.

"Entre las principales omisiones de nuestro sistema jurídico se encuentra la falta de normas que establezcan la obligatoriedad de llevar a cabo la verificación del cumplimiento de los compromisos, de las acciones y de los resultados que obtienen quienes detentan cargos de elección popular, sean éstos en los ayuntamientos, los gobiernos estatales, el gobierno federal, las Cámaras de Diputados locales o federal, la de Senadores y el Presidente de la República", por lo que propone auditorías que evalúen el desempeño de cada persona que haya sido votada para ocupar un cargo público.

Esto porque al calor de las campañas políticas sucede que con tal de obtener el triunfo sobre los adversarios, "hay candidatos que ofrecen mil y un cambios y beneficios futuros, una vida nueva y mejor para todos; gastando en ello, a través de la saturación de propaganda en los medios de comunicación, sumas millonarias en su mayoría provenientes de los contribuyentes, o acaso de dudosa procedencia. Sin embargo, a la hora de la realidad, de alcanzar realizaciones, de concretar las propuestas, no todos, sin embargo, pasarían la dura prueba que significa el lenguaje de los hechos".

Bajo este razonamiento, señala que todos los que ocupan cargos públicos o de elección popular por decisión ciudadana deben ser sujetos de una auditoría política que mida, con objetividad e imparcialidad, las realizaciones que alcanzadas en beneficio de la gente y las compare contra los ofrecimientos que se hicieron en campaña.