La Procuraduría
General de Justicia (PGJ) ha dado por concluida la
averiguación del asesinato del luchador universitario
Joel Arriaga Navarro, por considerar que no tiene
indicios para continuar las pesquisas. Sin embargo, la
investigación de este homicidio se ha reducido a unos
cuantos interrogatorios superficiales -realizados en
1972, a finales del año pasado y a principios del
presente año- a Judith García Barrera, viuda de quien
fuera destacado miembro de Partido Comunista Mexicano
(PCD), a miembros de la Universidad Autónoma de Puebla
(UAP) y algunos de los probables responsables, como el ex
gobernador Gonzalo Bautista OÕfarril.
Si algo más se hizo siempre se ha ocultado, ya que a los
familiares nunca les han permitido tener acceso al
expediente completo de la investigación. De hecho, la
PGJ durante 29 años no realizó el mínimo esfuerzo por
encontrar a los responsables del homicidio. En 1972 el MP
del fuero común y el federal llevaron a cabo algunos
interrogatorios, y hasta 2001, cuando Judith García pide
que se reabra la investigación, de nuevo se llamó a
otros grupos de personas a comparecer.
Joel Arriaga era miembro del PCM y director de la
preparatoria nocturna Benito Juárez de la UAP. Desde un
automóvil, el 21 de julio de 1972, le dispararon cuando
iba conduciendo su auto y viajaba con su esposa. ıse
fue el primer asesinato político que ocurrió en la UAP
en la década de los 70 como parte del enfrentamiento que
había entre los promotores de la reforma universitaria y
la derecha poblana que se proclamaba anticomunista. El
homicidio provocó tal conmoción, que en aquel entonces
el presidente Luis Echeverría llegó a la ciudad de
Puebla para anunciar que la Procuraduría General de la
República (PGR) llevaría a cabo las investigaciones.
Aunque intervino la PGR, no se hizo nada. El año pasado
Judith García logró que la PGJ reabriera la
investigación. Ahora la misma dependencia busca cerrar
el caso sin que haya el más mínimo avance. Una de las
conclusiones a las que llega el investigador de este
asunto es que en 1972 por "los choques de
ideales" que había en la UAP no se pudo tener
indicios de los posibles responsables del homicidio. Sólo interrogatorios
La Jornada de Oriente tiene en su poder
una copia de las conclusiones con que la PGJ intenta
declarar que ya prescribió el caso de Arriaga, por
haberse cumplido los 30 años que marca la ley para
investigar un asesinato.
Por la lectura del documento -que corresponde al
expediente 123/2130/72/DMSIIIII- se desprende que en la
averiguación previa que se reinició en 2001 únicamente
se volvió a incluir las declaraciones -rendidas en 1972-
por algunos universitarios que hicieron en torno a la
muerte de Joel Arriaga, y se sumaron nuevos
interrogatorios a Judith García y algunos ex servidores
públicos, como el ex gobernador Gonzalo Bautista.
Además, se intentó identificar el modelo del automóvil
en que presuntamente viajaban los homicidas.
Después de ello, no hay mayor búsqueda de elementos que
puedan determinar quiénes fueron los responsables
intelectuales y materiales de dicho asesinato político.
Con base únicamente en los interrogatorios, en días
recientes, María Gema del Rocío Montero Valencia,
agente del MP que lleva el caso, determinó: "pero
si bien es cierto que nos encontramos ante la existencia
de una conducta delictiva -el homicidio de Arriaga-, que
se encuentra debidamente prevista y sancionada en nuestra
legislación penal vigente, también lo es, que a la
fecha no existen indicios suficientes que sirvan de
prueba plena y legal que conduzca a dar con la identidad
del o los probables responsables en la comisión de este
ilícito".
La agente del MP en el documento reconoce dos cosas.
Primero, que Joel Arriaga fue una persona "que
luchó por la democracia social, el bienestar e intereses
de la UAP". Segundo, que su muerte fue un homicidio
calificado debido a que se puede "presumir que su
concepción, preparación y finalmente su ejecución, de
acuerdo a la forma en como este evento delictivo se
realizó".
Otro dato importante mencionado en el documento es que en
1972, cuando el asesinato de Joel Arriaga fue también
investigado por la PGR, esta dependencia tenía dos
hipótesis acerca de los probables responsables del
asesinato. El primer grupo de sospechosos lo componían
integrantes del Frente Universitario Anticomunista (FUA),
los grupos de derecha Juventud Nueva y Náhuatl, así
como de los gobiernos del estado y federal.
El segundo grupo de sospechosos lo componían miembros
del "Frente Comunista", y que posiblemente el
homicidio fue ordenado por el entonces rector de la UAP,
Sergio Flores Suárez.
Pero a continuación la agente del MP ataja que todos
estos señalamientos no se encuentran probados o
fortalecidos "con algún indicio que los haga
verosímiles y/o que conduzcan aprobar fehacientemente
dichas presunciones; por el contrario, diversificaron las
líneas de investigación, siendo diversas, sin que se
llegara a concretar una sola y que en su momento pudieran
ser posibles para conocer la identidad de los activos,
debido a los choques de ideales e intereses que se
seguía dentro de la misma universidad -la UAP-, por lo
que esta diversidad de investigaciones dio oportunidad de
que los vestigios, indicios, por el transcurso del tiempo
se perdieran o alteraran, como ha sucedido dentro de las
diligencias que esta representación social se ha abocado
a desahogar".
No se investigó nada
Para Judith García, lo que ha hecho el
MP es lo mismo que hizo en 1972: nada. Considera que con
los interrogatorios de hace 29 años y con los recientes,
únicamente se quiere aparentar una investigación, como
una estrategia de proteger a los autores del homicidio de
su esposo, el cual fue un asesinato de Estado.
García Barrera compareció este viernes ante la agente
María Gema del Rocío Montero Valencia para comunicarle
que en los próximos días presentará un recurso para
exigir que no se cierre el caso -luego de que la
procuraduría le comunicó el jueves de la semana pasada
que la averiguación será archivada- ya que aún no se
ha hecho una investigación a fondo y se quiere dejar
impunes a los probables responsables del asesinato de su
esposo, entre ellos el ex gobernador de Puebla Gonzalo
Bautista OÕfarrill.
En entrevista con La Jornada de Oriente, relató que el
año pasado, cuando se reabrió el caso la PGJ, lo único
que hizo fue llamarla en cinco ocasiones a declarar, una
vez se entrevistó con el entonces procurador de
Justicia, Carlos Arredondo Contreras, en una reunión que
se dio sin que ella lo hubiera solicitado. Después no se
hizo nada. Incluso, nunca le contestaron acerca de la
audiencia que pidió con el gobernador del estado,
Melquiades Morales Flores.
Por ese motivo, ante la negativa que esta mostrando el
gobierno del estado de investigar la muerte de su pareja,
el caso de Arriaga será llevado a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo, a la
Fiscalía Especial que creó el gobierno federal para
investigar las desapariciones y asesinatos cometidos en
la llamada guerra sucia.
Tres meses en cárceles clandestinas
Joel Arriaga Navarro era arquitecto y
pasante de la licenciatura de Economía. Fue maestro en
la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) y la Normal
Superior de Puebla, así como destacado miembros del PCM
y del movimiento universitario de los años 60 y
principios de los 70. La represión que sufrió inició
unos años antes de ser asesinado con varias detenciones,
todas ellas sin que el Ministerio Público pudiera
acreditar un delito en su contra.
Una de esas pérdidas temporales de la libertad la
sufrió en 1968. En ese año viajó a un festival de
estudiantes en Sofía, Bulgaria, por lo que no estuvo
presente en los momentos más álgidos del movimiento
estudiantil que concluyó con la matanza de 2 de octubre.
Sin embargo, un día de octubre, después de haber
regresado de Europa, a unas cuantas calles de su casa, en
el parque Habana de la colonia América, un grupo de
policías o miembros del Ejército lo bajaron de un
autobús de pasajeros y se lo llevaron a la XXV Zona
Militar, después al Campo Militar Uno -en la ciudad de
México- y finalmente, a la cárcel de Lecumberri. Era
acusado de haber participado en los hechos de la Plaza de
Tlatelolco y fue objeto de torturas.
Judith García narra que lo buscó por todas partes,
hasta que el 12 de noviembre un funcionario público le
confesó que a su cónyuge se lo habían llevado al Campo
Militar Uno. Como nunca pudieron comprobar su
participación en el movimiento estudiantil de la ciudad
de México, fue liberado.
Por esa razón García Barrera considera que el caso de
Arriaga debe ser atendido por la Fiscalía Especial, ya
que fue un desaparecido de la guerra sucia que el
gobierno federal y el Ejército realizaron contra
militantes de izquierda, y su asesinato se inscribe en la
represión que desataron grupos de derecha.
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