ƑEl gobierno improvisa o realmente tiene una política de Estado al respecto?
Nueva ley de ciencia y tecnología
Juan Carlos Miranda Arroyo
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| Viaje al futuro, Enrico Donati, 1994 |
El modo en que se producen los conocimientos científicos e innovaciones tecnológicas en el país corresponde con un viejo paradigma de desarrollo económico y cultural propio de las sociedades industrializadas, en el cual las universidades o instituciones académicas eran las encargadas de realizar la investigación científica, humanística y tecnológica como parte sustantiva de su misión social. Actualmente a nivel mundial, sin embargo, este paradigma ha sufrido modificaciones drásticas, porque las grandes industrias han creado sus propias unidades de investigación científica y desarrollo tecnológico con la finalidad de reducir costos por conceptos de diseño y patentes, o disminuir la dependencia ante la llamada "ciencia académica".
Este hecho ha generado fenómenos sociales de especial interés como la migración de talentos entre sectores económicos, el abandono de proyectos estratégicos de investigación básica y teórica, o la subcontratación de investigadores para realizar tareas diferentes a las de la especialización en que fueron preparados. Esta situación ha estado asociada a la adopción de importantes reformas a la legislación en la materia y a una especie de reconversión de las relaciones internas en los centros e institutos científicos.
Científicos y tecnólogos transitan de las aulas o laboratorios universitarios a las nuevas instalaciones industriales de investigación y desarrollo. Alemania, Canadá, EU, GB, Japón o Francia, entre otros países, dan cuenta de ese tipo de fenómenos. Y en México apenas se inician los esfuerzos para reorientar la estructura científica y tecnológica. La creación de los parques tecnológicos y la edificación de unidades de investigación dentro de las plantas industriales en distintos puntos del país, constituye la evidencia más tangible de dicha transformación.
Las políticas públicas mexicanas en el sector han sido dirigidas, desde hace una década, hacia el "reordenamiento" de la infraestructura científica y tecnológica con ese enfoque. E implícitamente pretenden marginar a las universidades de su participación en las tareas de investigación. De ahí que también las propias universidades públicas se hayan visto obligadas a formular programas de vinculación novedosos o ensayar agresivos convenios de intercambio y colaboración con el sector productivo de bienes y servicios, no sólo para mantener su vigencia ante la sociedad, sino para obtener ingresos adicionales y alternativos.
Dichas políticas en C y T tienden a fracasar, al menos en el corto plazo, debido a que no sería viable ni prudente desmantelar a los grupos de investigación que por varias décadas y con serias dificultades han sido forjados por las universidades públicas o unidades paraestatales de investigación, que hoy aportan casi 70 por ciento de la producción nacional de conocimientos científicos y nuevas tecnologías.
Por ello, la estrategia gubernamental ha consistido en fomentar de manera intensiva la inversión privada en ciencia y tecnología, aunque por ahora los resultados han sido insuficientes. Sobre todo porque tales políticas no se han hecho acompañar de programas de apoyo y fortalecimiento de las capacidades académicas y de investigación existentes, y han tendido a debilitar el potencial científico y tecnológico representado por las universidades públicas y los centros e institutos paraestatales de investigación (sobre todo en ciencias sociales y humanidades).
Para el gobierno de Fox, en tal coyuntura, ha sido indispensable modificar el marco legislativo en la materia, a efecto de asignar un mayor volumen de recursos públicos hacia la investigación (sobre todo para fomentar la creación de "nuevas tecnologías" en las empresas), y modificar las reglas del juego de tal manera que la IP tenga una posición clave en este proceso. En ese tenor el ingeniero Jaime Parada Avila, titular del Conacyt, ha sugerido, por ejemplo, elevar el gasto de C y T en un orden de 6 mil millones de pesos anuales durante los próximos 5 años, así como diseñar mecanismos administrativos y fiscales que permitan a la iniciativa privada participar rápida y organizadamente tanto en la formación de investigadores como en la generación de conocimientos científicos y tecnológicos propios, mediante inversión propia o concurrente.
Como se puede ver los empresarios nacionales y extranjeros jugarán un papel central como agentes centrales para los propósitos gubernamentales. Al final del sexenio, según Parada Avila, se espera que la iniciativa privada duplique el monto de sus inversiones, y en vez de aportar 24 por ciento del gasto nacional en C y T, como ahora se estima que lo hace, tendrán que aportar el equivalente a 40 por ciento, lo que representará llegar a $31 mil millones. El problema que enfrenta la actual administración en este aspecto, sin embargo, es el reducido interés expresado por el sector privado para invertir en investigación científica y tecnológica, así como el desdén mostrado por la mayoría de los dueños del capital para impulsar decididamente la generación de conocimientos e innovaciones tecnológicas en sus plantas.
Es claro entonces que la incógnita a esta ecuación de la política científica mexicana, sólo se podrá resolver a través de programas ágiles y efectivos de vinculación entre el sector productivo (público y privado) y las universidades públicas, ya que representan a la fórmula más confiable para sacar al país del rezago en que se encuentra. Todo ello dentro de un marco normativo que permita, por una parte, a las instituciones públicas dedicadas a hacer tareas de investigación, dar continuidad y fortelecimiento a sus programas de trabajo, y por otra, generar condiciones para que los sectores productivos inviertan en investigación y desarrollo sin lesionar a la ciencia académica.
El autor es profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional (unidad Querétaro) y colaborador de la Universidad Tecnológica de Querétaro