Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Lunes 6 de mayo de 2002
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Política

Evitaría que la PGR consigne el caso de presunto desvío ilegal de recursos en Pemex

Admite juez petición de amparo de Montemayor Seguy

JESUS ARANDA

El juzgado cuarto de distrito admitió una demanda de amparo del ex director de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, contra el procurador general de la República y del titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), en razón de que al ex funcionario "no se le ha permitido nombrar defensores, ni conocer las imputaciones de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) en su contra".

De acuerdo con información proporcionada por los abogados de Montemayor, la presentación de este amparo impide que la PGR consigne el caso sobre el presunto desvío ilícito de más de mil 580 millones de Pemex al sindicato petrolero ante la justicia federal -entre los principales involucrados está precisamente su defendido-, hasta en tanto, el juez de amparo no resuelva en definitiva si procede o no la queja.

Incluso, aseguraron mediante un comunicado, una resolución adversa del juez cuarto de distrito de amparo en materia penal, Jorge Carenzo Rivas, podría nulificar todas las actuaciones de la dependencia federal relacionadas con el ex director de Pemex. Así, el juez Carenzo emplazó al procurador general de Justicia, Rafael Macedo de la Concha, y al titular de la UEDO, Santiago Vasconcelos, a rendir un informe en el que explique al respecto.

La defensa de Montemayor se queja también de que la PGR exige su comparecencia personal para declarar sobre el presunto desvío ilícito de recursos de Pemex al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en el año 2000, recursos que finalmente habrían terminado en las arcas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para apoyar la campaña presidencial de Francisco Labastida.

El 30 de abril pasado, el juez de la causa le notificó a los funcionarios de la PGR sobre la demanda de amparo, en la que se asegura que se impide a Montemayor nombrar a sus defensores legales, y conocer las acusaciones que le formuló Secodam desde el año pasado, y que dieron origen a las averiguación de la UEDO sobre el desvío de recursos al sindicato petrolero y la presunta participación de Montemayor y otros ex funcionarios de la paraestatal.

La demanda también se refiere a que en su momento, las autoridades federales se negaron a considerar "el amplio paquete de pruebas aportado hace unos días" por el ex director de Pemex en las que -según sus abogados- "actuó con apego a la ley en la celebración de los convenios realizados por Pemex con el sindicato petrolero en 2000".

La queja rechaza la posición de la PGR de exigir la presencia de Montemayor en las audiencias, con el argumento de que la Constitución federal no establece tal condición y permite expresamente que la defensa de todo inculpado pueda ser ejercida por medio de un abogado de su confianza.

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