La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el pasado 22 de abril la recomendación 9/2002 al gobernador de Yucatán, Patricio José Patrón Laviada por negligencia médica y discriminación cometida en contra de dos personas seropositivas que fallecieron en el año 2000 debido a la inadecuada prestación de los servicios públicos de salud por parte del personal del Hospital General O´Horán, de la Secretaría de Salud y la Dirección de Servicios de Salud del Estado de Yucatán.

Esta recomendación responde a la queja que interpusieron diversas organizaciones civiles del estado de Yucatán y otras como MexSida, FrenpaVIH y Letra S, quienes en un escrito dirigido a la CNDH manifestaron su indignación por el trato que reciben los internos del Centro de Rehabilitación Social en Mérida, Yucatán, en donde más de 30 internos ven afectada su salud y vulnerados sus derechos. Tal es el caso del señor Seferino Yah Tec, quien falleció el 17 de abril del año 2000 fuera del Hospital General O´Horán por no haber recibido la atención de urgencia médica que solicitaron las autoridades de salud del Centro de Rehabilitación de Mérida.

En el caso del señor Sinai Domínguez, quien falleció el 27 de julio del 2000 en el mismo hospital, la CNDH, manifestó en su recomendación que la causa de su deceso se debió a la mala atención médica y a la suspensión injustificada de medicamentos.

Ante esta situación, familiares y miembros de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) manifestaron su inconformidad ante el director del hospital, doctor Hugo Manuel Ríos Rodríguez, quien solamente expidió un acta administrativa en contra de la enfermera Noemí Echeverría Balbuena, responsable de la suspensión de medicamentos, en la que se le pedía que "desempeñara sus labores con intensidad, cuidado y esmero al atender a los pacientes que ingresan al área de Medicina Interna del Hospital General O´Horán, así como tratar con cortesía y diligencia al público en general."

La CNDH manifestó en las observaciones de la recomendación el poco apoyo que tuvo la Secretaría de Salud por colaborar en la integración de documentos que facilitaran la investigación de la Comisión, "actitud que constituye un desinterés y desprecio respecto de la observación de los derechos humaos, que no debe ser tolerada en el marco del Estado de Derecho que rige en nuestro país".